Tributos para La Paz

El avance de la agenda de conversaciones en La Habana, Cuba,  entre el Gobierno y las Farc ha puesto a los empresarios colombianos a pensar sobre la procedencia de los fondos para hacer realidad los pactos de un eventual acuerdo de paz. Una realidad que Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, dejó en evidencia ayer al referirse además a la fuente de ingresos con la que deben respaldarse los compromisos adquiridos con los cultivadores en las últimas tres semanas, durante el paro nacional agrario.

“El país va a tener que dar un gran debate en materia tributaria de cara al posconflicto”, afirmó el funcionario en diálogo con Caracol Radio, y manifestó su preocupación por los cerca de $3 billones que el Estado dejaría de recibir si, tal como lo confirmó la Corte Constitucional, el Congreso cambia la fórmula con la cual se establece el precio de los combustibles en el país.

Bajo ese escenario, el Gobierno maneja una fórmula: retrasar por un año el desmonte del impuesto a las transacciones financieras, el impopular 4x1.000, que iría disminuyendo gradualmente a partir de 2014 hasta desaparecer en 2018. Se estima que, al posponer su estrategia, el erario recaudaría en esos 12 meses alrededor de $5 billones.

Ese plan tendría que ejecutarse, necesariamente, por medio de una ley de la República, de ahí que la estrategia del Gobierno sea articular en uno solo los tres proyectos que hacen curso en el Legislativo sobre la materia. Aquel texto sería de un único artículo, estableciendo el inicio del desmonte a partir de enero de 2015.

Pero la propuesta fue rechazada por David Barguil, representante a la Cámara por Córdoba, quien propone que en su lugar se graven los dividendos de las carboneras o petroleras: “Si logramos que las grandes empresas minero-energéticas, en su creciente auge, dejen de presentar sus declaraciones en ceros, obtendremos los recursos necesarios para estabilizar el sector agrícola”.

El ministro Cárdenas reveló que ese tributo también está siendo considerado por el Gobierno, al igual que un probable aumento del impuesto a la renta. Una fórmula que, para analistas, es viable siempre y cuando se eliminen los tratos especiales.

“Lo lógico y sensato sería nivelar la base gravable para que todo el mundo pague, acabando con las exenciones, los beneficios y los privilegios especiales, antes que aumentar la tarifa general”, comentó Horacio Ayala, abogado especialista en derecho tributario.

Aquellos tributos para financiar la paz, que tendrían que consignarse en una reforma tributaria, podrían gravar también las transacciones y utilidades obtenidas a través del mercado de valores, al igual que las ventas a la clase alta y media alta, en lugar de, como propone Ayala, el impuesto al patrimonio: “No se les cobra a los dueños de los capitales sino a las sociedades. Es una forma equivocada de hacerlo porque una sociedad puede tener múltiples accionistas, muchos de ellos con muy poco capital, y uno o dos controlantes”.

El avance de la agenda de conversaciones en La Habana, Cuba,  entre el Gobierno y las Farc ha puesto a los empresarios colombianos a pensar sobre la procedencia de los fondos para hacer realidad los pactos de un eventual acuerdo de paz. Una realidad que Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, dejó en evidencia ayer al referirse además a la fuente de ingresos con la que deben respaldarse los compromisos adquiridos con los cultivadores en las últimas tres semanas, durante el paro nacional agrario.

“El país va a tener que dar un gran debate en materia tributaria de cara al posconflicto”, afirmó el funcionario en diálogo con Caracol Radio, y manifestó su preocupación por los cerca de $3 billones que el Estado dejaría de recibir si, tal como lo confirmó la Corte Constitucional, el Congreso cambia la fórmula con la cual se establece el precio de los combustibles en el país.

Bajo ese escenario, el Gobierno maneja una fórmula: retrasar por un año el desmonte del impuesto a las transacciones financieras, el impopular 4x1.000, que iría disminuyendo gradualmente a partir de 2014 hasta desaparecer en 2018. Se estima que, al posponer su estrategia, el erario recaudaría en esos 12 meses alrededor de $5 billones.

Ese plan tendría que ejecutarse, necesariamente, por medio de una ley de la República, de ahí que la estrategia del Gobierno sea articular en uno solo los tres proyectos que hacen curso en el Legislativo sobre la materia. Aquel texto sería de un único artículo, estableciendo el inicio del desmonte a partir de enero de 2015.

Pero la propuesta fue rechazada por David Barguil, representante a la Cámara por Córdoba, quien propone que en su lugar se graven los dividendos de las carboneras o petroleras: “Si logramos que las grandes empresas minero-energéticas, en su creciente auge, dejen de presentar sus declaraciones en ceros, obtendremos los recursos necesarios para estabilizar el sector agrícola”.

El ministro Cárdenas reveló que ese tributo también está siendo considerado por el Gobierno, al igual que un probable aumento del impuesto a la renta. Una fórmula que, para analistas, es viable siempre y cuando se eliminen los tratos especiales.

“Lo lógico y sensato sería nivelar la base gravable para que todo el mundo pague, acabando con las exenciones, los beneficios y los privilegios especiales, antes que aumentar la tarifa general”, comentó Horacio Ayala, abogado especialista en derecho tributario.

Aquellos tributos para financiar la paz, que tendrían que consignarse en una reforma tributaria, podrían gravar también las transacciones y utilidades obtenidas a través del mercado de valores, al igual que las ventas a la clase alta y media alta, en lugar de, como propone Ayala, el impuesto al patrimonio: “No se les cobra a los dueños de los capitales sino a las sociedades. Es una forma equivocada de hacerlo porque una sociedad puede tener múltiples accionistas, muchos de ellos con muy poco capital, y uno o dos controlantes”.