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Han pasado 38 años, pero muchas de las personas que sobrevivieron a la tragedia de Armero aún sienten como si los hechos de la noche del 13 de noviembre de 1985 hubieran sucedido hace unos pocos días. Casi todos tienen vivas las imágenes en su cabeza, las sensaciones (de ardor, ahogo o frío) en su cuerpo, los sonidos de una avalancha y de las explosiones en sus oídos y el miedo, la incertidumbre o la desazón que sintieron una vez se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo.
Todos reconstruyeron lo que pudieron, siguieron con sus vidas y trataron de guardar bien adentro sus dolores, pero en las noches de tormenta (de esas en las que el cielo se cae como sucedió la noche de la tragedia) o cuando llega noviembre, y las imágenes de la avalancha, los muertos y el pueblo tapado por el lodo reaparecen en televisión, es inevitable que todo aflore de nuevo. Sobrevivir a uno de los peores desastres naturales de la historia de Colombia tiene su precio.
Así se siente en las calles de Armero-Guayabal, como se llama ahora lo que en ese entonces era un corregimiento y que hoy es el pueblo más cercano a las ruinas del antiguo municipio, en donde viven muchos de los que salieron con vida. Hablar con alguien sobre Armero es enterarse de que la vecina, los dueños del hotel de la esquina o la familia que está almorzando en el restaurante del frente también vivían en el municipio y tienen su propia historia de dolor y supervivencia. Muchos, de hecho, prefieren callar y dejar las cosas en el pasado.
La historia, sin embargo, es bien conocida. Cuando el Volcán Nevado del Ruiz hizo erupción, el 13 de noviembre de 1985, el hielo derretido se sumó a las rocas y la lava, bajó por la montaña, llegó a los ríos e, impulsado por la fuerza del agua, generó una avalancha de lodo hirviendo y escombros que prácticamente borró a Armero del mapa.
Lo peor es que a pesar de todas las advertencias que llevaban haciendo desde hacía varios meses Senadores, Representantes a la Cámara, periodistas como Gustavo Álvarez Gardeazábal e incluso geólogos y vulcanólogos internacionales -que habían estudiado las posibles rutas de lahares y avalanchas en mapas de riesgo-, ni el Gobierno ni ninguna autoridad local ordenó evacuar el municipio con tiempo y murieron, según estimaciones de la época, unas 25.000 personas.
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Janeth Edith Sandoval tenía 9 años en ese momento y recuerda que ese día comenzó a caer ceniza del cielo. “Había una alerta de que algo iba a ocurrir, pero se decía que era una inundación. Y aunque nos habían dado unos puntos para ir en caso de que tocara evacuar, todos estábamos muy relajados”. Incluso dice que se acostó temprano, porque al día siguiente tenía exámenes.
Vivía con su papá, su mamá, dos hermanos y dos amigos de la familia que alquilaban habitación. En su cama, acostada, escuchó el sonido de una tormenta, del agua golpeando duró contra el techo, pero no pensó que fuera a pasar nada raro. “Hasta que mi papá entra, me despierta y dice que nos tenemos que ir”.
Para ese momento, casi a las 11 de la noche, la situación ya estaba a punto de desatarse. Unos vecinos habían llegado corriendo a avisarles que se había desbordado el río Lagunilla y que tocaba salir corriendo. Y su mamá había decidió ir a hasta la casa de una familia muy amiga, que vivía a un par de cuadras, para alertarlos. Pero no había regresado.
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Su papá y los vecinos ya intuían que algo grave pasaba, aunque en la radio, recuerda Edith, solo decían que mantuvieran la calma, que se trataba de una inundación. Pero cuando se fue la luz -hoy se sabe que era una señal de que ya venía la avalancha-, a su papá le tocó tomar una decisión: “nos salvaba a nosotros, sus hijos, o se devolvía por su esposa”.
Ella recuerda que cuando salieron a la calle ya se veía agua en el piso. Iban caminando hacia la parte de La Cruz (uno de los sitios a evacuar en caso de inundación) y junto a ellos pasaban carros, motos y gente corriendo, sin saber muy bien porque. En la cima fue cuando empezó a ver personas llena de lodo y heridas. “Nos decían que había ocurrido una catástrofe, algo muy tenaz, y que iba a morir mucha gente”. De fondo, recuerda, sonaban explosiones (la avalancha se llevó estaciones de gasolina y lugares con reservas de gas).
A las 5 de la mañana decidieron bajar para buscar a su mamá, pero se encontraron con una capa de lodo. “La gente bajaba de los segundos pisos de las casas y de los árboles llena de lodo. Había gente moribunda, niños muertos, personas sentadas sobre objetos. Otras intentaban meterse a salvar a los que gritaban o se quejaban”, cuenta.
Nunca vieron a su mamá. Durante dos días caminaron, intentando salir a la carretera y escapar del lodo, y comían frutas o lo que encontraban en los árboles. La primera noche la pasaron en una finca y al día siguiente llegaron a Guayabal. Nunca olvidará la imagen de las volquetas sacando cuerpos llenos de lodo. Finalmente cogieron un tren para Honda y lograron llegar a Bogotá. Aún tenían esperanzas de que su mamá apareciera viva.
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38 años han vuelto a los armeritas escépticos ante las promesas del Estado. Dicen que viven prácticamente abandonados y que la gente se acuerda de ellos cada noviembre, pero que muy pocas veces los proyectos que les prometen se mantienen a largo plazo.
