Dos expresidentes de la Corte responden a Uribe

Se refieren a las nuevas afirmaciones del hoy senador en contra de la Corte Suprema, que acaba de condenar a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y al exsecretario Alberto Velásquez, por comprar el voto de Yidis Medina a favor de la reelección presidencial de 2006.

“Si por la defensa de la justicia me corresponde otra terapia de choque, bienvenida sea”, dice Ibáñez. / Cristian Garavito

Al rechazar la condena a dos de sus ministros y a uno de sus secretarios, Álvaro Uribe criticó el fallo según el cual hubo una organización criminal en su gobierno. Y dijo que habría que preguntarse, más bien, si el concierto delictivo no se encontraría en la Corte Suprema. Usted integró esa corporación, ¿qué opina? (Lea: Uribe de nuevo sugirió que la Corte Suprema estaba interferida por narcotraficantes)

Inexplicable que la responsable de esos hechos ahora resulte ser la Corte, cuando fueron las pruebas las que permitieron llegar en aquella época y ahora a las conclusiones de sentencia condenatoria. No olvide que el cohecho es un delito bilateral: es tan culpable el que recibe y acepta la promesa, como quien lleva la iniciativa. Y todo ocurrió a efecto de permitir la reelección presidencial. Recuerde también el caso de las chuzadas, la utilización del DAS durante todos esos años, el propio cohecho para alcanzar la reelección presidencial a nombre propio. Pienso en su pregunta y digo: verdad, ¿no sería un caso de concierto? En fin, ¿cómo se llama eso?

El senador Uribe volvió a recordar sus frases de presidente: “la Corte fue interferida por ‘los narcotraficantes’ Giorgio Sale y Asencio Reyes”. ¿Usted cree que el crimen organizado logró contaminar a la Corte Suprema?

Lo que se puede deducir del episodio, y así consta en los procesos, fue que los seguimientos efectuados por el DAS (de donde salieron tales versiones) constituyeron una incorrección con consecuencias penales. Así lo determinaron las sentencias. En su época, se esperaba que se tratara de rumores malintencionados pero, con pesar, hubo que registrar que todo era cierto. Pesar para las instituciones y para la justicia, entre otros, que fueron víctimas de lo sucedido con el agravante de que, en ese momento, la Corte estaba descubriendo el asalto al poder más terrorífico de la historia del país: el de la parapolítica. La persecución fue el precio, pero aún resuenan los hechos que la Corte sentenció. Y respecto de si el crimen organizado la contaminó, he de decir que no conozco a los personajes mencionados pero, según se ha publicado, el señor Asencio Reyes fue absuelto y el señor Giorgio Sale, que falleció, jamás fue denunciado por algún trato espurio con la Corte.

En su protesta ante el Senado, el expresidente ubica la sentencia a sus exministros y secretario en el contexto de una persecución judicial tal como lo ha hecho antes. ¿Cómo desvirtuar esa afirmación, que puede encontrar eco internacional?

Ha ido haciendo carrera esa tesis, pero no hay que confundir “persecución” con el descubrimiento y prueba de los hechos que están siendo judicializados. ¿No le parece curioso que en el proceso contra los ministros, la decisión de condena haya sido adoptada por magistrados distintos a los de la época del enfrentamiento que menciona? ¿Cuál podría ser la persecución de quienes no poseen ninguna relación con lo decidido antes? En cada caso hay operadores judiciales diferentes, hasta en la Fiscalía. Ese argumento tiene efecto en una parte de la gradería, pero la única “persecución” que se ha dado es la de la ley. Tampoco creo que tal afirmación haya tenido eco en el contexto internacional. La denominada persecución judicial solo es un discurso político. Nada más.

De acuerdo con lo que se infiere de la sentencia, el expresidente fue el determinador de los delitos cometidos por sus subalternos. Usted, que sabe cómo se toman decisiones judiciales, ¿con base en cuáles hechos objetivos se puede llegar a esa conclusión?

No creo que la Corte se aventure a un planteamiento de tal dimensión —entre otras cosas porque no es su juez natural— si no tuviera argumentos de peso. Lo cierto es que la Sala Penal debió decidir. No sobre una prueba, sino sobre un caudal probatorio total. Por tanto, su sentencia se debe acatar. Es un principio que garantiza el Estado de derecho y, por supuesto, la democracia. No se puede ir deslegitimando las decisiones de las cortes porque no gusten o porque no den la razón desde el punto de vista político.

