El agente del Estado de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Germán Saltrón, negó que la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) respondiera a la línea editorial del medio.
"No ha sido por la línea editorial, es para darle paso a una emisora donde estén presentes los valores nacionales. Las televisoras no tienen valores, de hecho las televisoras en lugar de informar lo que hacen es desinformar, y en vez de crear valores dan antivalores", señaló Saltrón.
El agente del Estado adujo que la puesta al aire de novelas sobre narcotraficantes está fomentando conductas delictivas en la sociedad.
"Todo el aumento de la inseguridad social la tiene, en parte, la televisión que da antivalores", apuntó.
El caso se remonta al 28 de mayo de 2007, cuando el Gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, fallecido en 2013, decidió no renovar la concesión de RCTV, lo que obligó al medio a dejar de transmitir como estación de televisión abierta.
Saltrón expresó que el Gobierno no tiene por qué dar razones, ya que así como otorga una concesión, tiene el mismo criterio para revocarla.
"Los intereses es que esa televisora (RCTV) era la que tenía mayor cobertura, de mayor alcance y como la idea de la Constitución dice que debe existir una televisora que cumpla la razón social de los medios de comunicación, entonces había que necesariamente utilizar esa frecuencia", dijo.
Saltrón afirmó que esa frecuencia debe fomentar los "supremos intereses" relacionados a la historia, la geografía y la educación.
Según la demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación significó violaciones a la libertad de expresión de los accionistas, directivos y periodistas de RCTV.
El Estado venezolano además incumplió las obligaciones sustantivas y procesales que tenía en materia de asignación y renovación de concesiones, de acuerdo a la demanda.
Según la Comisión, la decisión de no renovar la concesión se debió a la línea editorial del canal.
Este es el último caso de audiencia pública a la que tendrá que asistir el Estado venezolano, que en septiembre pasado hizo efectiva su salida de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por decisión del fallecido presidente Chávez, quien acusó al sistema de estar manipulado por Estados Unidos.
"Afortunadamente, éste es el último caso. Esta Corte está pervertida. Desde que llegó al poder el presidente Chávez en 1999 en los últimos 15 años se han dado 16 sentencias contra el Estado, mientras que antes de esa fecha se presentó solo uno. Ahí se ve el desequilibrio", indicó Saltrón.