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Los aranceles y el sector textil parecen un tema de nunca acabar. El miércoles 30 de enero, la Corte Constitucional tumbó los aranceles a textiles incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 al considerar que sólo es potestad del poder ejecutivo, específicamente del presidente Iván Duque, establecer o quitar aranceles, y no del Congreso como había quedado establecida la medida.
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Así las cosas, la Sala Plena les dio la razón a los demandantes, gremios como Analdex, Fenalco y la Andi e incluso al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y la Procuraduría, y quedó derogado el aumento de 15 % a 37,9 % para las importaciones de los artículos de vestuario cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para las que superen ese precio se establece un arancel de 10 % según el valor, o sea más de US$3 por kilo.
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El decreto 1419, que reglamentó los artículos 274 y 275 entró en vigor en agosto de 2019. Tras la decisión de la Corte Constitucional, ¿qué implicaciones hay para el sector textil y confección? Hablamos con gremios que están a favor y en contra.
José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), quien en su momento se mostró en desacuerdo con los aranceles y mediante un documento expuso las consideraciones de la entidad sobre dichos artículos, pero que finalmente firmó el decreto en agosto de 2019, se refirió a la decisión de la corte con cautela.
“Frente a lo que se ha conocido por parte de la Corte Constitucional en relación con los aranceles de los textiles y confecciones no hay comunicado oficial así que no es prudente pronunciarnos responsablemente sobre los detalles”. Sin embargo, agregó que sabían de las demandas por inconstitucionalidad que pusieron algunos gremios y que en el marco de la discusión en el Congreso expresó que los artículos eran inconstitucionales e inconvenientes.
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“Los mencionados artículos podían ser inconvenientes para toda la cadena productiva del sector y para el consumidor final porque elevaban la probabilidad de existencia de mayor contrabando en el país”, señaló el jefe de esta cartera.
Por su parte, Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo que “el congreso puede definir normas de carácter general, pero el número específico del arancel le corresponde al Ejecutivo, al presidente y sus ministros”.
Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), otro de los gremios que demandó, aseguró que “hemos recibido con beneplácito el fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible los artículos 274 y 275 del PND porque afectaban la competitividad del sector”.
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Contrario a las declaraciones de Cabal, Camilo Andrés Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA), que promovió incluir en el PND el cambio en los aranceles para proteger la industria nacional, lamentó la decisión de la Corte.
“Desde la CCCyA lamentamos la decisión de la Corte de declarar inexequibles estos artículos, ya que en el último trimestre de 2019 vimos un crecimiento del sector, como muestra de que las medidas arancelarias sí funcionaron. Incluso, hace dos semanas estábamos hablando de cerca de 20.000 empleos que logramos generar en ese periodo”, dijo Rodríguez.
Sin embargo, Cabal afirma que con esos aranceles tan elevados se estaba perjudicando a los consumidores. Además, “el comercio del país se mueve con productos nacionales e importados. Los aranceles representaban, según los estudios de Fenalco, un incremento de 25 % en el costo final de las prendas de vestir en el país”.
Políticos que también están a favor de los aranceles se pronunciaron. “Es importante que se mantengan los aranceles para las importaciones de textiles y confecciones que acaba de ‘tumbar’ la Corte Constitucional”, dijo Antonio Navarro, de Alianza Verde.
“Pésima noticia para la industria y el empleo del sector textil confecciones porque regresará la avalancha de prendas asiáticas a Colombia, agravando el desempleo”, publicó el senador Jorge Robledo mediante su cuenta de Twitter.
El presidente de la CCCyA aseguró que el Congreso de la República es la máxima representación de los intereses de los ciudadanos, por eso las fuerzas políticas se manifestaron en pro de la industria nacional y del empleo. “Es claro que cuando el Congreso decidió aumentar los aranceles a las confecciones de ropa lo que estaba haciendo era interpretar el deseo ciudadano”.
Pero María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) no está de acuerdo con lo que dice Rodríguez sobre el Congreso como respuesta a las necesidades del ciudadano, pues “constituye también un llamado de atención a los políticos para que las iniciativas legislativas respondan al interés común y no de particulares”.
La Cccya le solicitó al presidente Iván Duque cumplir sus palabras de campaña: “Hacemos un llamado al Gobierno a cumplir lo prometido, no estamos pidiendo nada más” y que fije mediante un decreto las medidas tomadas por el Congreso en el PND “para proteger los miles de empleos y fortalecer nuestra industria nacional”.
¿Soluciones?
De acuerdo con Camilo Rodríguez, presidente de la Cccya, están en reuniones con Mincit para llegar a una propuesta que funcione en favor del empleo y la industria textil nacional. En eso concuerda el ministro Restrepo, pues asegura que es política del actual Gobierno acompañar al sector y a toda la cadena.Tanto los gremios, como el ministro de Comercio, están de acuerdo con que el problema de fondo de la industria textil es el contrabando. La cuestión es que unos piden aranceles y otros políticas para proteger la industria.
“Hay que reconocer que el sector confeccionista tiene problemas por una competencia desleal porque están entrando prendas a muy bajo precio, pero la tesis nuestra es que un arancel no resuelve ese problema, antes lo agrava. Si usted le pone un arancel del 38 % más un IVA del 19 % lo que le está aumentando es el margen de rentabilidad al contrabando”, explicó Díaz.
Lacouture menciona que en materia de soluciones le “corresponde al Ejecutivo proveer las herramientas que le permitan a la industria de textiles y confecciones mejorar su productividad y su competitividad, pero sobre todo protegerla contra el contrabando, la competencia desleal y la entrada ilegal de mercancía a precios irrisoriamente bajos”.
Pues, según Lacouture, la competitividad empresarial no puede depender de una norma arancelaria, sino de las acciones de la puerta de la empresa hacia adentro para mejorar su productividad, para mejorar procesos.
Díaz propone que los problemas se resuelvan con otros instrumentos como “establecer normas aduaneras por parte de la Dian, aplicar medidas para controlar el ingreso de prendas y reforzar los mecanismos de defensa comercial".
Adolfo Botero, presidente de la Cámara de Moda y Textil, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cree que el Gobierno debe, con los estudios y posiciones de los gremios que tiene, salir a hacer una nueva propuesta arancelaria.
Fenalco le dice al sector que pueden trabajar en equipo en crear fórmulas para mejorar las líneas de negocio, de productividad y de competitividad. “No es por la vía de aranceles por la que se logra este objetivo”, puntualizó Cabal.