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La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) publicó su más reciente informe sobre el impacto del contrabando de cigarrillos en el país. La investigación encuestó a 1.648 personas de diferentes regiones del país, estratos y edades con el fin de analizar los determinantes del consumo de cigarrillos legales e ilegales.
Uno de los resultados de la investigación muestra que entre 2016 y 2017 se registró una caída general del consumo de cigarrillos, aunque los ilegales (-1,16%) registraron una reducción menor que la de los legales (3,61%). Sobresale que en la población rural sí se presentó un aumento del consumo de más del 7%, mientras que en la urbana bajó en 3,51%.
Entre los datos que inquieta está el aumento de la participación sobre de los cigarrillos ilegales sobre los legales: en 2016 los ilegales solo representaban el 13%, pero en 2017 el peso subió hasta el 18%. Por lo que se registra un aumento justo en el periodo en el que entró en vigor la reforma tributaria. Y se aprecia una tendencia similar en la participación de los individuos que consumen tabaco ilegal (de 9 a 13%).
Las encuestas indican que la principal razón que lleva a las personas a comprar una cajetilla ilegal es su precio. Y también es importante resaltar que la satisfacción con los cigarrillos ilegales (4,27) se encuentra solo 5 décimas por debajo que la de los legales (4,32).
Asimismo, la investigación advierte sobre las consecuencias fiscales por el contrabando de cigarrillos: “De acuerdo con las cifras presentadas en el estudio, se estima que para el 2017 las pérdidas de recaudo a nivel nacional ascendieron a $229.376 millones, siendo los departamentos de Bolívar, Magdalena, Antioquia, Cesar y Atlántico los que presentaron mayores pérdidas”.
Y según la Andi, si el volumen de contrabando permanece estable la perdida podría ascender a $335.522 millones en 2018, lo que representa un crecimiento del 46%.