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Un intenso pulso de poderes, tanto públicos como privados, se desató ayer por cuenta de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de dictar medidas cautelares a favor de Caracol TV y RCN, los canales de televisión privada del país, para que sus señales sean retransmitidas previa autorización por los operadores de televisión por suscripción o cableoperadores.
Pero aquella decisión, que prácticamente había causado un cisma al interior de la industria, fue respondida por la solicitud de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), el ente que rige al sector, de solicitarle a la SIC la suspensión de las medidas cautelares porque, a su juicio, afectan el derecho de los televidentes al acceso a la información. Dicha petición, además, vino acompañada con la propuesta de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) revise el acuerdo 002 de 2006 que expidió en su momento la Comisión Nacional de Televisión.
De esta forma, sobre la mesa están puestas las condiciones para que se dé un auténtico choque de trenes, teniendo en cuenta que las decisiones de la SIC tienen carácter judicial y las de la ANTV, que no decidiría de fondo hasta que las medidas a favor de Caracol y RCN se suspendan, son de validez administrativa. Y, de por medio, están los derechos de todos los televidentes del país.
En la disputa también intervinieron los organismos de control: la Contraloría General de la República le hizo un llamado a Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, para que garantice, ante todo, el libre acceso de los colombianos a la televisión pública; por su parte, la Defensoría del Pueblo abogó por el libre acceso a los contenidos del Mundial de Fútbol 2014, cuyos derechos de transmisión para Colombia, en señal abierta, están en manos de los canales privados.
La intervención de diversos organismos del estado en un desacuerdo privado deja en evidencia la alta trascendencia que tiene para el país. Dicha disputa se originó en febrero pasado cuando los canales privados, al considerar que no estaban obteniendo ninguna compensación por su señal high definition (HD, o de alta definición, cobrada al usuario como un beneficio adicional) por parte de los cableoperadores, como sí ocurre en toda la industria, plantearon un cambio en las condiciones del negocio.
Su pretensión está amparada en la Decisión Andina 351, de carácter vinculante a la legislación colombiana, que avala a los organismos de difusión (en este caso, tanto Caracol como RCN) para que decidan quién puede o no difundir sus señales y bajo qué condiciones. Sin embargo, los operadores (en este caso Claro, Telefónica, Une y DirecTV) se opusieron al considerar que la legislación interna obliga tanto a canales como a operadores a garantizar la condición must carry, o sea, garantizar el acceso a la señal (sin distinción de calidad) y su transmisión de forma gratuita.
El desacuerdo derivó en la salida de la señal HD de Caracol y RCN de la parrilla por suscripción, en varios foros organizados por la ANTV para evaluar el impacto de esta situación y definir mejor las acciones a tomar, en demandas ante la SIC que se fallaron a favor de los canales privados y en la decisión del ente regulador de amparar sus señales.
Todo esto con el Mundial de Fútbol Brasil 2014 como telón de fondo. De allí que, ante la oferta de Caracol y RCN de mantener de forma gratuita su señal hasta el último trimestre de 2014, viniera el rechazo de los cableoperadores consignado a través de un comunicado, dejando la puerta abierta para una eventual salida de sus señales análoga y HD de las parrillas de programación.
Esas diferencias se mantienen. “Vemos que, tras 15 años de un modelo exitoso, se quieren cambiar unas condiciones diseñadas en ingresos de pauta para los canales privados y en cobros por usuario para los cableoperadores. La mejor forma de dar ese paso es a través de un diálogo consensuado, no de medidas cautelares”, le dijo Alfonso Gómez, presidente de Telefónica Colombia, a El Espectador.
Asimismo, Juan Carlos Archila, presidente de Claro, expresó: “La decisión de la SIC debe ser acatado, por lo que esperamos notificarnos. Ahora, los canales nos han dado una autorización de retransmisión pero con condiciones, con las que no estamos de acuerdo”.
Por su parte, Jorge Martínez, Secretario General de Caracol TV, expresó: “Ante todo, los operadores deben garantizar la recepción de los canales abiertos a todos sus usuarios y no condicionar su acceso al pago de las demás señales de la televisión cerrada. Esa obligación es la que han incumplido de manera reiterada por más de 15 años, sin que el Estado a través de sus autoridades haya tomado cartas en el asunto”.
La atención tanto de la industria como del país, recae sobre Robledo, quien, a pesar de haber defendido el derecho de Caracol y RCN a dictar las condiciones sobre la retransmisión de sus señales, deberá primero resolver la petición de la ANTV.
dmayorga@elespectador.com
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