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No se descarta que, debido a los bloqueos que impiden la producción de gas en la planta de Gibraltar, al menos medio millón de usuarios del nororiente colombiano vean incrementar las tarifas de gas, advirtió Ecopetrol.
Las protestas por mejoras laborales, alzas salariales y de primas extralegales, que ya cumplen más de dos meses, han impedido completar reparaciones del oleoducto Caño Limón-Coveñas en los departamentos de Arauca y Boyacá, y normalizar la producción de gas en la planta de Gibraltar localizada en Norte de Santander.
En un comunicado de prensa la petrolera colombiana señala que los bloqueos se están registrando en 14 puntos de los tres departamentos.
Se corre el riesgo de una mayor afectación ambiental, del encarecimiento del servicio de gas natural para cerca de 500 mil usuarios, así como la suspensión de contratos laborales para el personal que trabaja en las operaciones. (De interés: Red de oleoductos ha sufrido 23 ataques terroristas en primer trimestre de 2019).
Dice el informe que la situación más crítica se registra en la vereda Pueblo Nuevo (Boyacá) donde el oleoducto fue afectado por la creciente del río Cobaría.
En ese punto miembros de la comunidad mantienen retenida maquinaria y elementos de trabajo para la atención de nuevas emergencias. Personal contratado para realizar limpieza de suelos y capa vegetal que fueron afectados por derrames de crudo como consecuencia de atentados, también ha paralizado labores situación que genera un riesgo de mayor afectación ambiental en la zona. Entre tanto, otro personal de esa zona impide las reparaciones en dos puntos del oleoducto afectados por atentado terrorista en la vereda Las Bancas, municipio de Arauquita, Arauca.
El bloqueo que se registra en la planta de Gas de Gibraltar desde el pasado 10 de junio no permite la producción de gas para más de diez municipios de Santander y Norte de Santander, evento que repercutirá en la economía de más de 500 mil usuarios quienes se podrían afectar por un incremento en la tarifa al recibir el combustible de otra región del país. (Contexto: Crudo derramado por atentados a Caño Limón-Coveñas cuesta más de US$277 millones).
Adicionalmente se impide el ingreso de la planta Banadía en Saravena (Arauca). De persistir los bloqueos, las empresas contratistas deberán suspender unos 154 contratos de las personas de la comunidad que participan en las labores de limpieza, al incumplir con las funciones pactadas, dice Ecopetrol en un comunicado.
El vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, Aníbal Fernández de Soto, dijo que estas protestas han impedido que se hagan las reparaciones al Oleoducto "que ha sufrido no solo atentados terroristas sino también afectaciones por el invierno que son urgente reparar".
Para la empresa estas acciones de hecho son injustificadas teniendo en cuenta que Ecopetrol y sus contratistas vienen actuando en cumplimiento de la Ley y de sus políticas de responsabilidad corporativa.
Ecopetrol y Cenit, su filial de transporte, continuarán su esfuerzo para lograr soluciones viables y sostenibles que beneficien a las comunidades de su área de influencia.
Se busca que "a través del diálogo y de la concertación podamos superar estos inconvenientes. Hemos apelado a la institucionalidad, hemos venido trabajando con la gobernación de Arauca, con la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior para encontrar una salida a esta situación. Creemos que vías de hecho que impiden que podamos hacer estas reparaciones y prestar el servicio a estas familias, no son el camino para resolver las diferencias que pueda haber sobre temas laborales", dijo Fernández de Soto. (Lectura: Emergencia ambiental en Tibú por ataque terrorista contra oleoducto Caño Limón Coveñas).
Invitó a los líderes de la protesta a retomar el diálogo y encontrar una solución que permita la normalidad en esta región del país.
Los dirigentes de las protestas esperan que la empresa petrolera atienda su pliego de peticiones que contemplan mayores salarios, más bonos y elevar las primas extralegales, según la información revelada desde una de las empresas afectadas por la anormalidad laboral.