El ‘Precio del silencio’, informe de la FLIP
El uso de la publicidad como forma de censura en los medios. El estudio realizado en siete países revela una situación preocupante para la prensa.
Marcela Osorio Granados
El asunto de la censura como medio de presión sobre los medios de comunicación, para que se abstengan de publicar cierto tipo de información, o la divulguen maquillando los datos contenidos en los informes periodísticos, quizá es tan antiguo como el oficio mismo. Sin embargo, no por ello el tema pierde importancia, menos aún en un mundo globalizado y mediatizado como el de nuestros tiempos.
Hoy gozamos del derecho a la libertad de expresión y de información, que tiene un carácter universal porque de ella gozan todas las personas, sean o no periodistas.
Sobre tan sensible tema, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entregó la semana pasada el informe titulado ‘El precio del silencio’, que revela la tendencia de los funcionarios públicos en Latinoamérica de utilizar la publicidad oficial y otro tipo de presiones, para incidir en la actividad informativa de los diferentes medios de comunicación.
El estudio, efectuado entre enero y octubre de 2007, abarca siete países: Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay. En el caso colombiano los hallazgos resultan preocupantes.
La investigación reveló cuatro tipos principales de censura indirecta: el manejo abusivo de la publicidad oficial para influir en los contenidos, los pagos hechos directamente a periodistas, la asignación discriminatoria de publicidad en favor de aliados políticos y el uso de la publicidad con fines propagandísticos.
De acuerdo con el informe, la modalidad más común para abusar de la publicidad oficial en deterioro de la libertad de
expresión consiste en su asignación o retiro para beneficiar medios de comunicación y periodistas afines a los intereses gubernamentales o para castigar a los críticos, y condicionar, de este modo, contenido y cubrimiento periodísticos.
El caso colombiano
En declaraciones a la FLIP, Darío Fernando Patiño, director de noticias de Caracol Tv, relató que los directores de prensa de altos funcionarios colombianos suelen llamar a los periodistas a la jefatura de redacción y a los dueños de los medios para influir en la formulación de los titulares o el contenido de una noticia, o para requerir que determinada información no sea publicada. “Sí, hay reclamos. Y la manera como ese reclamo es más eficiente, es llamando al superior de uno. Cuando le quieren hacer sentir al periodista que hubo una molestia y que uno debe asustarse, es cuando llaman al superior”.
De acuerdo a la FLIP, en varias regiones del país se detectó que es común que los propios periodistas soliciten contratos publicitarios a funcionarios del Gobierno.
Una explicación posible a este fenómeno es que los salarios suelen ser muy bajos o en algunos casos inexistentes, y la mayor parte de sus ingresos provienen de los espacios publicitarios que ellos mismos logran vender al Gobierno.
En cuanto a la asignación discriminatoria de publicidad oficial a medios favoritos y aliados políticos, la investigación pone el ejemplo de las mediaciones hechas entre 2005 y 2007, las cuales mostraron que la Administración del presidente Álvaro Uribe realizaba asignaciones publicitarias regulares y sospechosamente elevadas a un periódico económico de circulación nacional, que suele ser favorable a las políticas de dicho gobierno. Ese medio de comunicación escrito no se encuentra en los primeros puestos de lecturabilidad.
En 2007, la Alcaldía de Barranquilla otorgó aproximadamente un 34% del presupuesto publicitario correspondiente al primer trimestre del año a dos periodistas radiales, a pesar de tener bajos niveles de audiencia.
El Espectador habló con el periodista cartagenero Carlos Ardila, panelista en el evento de presentación del informe de la FLIP, quien aseguró que en la capital de Bolívar es muy usual que se den este tipo de fenómenos. “Se presentaron las investigaciones y los casos Barranquilla y Cartagena son gravísimos. Yo mostré algunas experiencias en Cartagena del
periodista que presiona al funcionario hasta que él le da pauta. Acá hay varios casos de éstos, por ejemplo, la actual alcaldesa ha optado por no dejarse extorsionar, pero eso le ha traído varios problemas durante su gestión, pues algunos periodistas han tratado de deslegitimarla”.
Ardila ha tratado varias veces el tema en algunas publicaciones de la revista El Metro, en las que asegura que así como es importante mostrar de qué forma influyen los gobiernos en los periodistas, también es propio mostrar aquellos casos en los que sucede lo contrario, como el de la alcaldesa. En la edición número 8 de El Metro, Ardila expuso el caso de los pagos por casi noventa millones de pesos por servicios publicitarios realizados por la pasada Administración de Cartagena a Germán Teherán Montes, un periodista radial, que de acuerdo con la publicación, “ha tenido un altísimo grado de sumisión hacia el ex alcalde Curi y varios de sus funcionarios, y su absoluta carencia de sentido de las proporciones al momento de atacar, e incluso injuriar, a cualquiera que se atreviese a cuestionar a sus generosos contratantes”.
El Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Eduardo Márquez, también se ha pronunciado al respecto. En el marco del Congreso 101 de la Unión Nacional de Periodistas de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, realizado en Belfast a mediados del mes de abril, Márquez aseguró que “el dinero que los colombianos pagan en impuestos se utiliza para extorsionar a buena parte de los periodistas con la publicidad estatal, acabar su independencia, degradar la calidad de la información, desinformar a los ciudadanos y debilitar aún más a nuestra frágil democracia”.
El tema es motivo de debates jurídicos en cuanto a la normatividad que rige este tipo de casos. De acuerdo con el informe presentado por la FLIP, no existen normas ni en Colombia ni en ninguno de los otros seis países objeto de estudio, que prohíban específicamente la discriminación ejercida sobre la base del punto de vista del medio. “Los marcos jurídicos que rigen la compra de publicidad por parte del Estado en todos estos países resultan insuficientes e inadecuados: carecen de reglas y criterios y no logran establecer las garantías necesarias”, señala el documento.