Desde el mismo año de la tragedia, incluso, cuentan que las ayudas no llegaban completas y que muchas veces se colaron personas que no habían vivido en Armero, pero que ante la falta de información aprovechaban para hacerse a mercados, ayudas económicas o incluso casas.
En 2013, 28 años después, el Gobierno sacó la Ley de Honores de Armero (Ley 1632), con una serie de medidas administrativas, económicas y sociales para “rescatar y afianzar la memoria y la identidad histórica y cultural de la desaparecida ciudad de Armero y la proyección de su legado al mundo”. Pero de esos proyectos pocos se han hecho realidad.
“El Estado se ha olvidado de cumplir esa ley, que se ha quedado en el papel”, dice Andrés Julián Martínez, un profesor de 34 años que no estaba vivo cuando sucedió la tragedia, pero que hace parte de las nuevas generaciones que luchan por la memoria de Armero. Para él, no se han tomado medidas para lograr el desarrollo educativo, agroindustrial y sostenible del Armero-Guayabal. “Tenemos algunos monumentos que se hicieron, como el Parque Temático Omayra Sánchez, pero está olvidado como un elefante blanco. Y hay otras tareas, como la preservación de las ruinas de Armero, que no se han ejecutado”, cuenta.
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Precisamente el lunes pasado, en medio de la conmemoración de los 38 años de la tragedia, el Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa -cuyos abuelos maternos murieron en la tragedia de Armero-, tuvo una reunión con la comunidad en la que no solo pidió perdón por las omisiones y la desidia del Estado en 1985, sino que anunció una serie de compromisos y promesas. Parte de ellas tienen que ver con llevar a la práctica la Ley de Honores con la construcción de un parque por la vida en las ruinas del municipio o el proceso para declararlas bien de interés nacional en el ámbito cultural. Pero otras que van más allá, como la de promover un proyecto turístico y de memoria en la zona.
Es más, con él estuvieron la Representante a la Cámara Martha Alfonso, la Alta Consejera para los Derechos Humanos y delegados del ICBF, la Superintendencia de Notariado y Registro y otras entidades.
Ellos prometieron resultados en temas que los Armeritas vienen pidiendo hace años:
Muchos, por ejemplo, piden que con la información del catastro y del registro de propietarios del antiguo Armero, en poder del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se respeten los linderos de los predios y se reconozcan de alguna manera. Eso es clave porque los terrenos de Armero, fértiles y muy productivos, hoy han sido tomados para otras actividades, como el pastoreo de ganado.
La mayor petición, sin embargo, es la de los niños perdidos, que salieron con vida y a los que el ICBF dio en adopción sin verificar si sus familias estaban vivas. La Fundación Armando Armero, que se dedica a buscarlos, dice que son 543. En la reuniòn el ICBF se comprometió a trabajar en un protocolo para adopción de niños, a reunirse con la fundación y algunas madres y a presentar en su espacio de televisión fotos de los niños desaparecidos.
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En el municipio hay algo de expectativa porque es la primera vez que va un ministrosñ en muchos años, y porque Correa tiene raíces en el municipio. Pero las tres décadas han dejado también esceptisismo.
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Janeth Edith logró rehacer su vida en medio del dolor de la pérdida de su mamá, quien nunca más apareció. Hoy trabaja como secretaria, está casada y tiene hijos. Dice que lo que sucedió en Armero le dejó una lección: ya no se apega tanto a las cosas terrenales y materiales, y trata de disfrutar y valorar lo que tiene en cada momento del presente.
A ella le molesta que muchas personas hayan aprovechado la situación de Armero para comercializar y sacarle lucro. “Desde el inicio, muchos empezaron a pedir plata supuestamente para ayudar y se lucraron. E incluso ahora, cerca del lugar donde murió Omaira Sánchez, hay muchos vendiendo cosas y sacándole plata a los turistas, sin mucho trasfondo sobre lo que pasó”.
Sin embargo, cree que una de las grandes deudas con los armeritas es el tema de la salud mental. Lo mismo piensa Diana Pinto, quien tenía 11 años cuando ocurrió la tragedia y quedó hundida en el lodo con su mamá durante toda la noche y la madrugada. “Aún hoy, cuando llueve muy duro, tengo que levantarme de la cama, prender la luz y coger una cobija, pensando en cómo evacuar por si algo pasa. No puedo volver a dormir”, recuerda.
A Diana, además, le preocupa lo que va a pasar cuando su generación -la última que tiene recuerdos de Armero y de la tragedia- ya no esté. “Somos los últimos y hay que trabajar por guardar esas memorias y esas historias”, dice.
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Uno de los eventos de la visita del Ministro de las Culturas el lunes, de hecho, fue la inauguración de la primera estación de la Memoria, un piloto de lo que será un proyecto para preservar la memoria histórica de los lugares emblemáticos del antiguo municipio.
El co-líder de ese proyecto, Francisco González, director de Armando Armero, y quien fue designado por el ministerio para gestionar el cumplimiento de las promesas, cuenta que la idea es hacer una ruta de la memoria que pueda servir también como atractivo turístico.
Es solo uno de los proyectos que se quieren impulsar a partir de ahora. La idea del gobierno nacional es que en 2025, cuando se cumplan 40 años de la tragedia, puedan mostrar resultados y avances en cada promesa.
Es una apuesta grande. Los armeritas, ya acostumbrados a dudar y ser escépticos, podrán decir en unos años si se cumplió lo prometido. Por ahora, celebran, porque como explica Luis Fernando Leal, armerita y director de la Fundación Armero Vive, “es la primera vez, en años, que viene el Estado a reconocer, a pedir perdón y a decir que quieren apoyarnos”.