Tras una informalidad del 54%

La prolongación de una elevada informalidad laboral en el mercado no es sólo un tema de discusión y de campaña de los más recientes gobiernos, sino una problemática que durante décadas ha ocupado parte de los debates de los académicos, de los ministros y, por supuesto, del diario vivir de los trabajadores. El panorama en este momento muestra, de acuerdo con las más recientes cifras del Ministerio de Trabajo, que bajo esta condición está el 64% de la población que se encuentra laborando actualmente (de un total de 21,58 millones de personas ocupadas, según cifras del DANE).

Juan Carlos Cortés González, viceministro de Empleo y Pensiones, le contó a este diario que en lo que va del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el índice de trabajadores en la informalidad (personas que no cuentan con acceso a salud, pensión, riesgos laborales ni caja de compensación) bajó del 68,6 al 64%, teniendo en cuenta “la medición ácida de afiliación al sistema general de pensiones”. Además, cuenta que 1,3 millones de trabajadores se han vinculado a las cajas de compensación desde 2011. “Esta última es una medición fuerte del crecimiento del trabajo formal”.

“Pensamos que el compromiso de reducción de la informalidad debe ser mayor al 10%. Debe haber nuevas prestaciones, flexibilizar y facilitar trámites, reducir costos e incentivar el trabajo formal; manejarlo por sectores va a permitir una buena intervención. Es pasar del 64 al 54% en unos cuatro años. Una meta del 50% para Colombia es ambiciosa y debería ser nuestro horizonte”, explicó el viceministro.

Mientras repasaba las más recientes cifras del Gobierno, Cortés contó que en las 13 principales ciudades que mide el DANE la informalidad ya bajó al 59%, aunque en Cúcuta, Pasto y Montería los niveles aún no disminuyen de la barrera del 70%. Asimismo, explicó que en renglones de la economía como construcción, minería y agro los índices de este fenómeno han caído entre 4 y 6% “a excepción de intermediación financiera, donde el indicador es menor”.

Pese a que el Gobierno reporta estos avances en materia de generación de empleo formal y a que asegura que sus prioridades están enfocadas en dar mejores condiciones a los trabajadores a tiempo parcial (incluyendo a jornaleros), a taxistas, empleados domésticos y madres comunitarias, Cortés sostiene que “estamos en una trapa de informalidad laboral. A veces los trabajadores no quieren dar un paso a la formalidad y esto se debe en buena medida gracias a la aplicación de subsidios estatales”.
En cuanto a la formalización de las madres comunitarias, el Gobierno sostiene que ya hay 63.000 que tienen un contrato de trabajo con el ICBF, mientras que en materia de trabajadores a tiempo parcial relacionados con renglones como servicio doméstico, comercio, restaurantes, entre otros, se está tratando de llevar a la formalidad a 1,2 millones de trabajadores. De este número, 730.000 son empleados domésticos.

“En trabajadores domésticos ha crecido la afiliación. Pasamos de 8.500 a diciembre de 2012 a 41.000 a la fecha. Estamos avanzando en la vinculación a cajas de compensación; tenemos no más de 100.000 afiliados a pensiones y al régimen contributivo de salud”, dijo Cortés.

Otro reto que tiene el Gobierno, agregó, es formalizar cerca de 850.000 taxistas en todo el país —los niveles de informalidad están en el 89% en este renglón del transporte público—. Sin embargo, desde los gremios de conductores y empresas se escuchan argumentos que rechazan la puesta en marcha de un contrato de trabajo, ya que afectaría la rentabilidad del negocio.

“El sector se llenó de prácticas raras; no se contrata directamente. Hay rentas, alquileres, otras cosas. Los conductores se afilian por mutuales y cooperativas. Cada uno defiende su margen. Lo que hay que impulsar es la seguridad social para todos los taxistas. Ya hay un quinto borrador de decreto”, dijo Cortés.

Las cifras que ha mostrado el Gobierno hasta el momento, en opinión de César Ferrari, exdirector del Banco Central del Perú y docente de la Universidad Javeriana, siguen enseñando una elevada informalidad y una escasa reducción de ésta. “El problema es de ingresos fundamentalmente; acá es demasiado costoso formalizarse. Veo muy marginal lo que se puede hacer mientras no haya una real mejora de costo-beneficio para el agro y las manufacturas”. Agregó que la población prefiere seguir atada a los subsidios que da el Gobierno y resaltó que ser formal no será negocio mientras los beneficios no superen los costos.

El reto de formalizar el campo

El sector agropecuario, donde los niveles de informalidad laboral superan el 86% es, según Cortés, uno de los retos del Gobierno en el mediano plazo. Y cree que formalizar a 5 millones de personas que trabajan en el campo (sumándoles 800.000 niños) puede empezar a través de la puesta mecanismos como los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), la cobertura de salud de régimen subsidiado y la afiliación a riesgos laborales.

Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), cree que “el primer paso para que haya formalidad laboral rural es que exista rentabilidad. Hoy en día, el sistema pasó a una cancelación semanal, pero la idea es que sea por días trabajados y no semanas trabajadas. En el campo se contrata una persona por trabajos hechos”.

Señaló que no se puede olvidar que la informalidad laboral en el campo va atada a la pobreza extrema, al acceso a servicios y a otras brechas que se están abriendo. “Dentro de la formalidad, se mira el empleo rural y dentro de ese total hay 604.000 personas que tienen empleo sin remuneración. La SAC firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para buscar la formalización”.

Otra de las metas del Gobierno es buscar formalizar a los pequeños mineros del país. Cortés contó que en ese sector se están comenzando a ver las formas asociativas de producción como mecanismo para acceder a los elementos base de la seguridad social.
 

