El primer round santismo-uribismo

Aunque la Unidad por la Paz tenía garantizada las mayorías, el Centro Democrático argumentó que el debate está viciado pues no se conoce todavía el fallo de la Corte Constitucional sobre el “fast track”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, saluda a Imelda Daza y a los demás miembros de Voces de Paz que ayer asistieron al Congreso.  / Cristian Garavito
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, saluda a Imelda Daza y a los demás miembros de Voces de Paz que ayer asistieron al Congreso. / Cristian Garavito

Le faltaba un último respiro al Acuerdo de Paz para que, contra todo pronóstico, los astros resultaran alineándose a su favor. El Nobel al presidente Juan Manuel Santos, la refrendación mayoritaria en el Congreso del nuevo texto firmado con las Farc y la luz verde que le dio la Corte Constitucional al denominado fast track se habían constituido en los “salvavidas” del Gobierno para iniciar la implementación. Pero la decisión de ayer del Consejo de Estado, de admitir una demanda en contra del plebiscito refrendatorio del pasado 2 de octubre por la presunta “campaña engañosa” que habrían liderado los del No, fue la cereza del pastel que el Ejecutivo estaba esperando.

Por eso, con esa noticia —para unos amarga y para otros alentadora— se dio la primera cita en el Legislativo con el fin de comenzar a debatir las normas que desarrollarán jurídicamente el Acuerdo, la primera de ellas, la ley de amnistía e indulto. Y las comisiones primeras de Senado y Cámara se reunieron en una sesión conjunta, acogiendo la orden del Consejo de Estado de “avanzar en la implementación” disponiendo del mecanismo expedito que sacará en tiempo récord las primeras leyes de lo pactado. El debate fue convocado a la 1:00 de la tarde y, pese a la urgencia en su trámite, pues se trata de darles seguridad jurídica a todas las partes involucradas en el conflicto, la acostumbrada impuntualidad de senadores y representantes no fue la excepción.

Así que casi una hora después, el senador de la U Armando Benedetti, ponente del proyecto, comenzó a explicar el contenido del mismo, los cambios que se hicieron al texto avalados por el Gobierno y el porqué conceder perdones tras un proceso de paz. Explicaciones, si se quiere, innecesarias en un Congreso ampliamente conformado por una aplastante mayoría que está del lado del presidente Santos. No en vano, el jefe de Estado se había anticipado hace ya varios meses a conformar la llamada Unidad por la Paz, de la que hacen parte todos los partidos políticos, salvo el Centro Democrático, y así garantizar los votos necesarios para sacar adelante la implementación.

Bajo este panorama, se da por descontado que las normas que se tramiten vía fast track no tendrán mayor problema. Pero siendo el Congreso el representante derivado del pueblo, la posición del uribismo cuenta. Sobre todo porque, aunque sea fuerza minoritaria en el Capitolio, tiene el triunfo popular del No en el plebiscito sobre sus hombros y lo sigue reivindicando. Entonces, ¿participará o no el Centro Democrático en los debates que se den por esa vía? La respuesta es sí. “Tenemos que participar en los debates y dejar muy claro que este es un acuerdo que se está imponiendo en contra de la voluntad de los colombianos, y estudiaremos si vamos a votar, porque hay no sólo cuestiones de índole ético sino además conductas posiblemente no ajustadas a la ley”, le dijo la senadora Paloma Valencia a El Espectador.

El debate no será fácil. No se tratará, como lo ha dicho el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, de que el Legislativo ejerza funciones de notario ni de que saque nada “a pupitrazos”. Por eso, el primer traspié que tuvo que enfrentar ayer el Gobierno giró en torno precisamente a la postura del uribismo sobre la decisión de la Corte Constitucional respecto al fast track. “Venir a decir que no van a debatir la implementación hasta que no se conozca el fallo de la Corte es engañar a los colombianos”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, e incluso afirmó que los congresistas que han usado calificativos desafortunados en contra del alto tribunal deberían disculparse con la justicia colombiana.

Más allá de la ley de amnistía e indulto, entablar dudas sobre la legalidad de las decisiones en el interior del Congreso y sobre cuestiones como la presencia de los voceros de las Farc, que ya hicieron presencia en el recinto, no es una cuestión menor. Las trabas en la discusión pueden retrasar la votación de las reformas requeridas para no echar al traste el acuerdo con las Farc por más voluntad política que haya. Incluso la representante del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó que la asistencia de los delegados de la guerrilla —Jairo Estrada, Pablo Cruz, Judith Maldonado, Francisco Tolosa, Jairo Rivera e Imelda Pinto— no es más que “un afán del Gobierno que prefiere premiar a los bandidos antes que resarcir el dolor de la sociedad”.

Pero la realidad es que ese es un punto que se acordó en Cuba y, a través de la activación del fast track, se activa al mismo tiempo la potestad de los voceros de las Farc de ejercer las funciones de intervención que tiene un congresista, salvo el derecho al voto. Esa es una función que ayer solicitó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que reforzaron las mesas directivas de las comisiones primeras de Senado y Cámara a través del Reglamento del Congreso. Por eso, dijo el ministro Cristo, “me sorprenden estas discusiones cuando el país se acerca al desarme y a la desmovilización de una guerrilla que durante 52 años tuvo la mayor capacidad de perturbación en la vida nacional”.

Entonces, ¿en qué escenario va a continuar este debate? Como se vio ayer, en una avalancha de impedimentos que tratan de argumentar a diestra y siniestra que no pueden pronunciarse sobre el Acuerdo de Paz. Un procedimiento, eso sí, bastante común y que, en todo caso, no puede seguir siendo un lujo dada la urgencia de la implementación de lo pactado con las Farc y el reloj al que se sigue enfrentado el cese bilateral del fuego, por ahora pactado hasta el próximo 31 de diciembre, aunque es claro que el presidente Santos puede prorrogarlo.

Ayer, de hecho, también fue radicado el proyecto que permitirá darle vida legal a la Jurisdicción Especial para la Paz, y no es mentira que ese mecanismo se necesita para que la ley de amnistía pueda entrar a funcionar. De otro modo, habrá un limbo bastante prolongado en el que todo puede pasar, incluida la creciente disidencia de integrantes de las Farc que no se sienten conformes con las contraprestaciones que les garantiza el Gobierno si se acogen al proceso de desarme y desmovilización.

Para muchos, participar en política no es su primera salida y esa idea puede seguir calando entre las filas guerrilleras. Los análisis que se han hecho hasta el momento señalan que era previsible que se presentasen disidencias, sobre todo en algunos grupos muy vinculados con actividades de narcotráfico. Ya la semana pasada, el Secretariado de las Farc separó de sus filas a cinco jefes rebeldes por “entrar en contradicción” con la línea político-militar de la organización, aunque se conoce que todos tienen influencia en los corredores cocaleros y de minería ilegal.

Al cierre de esta edición, el uribismo insistía en que la decisión del Consejo de Estado, si bien avala el procedimiento rápido en el Congreso, no suspende los resultados del plebiscito, en el que ganó el No, por lo que, según el senador Alfredo Rangel, el debate está viciado. Todo un tejemaneje jurídico en el que santismo y uribismo enfrascaban sus discursos, los primeros buscando darle paso a la aprobación de la amnistía y los segundos con el objetivo de trabarla. Lo claro es que el tiempo sigue corriendo y el Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de no regresar a otros 50 años de guerra, con un reto adicional: superar los cálculos electorales de 2018.