No hay plata para huella y firma en elecciones regionales: MinHacienda

El asunto ha generado un choque entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Implementar esa medida cuesta $102.907 millones.

El Consejo Nacional Electoral quiere que firma y huella de los votantes estén en las elecciones de octubre. Getty Images

En carta a Carlos Alfonso Garzón, gerente administrativo y financiero de la Registraduría Nacional, el Ministerio de Hacienda le ratificó a esa entidad que definitivamente no tiene los recursos que se necesitarían para implementar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre la obligación de consignar firma y huella digital de cada sufragante en el formulario E-11, en el que precisamente se lleva el registro de votantes. En concreto, la Registraduría había solicitado $102.907 millones, adicionales a los ya aprobados por el Ministerio para estos comicios.

“Reiteramos nuevamente que no existen recursos disponibles que permitan atender necesidades adicionales para las elecciones de autoridades locales de 2019 y recurrimos nuevamente a sus buenos oficios para que optimicen los recursos ya aprobados y los prioricen en sus mejores usos, en cumplimiento de su ordenamiento misional”, dice la carta firmada por Fernando Jiménez Rodríguez, director general del Presupuesto Público. En ella, el funcionario detalla las razones por las cuales le es imposible al Gobierno Nacional otorgar dichos recursos.

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Le dice, por ejemplo, que el alcance del minhacienda se encuentra enmarcado en normas de carácter superior que definen actores, instancias y competencias a lo largo del proceso de programación, ejecución y seguimiento del presupuesto público. Que en la programación presupuestal de cada vigencia intervienen Planeación Nacional y otras entidades, y su aprobación descansa en el Congreso de la República. Y que la asignación de recursos a las diferentes entidades se define consultando la disponibilidad de estos y las restricciones fiscales existentes, teniendo en cuenta la sostenibilidad de las finanzas del Estado. 

En este sentido, enfatiza que una vez aprobada la Ley de Presupuesto por el Congreso, el Gobierno no puede cambiar la asignación de recursos, lo cual, dado el caso, solamente lo podría realizar el mismo Legislativo. “Se requeriría de un trámite de ley que necesariamente arbitre nuevos ingresos, y dadas las actuales circunstancias fiscales en la presente vigencia, no se tienen planeados nuevos ingresos a los ya aprobados, razón por la cual, el Gobierno Nacional no tiene previsto presentar ante el Congreso un proyecto de ley de modificaciones al presupuesto”, le aclara Jiménez a la Registraduría.

También le dice que solo en casos excepcionales, la Corte Constitucional ha avalado ajustes frente a la distribución de recursos, pero que para el caso de las elecciones regionales, no existen partidas en el presupuesto definidas previamente como susceptibles de ser distribuidas para cubrir las necesidades adicionales planteadas en la solicitud. De paso, la carta del director general de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda da luces sobre lo apretado que está el cinturón del Gobierno. 

“Como es de su conocimiento, el presupuesto de la actual vigencia se aprobó con serias dificultades para financiar gastos de inversión social, razón por la cual la alternativa constitucional para seguir amparando estos gastos fue la expedición de una Ley de Financiamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Constitución Política, que pretendía recaudar recursos por $14 billones aproximadamente. En este sentido, la evolución del recaudo de estos ingresos no ha sido la esperada, instando al Gobierno Nacional a suspender $10 billones del Presupuesto General de la Nación, medida que estrechó aún más los recursos disponibles y llevó a las entidades a replantear y priorizar sus gastos, adaptándose al nuevo escenario fiscal”, reseña la misiva.

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Y es que el tema ha generado un choque entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el registrador nacional, Juan Carlos Galindo. En mayo pasado, a través de una resolución, el CNE determinó una serie de medidas en aras de, según indicó, garantizar la transparencia en las elecciones regionales, entre ellas, la obligación de consignar firma y huella digital de cada sufragante. Decisión a la que Galindo expresó sus reparos pues, en su concepto, implica múltiples inconvenientes y problemas técnicos. 

Por ejemplo —argumentó el registrador— la inclusión de un espacio para huella y firma en el formulario E-11 causaría una mayor permanencia de los votantes en las mesas, más filas, dificultades para adultos mayores, problemas técnicos en caso de que el ciudadano tenga deteriorada la huella, una capacitación especial a los jurados de votación y la insuficiencia de grafólogos y dactiloscopistas. Asimismo, aseguró que habría que aumentar el número de mesas de votación de 108.500 a 125.000 y que el formulario E-11 ya no tendría siete hojas sino 37. 

En el cruce de comunicaciones entre el CNE y la Registraduría, Galindo se refiere a las pruebas que su entidad ha realizado para medir el impacto de la utilización de la huella. “En promedio, un votante puede requerir alrededor de 50 segundos más para votar. Esto implica que, si se mantiene la participación histórica en las elecciones territoriales (50 %), se requerirá de dos horas y 18 minutos adicionales durante la jornada”. Para él, el mecanismo idóneo para evitar la suplantación de electores es la biometría. “En estas elecciones vamos a utilizar el mayor número de unidades biométricas. En 2018 fueron 8.000 estaciones y esta vez serán 14.500”, le reveló recientemente a El Espectador.

Pero para Heriberto Sanabria, presidente del CNE, estos argumentos no son válidos y, en una carta firmada a nombre de la Sala Plena de la corporación, los desvirtuó uno a uno. Por ejemplo, sobre la mayor permanencia del sufragante en la mesa de votación, dijo que la Registraduría estaría admitiendo que, en una votación récord en la cual se supere la abstención, no podría garantizarles a todos los electores su derecho a votar. O que el deterioro de las huellas dactilares de algunos ciudadanos es un contraargumento para quitar los derechos de ciudadanía de cualquier persona y eso mismo se podría usar en contra de la identificación biométrica, pues ello impide la lectura de las máquinas. Falta ver qué responde ahora el CNE porque, por supuesto, la carta del director general de Presupuesto Nacional ratificando que no hay plata para implementar la firma y la huella en las elecciones de octubre ya le fue reenviada a Sanabria.

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-Redacción Política ([email protected])

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