Las reiteradas expresiones del expresidente contra la actual Corte, cuando han pasado entre 9 y 11 años de la yidispolítica y el escándalo del DAS, ¿significan que el pleito del senador Uribe con la justicia no ha concluido?

Sí, eso parece. Este episodio no le hace bien a nadie. La justicia debe ser respetada, como la hicimos respetar en su momento. Pero todo indica que existe una tendencia con réditos políticos, según la cual, la ley no reside en lo que dice la norma sino en lo que una persona quiere que sea. Y como la justicia no conoce esos códigos tan raros y encriptados, pues se plantea un enfrentamiento inoficioso pues su función sigue siendo la misma y las protestas servirán ante el público, pero no ante los condenados o investigados.

Con esta reedición de la confrontación Uribe-justicia, los miembros de la anterior Corte Suprema, usted entre ellos, ¿se sienten otra vez “perseguidos” o no le dan importancia a lo dicho por el exmandatario?

Cuando se repite siempre lo mismo, la persecución de que podríamos ser destinatarios se desdibuja. Da, más bien, grima. Varias ideas me surgen por su pregunta: una, esperar, como siempre, a ver si se produce una reacción, no propiamente de cancillería. Dos, resignarse frente a lo que se afirme que es, básicamente igual, y ante lo que no se puede reaccionar judicialmente debido a que existe inmunidad parlamentaria. Tres, no creo que el denominado uribismo en pleno desee confrontación: personalmente he gozado de la amistad de varios de sus seguidores. Cuatro, el Estado sabe que los riesgos por las funciones que se ejercieron en la Corte no han quedado, propiamente, en el asiento de magistrado.

¿Y si se presentara otro choque?

Si por el hecho de abogar por la defensa de la judicatura y por el respeto a las decisiones judiciales me corresponde otra terapia de choque, pues bienvenida sea. Seguiré pensando igual.

 

El ataque del senador Uribe

Según el senador Álvaro Uribe, quien esta semana aprovechó el escenario del Senado para expresar su ira contra la Corte Suprema por la condena que profirió en contra de sus ministros del Interior y de Salud, Sabas Pretelt y Diego Palacio, y de su secretario Alberto Velásquez, la Sala Penal que emitió el fallo no se basó en hechos, sino en “las mentiras” de Yidis Medina. También aseguró que ese alto tribunal publicó su sentencia el mismo día en que él estaba criticando al gobierno Santos por los asesinatos de los 10 soldados. Sugería, así, que hubo motivaciones políticas. Se quejó, además, de que la Corte no quiso escuchar su testimonio a favor de sus exfuncionarios. Sin embargo, según sus frases exaltadas, la afirmación que más le molestó en el comunicado en que esa corporación anunció su decisión, fue la que se refería a la “organización criminal” que, de acuerdo con el análisis de los magistrados y conjueces, se conformó en su gobierno para conseguir la aprobación del proyecto de reforma que permitiría su reelección inmediata. Dijo el exmandatario: “Vamos a preguntar dónde la había, si en el gobierno que preguntaba por lo que sucedía, o allí (en la Corte) que estaban interferidos por narcotraficantes”. Uribe también acusó a ese alto tribunal de pedir un golpe de Estado en su contra y de prevaricar.

Otra Sala Penal

Pese al ataque del expresidente Uribe a la Corte Suprema por la decisión de ésta, de condenar a los dos exministros y al exsecretario de Presidencia del primer gobierno del hoy senador, la Sala Penal que tuvo el proceso en sus manos no es la misma que tuvo que enfrentarse con el mandatario de entonces. De los nueve miembros que la integran, sólo cuatro participaron en su estudio porque el resto se declaró impedido. Quienes conocieron el caso de la responsabilidad de los exfuncionarios en la yidispolítica y decidieron junto con cinco conjueces (abogados externos a la Corte que actúan como reemplazos de los titulares), las penas que deberán pagar los procesados, llegaron a sus magistraturas cuando la confrontación con el exjefe de Estado ya era historia. Ellos son: José Luis Barceló, ponente de la decisión y actual presidente de esa sección; Fernando Castro, Gustavo Malo y Luis Guillermo Salazar. Los conjueces que fueron seleccionados al azar, de una lista previa que existe en los altos tribunales, fueron: Luis Bernardo Alzate, Abel Darío González, William Monroy, Julio Andrés Sampedro y Luis Gonzalo Velásquez. Los dos ministros fueron condenados por el delito de cohecho a 80 meses de prisión (7 años) y el exsecretario Velásquez, a 60 meses (5 años). Los tres fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos durante 9 y 7 años.

(Lea: “Es una infamia”: Jaime Arrubla)