El asunto de la censura como medio de presión sobre los medios de comunicación, para que se abstengan de publicar cierto tipo de información, o la divulguen maquillando los datos contenidos en los informes periodísticos, quizá es tan antiguo como el oficio mismo. Sin embargo, no por ello el tema pierde importancia, menos aún en un mundo globalizado y mediatizado como el de nuestros tiempos.
Hoy gozamos del derecho a la libertad de expresión y de información, que tiene un carácter universal porque de ella gozan todas las personas, sean o no periodistas.
Sobre tan sensible tema, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entregó la semana pasada el informe titulado ‘El precio del silencio’, que revela la tendencia de los funcionarios públicos en Latinoamérica de utilizar la publicidad oficial y otro tipo de presiones, para incidir en la actividad informativa de los diferentes medios de comunicación.
El estudio, efectuado entre enero y octubre de 2007, abarca siete países: Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay. En el caso colombiano los hallazgos resultan preocupantes.
La investigación reveló cuatro tipos principales de censura indirecta: el manejo abusivo de la publicidad oficial para influir en los contenidos, los pagos hechos directamente a periodistas, la asignación discriminatoria de publicidad en favor de aliados políticos y el uso de la publicidad con fines propagandísticos.
De acuerdo con el informe, la modalidad más común para abusar de la publicidad oficial en deterioro de la libertad de
expresión consiste en su asignación o retiro para beneficiar medios de comunicación y periodistas afines a los intereses gubernamentales o para castigar a los críticos, y condicionar, de este modo, contenido y cubrimiento periodísticos.
El caso colombiano
En declaraciones a la FLIP, Darío Fernando Patiño, director de noticias de Caracol Tv, relató que los directores de prensa de altos funcionarios colombianos suelen llamar a los periodistas a la jefatura de redacción y a los dueños de los medios para influir en la formulación de los titulares o el contenido de una noticia, o para requerir que determinada información no sea publicada. “Sí, hay reclamos. Y la manera como ese reclamo es más eficiente, es llamando al superior de uno. Cuando le quieren hacer sentir al periodista que hubo una molestia y que uno debe asustarse, es cuando llaman al superior”.
De acuerdo a la FLIP, en varias regiones del país se detectó que es común que los propios periodistas soliciten contratos publicitarios a funcionarios del Gobierno.
Una explicación posible a este fenómeno es que los salarios suelen ser muy bajos o en algunos casos inexistentes, y la mayor parte de sus ingresos provienen de los espacios publicitarios que ellos mismos logran vender al Gobierno.
En cuanto a la asignación discriminatoria de publicidad oficial a medios favoritos y aliados políticos, la investigación pone el ejemplo de las mediaciones hechas entre 2005 y 2007, las cuales mostraron que la Administración del presidente Álvaro Uribe realizaba asignaciones publicitarias regulares y sospechosamente elevadas a un periódico económico de circulación nacional, que suele ser favorable a las políticas de dicho gobierno. Ese medio de comunicación escrito no se encuentra en los primeros puestos de lecturabilidad.
En 2007, la Alcaldía de Barranquilla otorgó aproximadamente un 34% del presupuesto publicitario correspondiente al primer trimestre del año a dos periodistas radiales, a pesar de tener bajos niveles de audiencia.
El Espectador habló con el periodista cartagenero Carlos Ardila, panelista en el evento de presentación del informe de la FLIP, quien aseguró que en la capital de Bolívar es muy usual que se den este tipo de fenómenos. “Se presentaron las investigaciones y los casos Barranquilla y Cartagena son gravísimos. Yo mostré algunas experiencias en Cartagena del
periodista que presiona al funcionario hasta que él le da pauta. Acá hay varios casos de éstos, por ejemplo, la actual alcaldesa ha optado por no dejarse extorsionar, pero eso le ha traído varios problemas durante su gestión, pues algunos periodistas han tratado de deslegitimarla”.
Ardila ha tratado varias veces el tema en algunas publicaciones de la revista El Metro, en las que asegura que así como es importante mostrar de qué forma influyen los gobiernos en los periodistas, también es propio mostrar aquellos casos en los que sucede lo contrario, como el de la alcaldesa. En la edición número 8 de El Metro, Ardila expuso el caso de los pagos por casi noventa millones de pesos por servicios publicitarios realizados por la pasada Administración de Cartagena a Germán Teherán Montes, un periodista radial, que de acuerdo con la publicación, “ha tenido un altísimo grado de sumisión hacia el ex alcalde Curi y varios de sus funcionarios, y su absoluta carencia de sentido de las proporciones al momento de atacar, e incluso injuriar, a cualquiera que se atreviese a cuestionar a sus generosos contratantes”.
El Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Eduardo Márquez, también se ha pronunciado al respecto. En el marco del Congreso 101 de la Unión Nacional de Periodistas de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, realizado en Belfast a mediados del mes de abril, Márquez aseguró que “el dinero que los colombianos pagan en impuestos se utiliza para extorsionar a buena parte de los periodistas con la publicidad estatal, acabar su independencia, degradar la calidad de la información, desinformar a los ciudadanos y debilitar aún más a nuestra frágil democracia”.
El tema es motivo de debates jurídicos en cuanto a la normatividad que rige este tipo de casos. De acuerdo con el informe presentado por la FLIP, no existen normas ni en Colombia ni en ninguno de los otros seis países objeto de estudio, que prohíban específicamente la discriminación ejercida sobre la base del punto de vista del medio. “Los marcos jurídicos que rigen la compra de publicidad por parte del Estado en todos estos países resultan insuficientes e inadecuados: carecen de reglas y criterios y no logran establecer las garantías necesarias”, señala el documento.