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A través de un comunicado, Tecnoquímicas se defendió de las acusaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que señaló que la firma había pagado las multas impuestas a cinco altos directivos por su participación en la cartelización en los precios de los pañales.
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La entidad impuso una nueva sanción de $25.780 millones y estableció que Tecnoquímicas asumió la responsabilidad por medio de operaciones fachada bajo la modalidad de bonificaciones ocasionales, acto que viola las normas de la protección de la libre competencia económica, pues la ley es clara en que los montos no pueden ser cubiertos por la compañía a la cual se encuentren vinculados los merecedores de las multas ni por ninguna empresa subordinada o que haga parte del mismo grupo empresarial.
Sin embargo, el grupo empresarial explicó que las multas impuestas fueron pagadas mediante créditos bancarios que los sancionados, con excepción de uno, aún están pagando, pues deben más del 80%. Esta información, según la multilatina, la certificó una entidad bancaria ante la SIC.
Los directivos de Tecnoquímicas fueron enfáticos en que no se burlaron las sanciones, por el contrario, se pagaron los montos determinados.
La empresa también se mostró sorprendida por la “arbitraria la rueda de prensa” que presentó la sanción como definitiva cuando no ha sido notificada del proceso. “Como es usual por parte del superintendente, la información sobre la sanción fue conocida mediante los medios de comunicación, sin que por las vías procesales se haya informado a la compañía y a las personas naturales afectadas”, lamentó.
Con respecto a los bonos que menciona la SIC, la firma explicó que se trata de bonificaciones habituales que anualmente reciben los altos funcionarios de distintos niveles de la compañía por cumplimiento de indicadores y desempeño laboral.
“El superintendente concluye, de manera injusta y pretermitiendo instancias, que la compañía asumió las multas personales e individuales de funcionarios, por medio de bonificaciones ocasionales”, señala la misiva que también refiere que tanto los funcionarios, como Tecnoquímicas incluyeron en su declaración de impuestos los créditos recibidos y que la DIAN certificó dichas declaraciones.
Tecnoquímicas dijo que instaurará acciones legales para defender su posición y recalcó “la gravedad de lo dicho por el superintendente” al omitir en su actuación las etapas que la ley prevé respecto de los trámites por prácticas restrictivas de la competencia. “Tecnoquímicas no tuvo la oportunidad de contradecir pruebas y argumentos contra un informe motivado”, declaró.
Finalmente, la empresa recordó que en su momento controvirtió la legalidad de las decisiones de 2016 ante los tribunales, pues fueron “adoptadas de manera injusta a pesar de haberse mostrado que sus actuaciones se apegaron a la ley y beneficiaron al consumidor”.
El caso se remonta a una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que en 2014 se adelantó para determinar si las empresas Tecnoquímicas, Tecnosur, Kimberly y Dripers habían acordado los precios de sus productos (pañales), acción que es prohibida al ir en contra del régimen de libre competencia.
Tecnoquímicas, como consecuencia de los resultados de la investigación, recibió la máxima sanción establecida por la ley y se sancionaron a cinco de sus altos directivos, dentro de ellos el presidente de la compañía.
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Los funcionarios implicados en esta investigación también recibieron nuevas multas que superan los $26.600 millones mediante la resolución número 68722 del 17 de septiembre de 2018.