Supersociedades somete a control a tres de cuatro integrantes de Centros Poblados

Los efectos colaterales del escándalo de Centros Poblados aún no paran. Este jueves, la Superintendencia de Sociedades anunció que somete al máximo grado de supervisión (denominado control) a tres de las sociedades que integran la unión temporal que tenía a su cargo la conectividad a internet en 7.000 escuelas rurales.

Los afectados con esta medida son tres de las cuatro sociedades que componen la Unión Temporal Centros Poblados, a saber: ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora. Sobre el cuarto integrante, Novotic, la Superintendencia aclaró que no puede ejercer funciones de inspección ni vigilancia al tratarse de una entidad “sin ánimo de lucro, sujeta a la inspección y vigilancia por parte de las Gobernaciones”, según aclaró la Supersociedades a través de un comunicado.

Lea también: La historia del escándalo del Mintic, Karen Abudinen y Centros Poblados

El grado de control se establece, en esencia, para poner en orden la casa. Esto implica tomar acciones para “subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo”. Contra esta decisión proceden recursos de reposición y apelación.

Entre otras facultades, la intervención de la Supersociedades la faculta para autorizar la colocación de acciones, así como a ordenar “la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos. La remoción ordenada por la Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente”.

Hay que recordar que Centros Poblados se hizo con una de las dos regiones de la licitación de los Centros Digitales, que en total buscaban conectar a internet a unos 14.745 sitios rurales, en reemplazo de los extintos Kioskos Digitales.

De acuerdo con los términos de la licitación en la que participó Centros Poblados, se debía conectar durante 11,5 años a 7.277 puntos con un mínimo en ancho de banda de 12 mbps, todo por un valor de $1,07 billones.

Sin embargo, en junio de este año se conoció que el contrato fue otorgado con garantías bancarias falsas y desde ahí se desató un escándalo que propulsó la salida de la ahora exministra TIC, Karen Abudinen, y varias investigaciones judiciales para saber qué pasó, entre otras cosas, con un anticipo por $70.000 millones que le fue entregado a Centros Poblados.

El contrato a Centros Poblados fue caducado en medio del escándalo y éste pasó a manos de ETB, empresa que también había participado en la licitación, quedando en segundo lugar en el proceso.

Hasta el momento, según pudo verificar El Espectador, la conectividad de los puntos encargados a Centros Poblados sigue en veremos, con todos los daños colaterales que esto genera en poblaciones rurales, más aún en un contexto de pandemia y virtualidad.

Los efectos colaterales del escándalo de Centros Poblados aún no paran. Este jueves, la Superintendencia de Sociedades anunció que somete al máximo grado de supervisión (denominado control) a tres de las sociedades que integran la unión temporal que tenía a su cargo la conectividad a internet en 7.000 escuelas rurales.

Los afectados con esta medida son tres de las cuatro sociedades que componen la Unión Temporal Centros Poblados, a saber: ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora. Sobre el cuarto integrante, Novotic, la Superintendencia aclaró que no puede ejercer funciones de inspección ni vigilancia al tratarse de una entidad “sin ánimo de lucro, sujeta a la inspección y vigilancia por parte de las Gobernaciones”, según aclaró la Supersociedades a través de un comunicado.

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El grado de control se establece, en esencia, para poner en orden la casa. Esto implica tomar acciones para “subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo”. Contra esta decisión proceden recursos de reposición y apelación.

Entre otras facultades, la intervención de la Supersociedades la faculta para autorizar la colocación de acciones, así como a ordenar “la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos. La remoción ordenada por la Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente”.

Hay que recordar que Centros Poblados se hizo con una de las dos regiones de la licitación de los Centros Digitales, que en total buscaban conectar a internet a unos 14.745 sitios rurales, en reemplazo de los extintos Kioskos Digitales.

De acuerdo con los términos de la licitación en la que participó Centros Poblados, se debía conectar durante 11,5 años a 7.277 puntos con un mínimo en ancho de banda de 12 mbps, todo por un valor de $1,07 billones.

Sin embargo, en junio de este año se conoció que el contrato fue otorgado con garantías bancarias falsas y desde ahí se desató un escándalo que propulsó la salida de la ahora exministra TIC, Karen Abudinen, y varias investigaciones judiciales para saber qué pasó, entre otras cosas, con un anticipo por $70.000 millones que le fue entregado a Centros Poblados.

El contrato a Centros Poblados fue caducado en medio del escándalo y éste pasó a manos de ETB, empresa que también había participado en la licitación, quedando en segundo lugar en el proceso.

Hasta el momento, según pudo verificar El Espectador, la conectividad de los puntos encargados a Centros Poblados sigue en veremos, con todos los daños colaterales que esto genera en poblaciones rurales, más aún en un contexto de pandemia y virtualidad.