La prolongación de una elevada informalidad laboral en el mercado no es sólo un tema de discusión y de campaña de los más recientes gobiernos, sino una problemática que durante décadas ha ocupado parte de los debates de los académicos, de los ministros y, por supuesto, del diario vivir de los trabajadores. El panorama en este momento muestra, de acuerdo con las más recientes cifras del Ministerio de Trabajo, que bajo esta condición está el 64% de la población que se encuentra laborando actualmente (de un total de 21,58 millones de personas ocupadas, según cifras del DANE).

Juan Carlos Cortés González, viceministro de Empleo y Pensiones, le contó a este diario que en lo que va del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el índice de trabajadores en la informalidad (personas que no cuentan con acceso a salud, pensión, riesgos laborales ni caja de compensación) bajó del 68,6 al 64%, teniendo en cuenta “la medición ácida de afiliación al sistema general de pensiones”. Además, cuenta que 1,3 millones de trabajadores se han vinculado a las cajas de compensación desde 2011. “Esta última es una medición fuerte del crecimiento del trabajo formal”.

“Pensamos que el compromiso de reducción de la informalidad debe ser mayor al 10%. Debe haber nuevas prestaciones, flexibilizar y facilitar trámites, reducir costos e incentivar el trabajo formal; manejarlo por sectores va a permitir una buena intervención. Es pasar del 64 al 54% en unos cuatro años. Una meta del 50% para Colombia es ambiciosa y debería ser nuestro horizonte”, explicó el viceministro.

Mientras repasaba las más recientes cifras del Gobierno, Cortés contó que en las 13 principales ciudades que mide el DANE la informalidad ya bajó al 59%, aunque en Cúcuta, Pasto y Montería los niveles aún no disminuyen de la barrera del 70%. Asimismo, explicó que en renglones de la economía como construcción, minería y agro los índices de este fenómeno han caído entre 4 y 6% “a excepción de intermediación financiera, donde el indicador es menor”.

Pese a que el Gobierno reporta estos avances en materia de generación de empleo formal y a que asegura que sus prioridades están enfocadas en dar mejores condiciones a los trabajadores a tiempo parcial (incluyendo a jornaleros), a taxistas, empleados domésticos y madres comunitarias, Cortés sostiene que “estamos en una trapa de informalidad laboral. A veces los trabajadores no quieren dar un paso a la formalidad y esto se debe en buena medida gracias a la aplicación de subsidios estatales”.
En cuanto a la formalización de las madres comunitarias, el Gobierno sostiene que ya hay 63.000 que tienen un contrato de trabajo con el ICBF, mientras que en materia de trabajadores a tiempo parcial relacionados con renglones como servicio doméstico, comercio, restaurantes, entre otros, se está tratando de llevar a la formalidad a 1,2 millones de trabajadores. De este número, 730.000 son empleados domésticos.

“En trabajadores domésticos ha crecido la afiliación. Pasamos de 8.500 a diciembre de 2012 a 41.000 a la fecha. Estamos avanzando en la vinculación a cajas de compensación; tenemos no más de 100.000 afiliados a pensiones y al régimen contributivo de salud”, dijo Cortés.

Otro reto que tiene el Gobierno, agregó, es formalizar cerca de 850.000 taxistas en todo el país —los niveles de informalidad están en el 89% en este renglón del transporte público—. Sin embargo, desde los gremios de conductores y empresas se escuchan argumentos que rechazan la puesta en marcha de un contrato de trabajo, ya que afectaría la rentabilidad del negocio.

“El sector se llenó de prácticas raras; no se contrata directamente. Hay rentas, alquileres, otras cosas. Los conductores se afilian por mutuales y cooperativas. Cada uno defiende su margen. Lo que hay que impulsar es la seguridad social para todos los taxistas. Ya hay un quinto borrador de decreto”, dijo Cortés.

Las cifras que ha mostrado el Gobierno hasta el momento, en opinión de César Ferrari, exdirector del Banco Central del Perú y docente de la Universidad Javeriana, siguen enseñando una elevada informalidad y una escasa reducción de ésta. “El problema es de ingresos fundamentalmente; acá es demasiado costoso formalizarse. Veo muy marginal lo que se puede hacer mientras no haya una real mejora de costo-beneficio para el agro y las manufacturas”. Agregó que la población prefiere seguir atada a los subsidios que da el Gobierno y resaltó que ser formal no será negocio mientras los beneficios no superen los costos.

El reto de formalizar el campo

El sector agropecuario, donde los niveles de informalidad laboral superan el 86% es, según Cortés, uno de los retos del Gobierno en el mediano plazo. Y cree que formalizar a 5 millones de personas que trabajan en el campo (sumándoles 800.000 niños) puede empezar a través de la puesta mecanismos como los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), la cobertura de salud de régimen subsidiado y la afiliación a riesgos laborales.

Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), cree que “el primer paso para que haya formalidad laboral rural es que exista rentabilidad. Hoy en día, el sistema pasó a una cancelación semanal, pero la idea es que sea por días trabajados y no semanas trabajadas. En el campo se contrata una persona por trabajos hechos”.

Señaló que no se puede olvidar que la informalidad laboral en el campo va atada a la pobreza extrema, al acceso a servicios y a otras brechas que se están abriendo. “Dentro de la formalidad, se mira el empleo rural y dentro de ese total hay 604.000 personas que tienen empleo sin remuneración. La SAC firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para buscar la formalización”.

Otra de las metas del Gobierno es buscar formalizar a los pequeños mineros del país. Cortés contó que en ese sector se están comenzando a ver las formas asociativas de producción como mecanismo para acceder a los elementos base de la seguridad social.