:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/P15_AFVW4RxbBE0VnGW56ztQJVk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/LVHSEBGKO5EDFNOUOVUW5PXAPQ.jpg)
Para ser específica, visité Bello y Caldas, en Antioquia, dos municipios que comprometieron una parte importante de sus ingresos del Sistema General de Regalías para la construcción de acueductos y alcantarillados que quedaron en veremos.
Uno de los exfuncionarios que entrevisté me dijo que el tema no se habría hecho público, ni se le habría dado tanta importancia, si no fuera porque involucraba al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien con los años ha acumulado decenas de contradictores.
Le puede interesar: Bello y Caldas, retratos del perjuicio de los bonos de agua
La historia comienza con la publicación de una columna de Daniel Coronell en la revista Semana en septiembre de este año, en la que aseguraba que Carrasquilla promovió y se benefició de un mecanismo que permitía a los entes territoriales empeñar recursos futuros para destinarlos a obras de acueducto y alcantarillado a cambio del pago de una tasa de interés a un intermediario, lo que, según el periodista, “lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia”.
La información se hizo viral y los reclamos al funcionario por los rebautizados bonos agua (antes bonos Carrasquilla) se trasladaron a un debate de control político en el Senado, en el que el funcionario negó todas las acusaciones. Luego la Cámara de Representantes votó una moción de censura que se cayó, con 120 votos en contra y solo 22 a favor.
Le puede interesar: Ministro Carrasquilla le responde al Congreso por bonos de agua y Konfigura Capital
En el marco de la discusión viajé a Antioquia a reunirme con funcionarios de la administración actual y de las pasadas para que me explicaran y relataran cómo se ejecutó esta política, pero además para visitar las obras en cuestión, o lo que quedaba de ellas.
Las cifras eran contundentes. Según un informe del Ministerio de Vivienda, solo 29 de los 117 municipios (cuyos créditos sumaban $440.000 millones) tenían resultados para mostrar, es decir, obras terminadas y funcionales. Además, el impacto de la deuda, que ya se calcula en $727.000 millones, motivó al Ministerio de Hacienda, a través de Findeter, a intervenir el esquema en 2014 para que los entes territoriales pudieran renegociar el préstamo.
Bello y Caldas sobresalen porque comprometieron el 85 % de sus recursos del Sistema General de Participación (SGP) para el rubro de agua potable y saneamiento básico (el promedio de los demás municipios fue de 41,5 %) para respaldar créditos por $28.112 millones y $7.713 millones, respectivamente.
A julio, Caldas había pagado $8.562,2 millones por el adelanto de los recursos, pero solo el 5,1 % se había sumado a capital. Además, los recursos del SGP no cubren el total de la deuda, por lo que cada año deben colocar recursos de su propio bolsillo, lo que limita las inversiones y hasta el funcionamiento del gobierno local. Y lo que es peor, las 19 veredas que conforman el área rural del municipio siguen sin tener servicio de acueducto.
Con respecto a las obras para financiar, los recursos se destinaron a 10 contratos entre consultorías y construcciones. Un informe del gobierno anterior concluyó que la mayoría solo eran estudios donde se llegaba a la conclusión de que los recursos no alcanzan y las obras no se podían hacer.
Bello, por su parte, adquirió la tercera deuda más alta en el marco de los bonos de agua después de Buenaventura y Valledupar, donde se compraron bonos por más de $43.000 millones y $36.000 millones, respectivamente.
A agosto, la administración local había pagado más de $19.180 millones en intereses de financiación y solo $5.368 millones (4,5 %) en amortización. Lo incierto es el estado de las obras, pues el alcalde actual no entregó el balance que este diario solicitó en varias ocasiones, y en el Concejo defienden que se repotenciaron los sistemas de acueducto veredales.
Los bonos de agua se mostraron como una alternativa, en medio de una crisis económica, para que los municipios pudieran financiar infraestructura para satisfacer sus necesidades de agua y alcantarillado. No obstante, si bien hoy hay quienes discrepan de la idea de que los municipios se empobrecieron, es cierto que hay obras pendientes y que hubo créditos que se volvieron insostenibles hasta el punto en que fue necesario que Findeter interviniera.