Debate por la película 'Operación E' en Colombia

El escritor Santiago Gamboa y Clara Rojas discuten sobre la tutela instaurada por la directora de País Libre.

Adriana Marín Urrego
12 de enero de 2013 - 09:10 a. m.
Clara Rojas y su hijo Emmanuel.
Clara Rojas y su hijo Emmanuel.

Dos posiciones encontradas, dos argumentos de peso. Una tutela y una película que no se puede presentar en Colombia. Un conflicto genuino entre ficción y realidad. Este es el escenario alrededor de ‘Operación E’, la película sobre el hijo de la exsecuestrada Clara Rojas, Emmanuel, que se estrenó en Francia y en España a principios de diciembre del año pasado.

La película, dirigida por el francés Miguel Courtois y protagonizada por el actor español Luis Tosar, se centra en la vida de José Crisanto Tovar, el campesino colombiano a quien le fue entregado el niño luego de su nacimiento. Tal como apareció reseñada en los medios, en el momento de su estreno, la cinta cuenta la historia de José Crisanto y la de su mujer, Liliana, mostrando las dificultades por las que atraviesan para darle de comer al niño y por mantener, además de sus cinco hijos, al padre de ella. Cuenta también que llevan al niño a la clínica, enfermo de leishmaniasis y con una fractura en el brazo y allí se lo quitan, para confiarlo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El campesino queda, entonces, entre las Farc y el Gobierno. Los primeros le piden que le devuelva a un niño que ya no tiene, y los segundos lo acusan de trabajar para la guerrilla.

Ese es el argumento de la película, basada en el nacimiento de Emmanuel en cautiverio, mientras que su madre está secuestrada por las Farc. Que sea fiel a los hechos, no se sabe. Es ficción. Es precisamente eso lo que alega Clara Rojas y, en parte, lo que la llevó a instaurar una tutela para que la película no se presente en Colombia, pues considera que “distorsiona la realidad”. Rojas busca defender un derecho que le otorgan la Constitución y la Ley de Víctimas: “Como víctima y madre de una víctima menor del conflicto, que es mi pequeño hijo, busco que la ley me ampare a mí y a mi hijo para el libre desarrollo de su personalidad”, dice. El fallo final todavía no se ha dado, pero el juez ya otorgó las medidas cautelares para que la película no se muestre en Colombia.

Ante este hecho, muchos han protestado. No solo los productores de la película, cuyo interés es mostrar y vender su trabajo, sino también algunos que ven el suceso como parte de una censura. Algo que, por lo menos en la legislación colombiana, no existe. Así lo denota Santiago Gamboa en su columna del 29 de diciembre de 2012, publicada en este diario, en la que cuestiona el argumento de que la cinta ‘distorsiona’ la realidad: “Cuando se habla de arte y de ficción, la pregunta de la verdad trasciende la justicia y se convierte en un problema epistemológico. ¿Cuál es el origen y la autoridad de mi verdad con respecto a la verdad de otros? ¿Por qué la mía debe prevalecer? ¿Por qué la verdad de Clara Rojas vale más que la de José Cristanto, el campesino?”.

Según lo que afirman Gamboa y la asesora jurídica del filme, se pidieron dictámenes jurídicos y en ellos se afirma que la producción no viola ningún derecho al niño. Los productores, a su vez, dicen que la cinta no gira en torno a Clara Rojas y que sólo está inspirada en hechos reales. A Gamboa, entonces, le parece increíble que este tipo de prohibiciones ocurran. En el arte, dice, cuando una obra no es verdadera es porque incumple con sus propias coordenadas estéticas, no porque no coincide con la realidad externa a ella. En su discusión afirma que si se censura Operación E por esos parámetros, “entonces habría que comenzar por retirar de las librerías ‘La Iliada’ y ‘La Odisea’, que según la historiografía distorsionan la verdad, lo mismo que ‘La Eneida’, de Virgilio, cuyas fechas no cuadran”. El columnista reitera que, con esta acción, la directora de País Libre está haciendo de Colombia un país menos libre.

Clara Rojas no piensa igual. Le responde a Gamboa, en una carta de los lectores, publicada en este mismo diario el 3 de enero de 2013. De nuevo defiende los derechos de su hijo y su propio sufrimiento, apela a la Constitución y al respeto. No se mete con la ficción. Dice que el tema del señor Tovar es un ‘sub judice’ (pendiente de fallo judicial), que no se sabe si el campesino lo cuidó o lo tuvo secuestrado varios meses —pues, según ella, el Bienestar Familiar se lo quitó con maltrato severo— y que la sentencia que le permitió salir de la cárcel fue impugnada por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Según su carta, lo que Rojas discute no es un asunto de estética. Si el interés era contar esa historia, ella se pregunta, ¿por qué usaron su nombre y el de su hijo? Cree que de lo contrario la película no hubiera producido tanta atención.

Luego del estreno de la cinta en Francia, el director afirmó que la idea era contar lo que nadie conocía de esa historia tan conocida; la historia de Crisanto, que había quedado soterrada porque a la maquinaria política no le interesaba. Sin embargo, dijo que con la cinta no se pretendía hacer un análisis del conflicto colombiano sino contar una historia de ese contexto.

La versión de las productoras detrás de la cinta es que Rojas “estaba negociando la venta de derechos de su historia y la de su hijo para una película. ‘Operación E’ es perjudicial para su negocio”. La información fue difundida el viernes por la agencia de noticias EFE, que asegura haber obtenido acceso a las alegaciones de las partes involucradas en la tutela.

La agencia de noticias también afirma que Rojas se encontraba en un proceso de negociación, entre marzo y junio de 2012, con las productoras españolas, para “llegar a un acuerdo económico que buscaba incluir una parte de los beneficios obtenidos por la comercialización de la cinta en Colombia”. A renglón seguido EFE publica que “ante la negativa de las productoras a incluir los beneficios de las taquillas españolas, tal y como requería Rojas, ésta rompió las negociaciones en un correo enviado el 20 de junio de 2012 a Castelo, incluido en la argumentación judicial de las productoras”.

La exsecuestrada, según los documentos consultados por EFE, aseguró en ese último correo electrónico que “si el juez estima que sí se vulneran los derechos de mi menor hijo, estaría dispuesta a revisar nuevamente el tema económico”.

Estos hechos producen un serio debate —ético, casi— entre derechos y libertades. ¿Qué se debe hacer? ¿Aceptar los argumentos de una víctima de la violencia frente a una película que, siente ella, atenta contra su tranquilidad y la de su hijo o abrir el camino a una obra de arte que, según su director y sus productores, pretende profundizar en un tema que concierne al país, a través de la ficción?

Por Adriana Marín Urrego

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