FIDH pide al próximo presidente desclasificar archivos relacionados con violaciones de DD. HH.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Colombia plantearon los principales retos en derechos humanos a los que el futuro mandatario deberá dedicar "una voluntad política real", como luchar contra la impunidad y reducir el impacto negativo de empresas.

En Colombia han sido sistemáticas las violaciones a los derechos humanos. / Mauricio Alvarado - El Espectador

En un comunicado conjunto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité Permanente de Derechos Humanos, las organizaciones insisten en que el presidente que resulte elegido en las urnas este sábado 17 de junio deberá priorizar "la construcción de una paz verdadera y duradera" como una realidad.

Para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), las tres prioridades el Gobierno colombiano deben ser reducir la tasa de impunidad frente a los crímenes más graves, proteger y garantizar la defensa de los Derechos Humanos en el país y reducir el impacto negativo de que tienen en éstos las empresas.

En cuanto a la impunidad, el organismo destaca que según las organizaciones locales hay "un 98,68 % de impunidad en casos de desaparición forzada y de 88,43 % en casos de ejecuciones extrajudiciales", siendo por tanto un "problema estructural" que requiere medidas específicas.

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La FIDH propone el acceso a archivos por parte de los órganos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y repetición, y pide al futuro presidente que considere "la desclasificación de archivos relacionados con entidades que han participado en graves violaciones a los derechos humanos".

En este sentido, señala también fortalecer los controles a las labores de inteligencia y contrainteligencia de las entidades del Estado, "pues en los últimos gobiernos se ha abusado de esta facultad para espiar a defensores de derechos humanos".

La federación denunció el aumento de asesinatos de activistas, que sitúan a Colombia como el país "con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en el mundo", entre 106 y 126 en 2017, y reclama que se adopte un marco regulatorio de las protestas y movilizaciones sociales conforme a los estándares internacionales.

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Por último, insta a llevar un mayor control de las empresas en sectores como agroindustria y extractivismo cuando se prevé un aumento de la inversión extranjera y de los flujos comerciales, que podrían "vulnerar" las comunidades donde se implementen los proyectos.

"La actualidad confirma el impacto catastrófico que pueden tener las empresas si no se hace previamente una evaluación de sus impactos y los costos humanos y ambientales que puede tener la implantación de un proyecto empresarial", apunta.

La FIDH recuerda que antes de la primera vuelta los candidatos se comprometieron a cumplir con el "Pacto por los Derechos Humanos" propuesto por el representante en Colombia de Naciones Unidas, Alberto Brunori.

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