''Ese sí era un desbalance 'monstruoso''': Angélica Lozano

Afirma la representante sobre la propuesta del superministro Néstor Humberto Martínez a la Comisión Primera de Cámara la semana pasada.

“Las cortes… iban a controlar, totalmente, las decisiones más trascendentales de la administración de la justicia”, advierte Angélica Lozano. / Gustavo Torrijos
Después de la tan comentada discusión por “la monstruosidad” que se iba a aprobar en la reforma al equilibrio de poderes, según calificativo del “superministro” Néstor Humberto Martínez, los ciudadanos del común no supieron quién tenía la razón entre él, usted que lo enfrentó y los ministros del Interior y Justicia que parecían estar en la otra orilla del Gobierno ¿Quién ganó? 
 
Ganó, sin duda, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, porque terminó siendo la voz definitiva en el artículo que causó la polémica, voz de la que había carecido hasta ese momento por esa rareza institucional denominada “superministro” que trastoca las competencias de las carteras ministeriales; ganaron los jueces, los magistrados de tribunales y los demás empleados judiciales que no tenían voz ni voto y quienes iban a participar en el Consejo de Gobierno de manera limitada, si se hubiera aprobado la propuesta del doctor Martínez, pero que ahora lo harán a plenitud. Ganó la reforma misma, aunque no sea perfecta, y hasta ganó el Congreso, que pudo sacudirse del temor a las presiones externas y que logró, por primera vez en mucho tiempo, apoyo de la opinión pública.
 
Al fin, ¿se aprobó la participación de “los abogados litigantes”, motivo por el cual el doctor Martínez denunció que usted tenía interés en incluir a ese grupo de particulares en el manejo del presupuesto de la justicia?
 
Primero, permítame decirle que no fui yo quien incluyó el sector de los abogados en el Consejo de Gobierno Judicial. Esa propuesta se discutió en el Senado y llegó así a la Cámara. Segundo, en la propuesta que el propio superministro llevó para reemplazar la nuestra también figuraban los abogados litigantes. Tercero, se definió y aprobó en la Comisión Séptima que estos abogados participen tal como lo hará la academia. Una ley posterior a la reforma deberá reglamentar cómo y en cuáles temas podrán intervenir tanto los unos como la otra. En todo caso, ninguna de estas personas podrá tomar decisiones en materia presupuestal y no incidirá en la planta de personal o en la aplicación de los concursos de selección de funcionarios. No queda duda de que no quebrantarán la autonomía judicial, el argumento de algunos para oponerse a su inclusión en el Consejo.
 
Al margen de si el superministro contradijo a sus compañeros de gobierno, parece sensato discutir qué harían y por qué deberían estar en un Consejo de administración judicial unos abogados con intereses particulares.
 
Como le dije, esa idea se discutió en el quinto debate, en la Comisión Primera de Senado, por iniciativa del Gobierno y de su coalición en el Congreso. Retomaron opiniones de expertos escuchadas en las audiencias públicas. Hay que advertir que la participación de la academia y de los litigantes no está reglamentada aún y que habrá que surtir un proceso de maduración de la idea antes de ponerla en práctica.
 
Si se empezó a discutir en el quinto debate, ¿no puede alegarse falta de “consecutividad” (continuidad en los temas tratados)?
 
No. La idea concreta se introdujo en la ponencia del quinto debate, pero desde el comienzo se discutió la necesidad de crear colegiaturas de abogados y de que éstas se articularan con las universidades para que entre los dos sectores externos se pudiera ejercer un control ciudadano real sobre el funcionamiento de la rama. Esto explica el interés público en que estén en el Consejo.
 
Adivino que la pelea para restringir el número de miembros y el poder interno de quienes harán parte del órgano que administrará los recursos de la justicia reside en que manejará su billonario presupuesto ($3 billones) y podrá escoger a las personas que ocuparán alrededor de 30 mil empleos.
 
Así es. El superministro proponía siete miembros para el Consejo de Gobierno: los tres presidentes de las cortes, un representante de los jueces y magistrados de tribunal y otro de los empleados judiciales. En la propuesta del doctor Martínez, los dos últimos no iban a participar en la elección de los dos miembros restantes de ese órgano: unos expertos en administración que habrían sido —de haberse aprobado el texto del superministro—, de libre nombramiento y remoción. 
 
Entonces, ¿quién iba a elegir a los expertos?
 
Los tres presidentes de las cortes, exclusivamente.
 
¿Por qué le parece equivocada la propuesta de restringir su número y la participación de los representantes de los jueces y empleados en la elección de los expertos?
 
Hay 5.500 jueces y magistrados de tribunales superiores. Los empleados judiciales son 25.000. Los togados de altas cortes son 72. Los dos primeros sectores tendrán a un representante por cada uno. Las cortes van a tener tres, e iban a controlar, totalmente, las decisiones más trascendentales de la administración de la justicia. Ese sí era un desbalance monstruoso, para hablar en los términos del superministro. Tal como quedó aprobado, sin embargo, se garantiza un mayor equilibrio. Lo contrario era crear un gobierno judicial de élite, ajeno a la gran mayoría de la rama y al país que ya no cree en sus jueces. Además, si sólo los presidentes de las cortes pudieran elegir a los expertos, éstos se convertirían en sus subalternos, porque les quedarían debiendo el cargo y tendrían gran vulnerabilidad laboral: sin período fijo y siendo de libre nombramiento y remoción, terminarían haciendo lo que les pidieran sus electores.
 
Pero el superministro negó que él hubiera llevado una propuesta como la que usted describe. 
 
No tiene sentido que lo niegue. Tengo la prueba: el texto que me entregó su asesora con permiso de su jefe.
 
¿Cómo quedó integrado, finalmente, el Consejo de Gobierno, es decir, cómo se aprobó en la Comisión Primera de la que usted forma parte? 
 
Con nueve integrantes: los tres presidentes, un representante de los magistrados de tribunal y jueces, uno de los empleados, tres expertos y el gerente de la rama. Todos, salvo los presidentes de los altos tribunales cuyas cortes los cambian anualmente, contarán con un período fijo de cuatro años. Si bien es cierto que los primeros cinco elegirán a los últimos cuatro, éstos tendrán, fuera de estabilidad laboral, plena voz y voto.
 
El analista y director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, pidió hundir la reforma si la administración de la justicia quedaba concentrada en los tres presidentes. Dijo que si eso se aprobaba, se estaría defendiendo el “corporativismo” sin vigilancia ni control externo ¿Qué piensa sobre la posición de Uprimny? 
 
He coincidido con él en muchos de sus criterios y me parece que su participación en el trámite de esta reforma la ha enriquecido. Según como se desarrolle la ley que reglamentará estas materias, las objeciones del director de Dejusticia seguirán teniendo validez o quedarán desvirtuadas. El interés del grupo de congresistas que ha estado trabajando la reforma y de los miembros de la sociedad civil, como el doctor Uprimny, es garantizar que haya rendición de cuentas por parte de los administradores de la justicia a los ciudadanos. Tal como está aprobada la reforma hoy, las puertas al control social de la rama quedan abiertas. No es el proyecto ideal, pero se avanza respecto de la situación actual.
 
Cuando se aprobó el nombramiento de un gerente se exigió, con razón, que el elegido tuviera 20 años de experiencia y se pidió el mismo requisito para los tres expertos. ¿Por qué, en la ponencia que se votará esta semana, ese requisito se disminuyó a 15 años? 
 
En séptimo debate se aprobó el requisito de 20 años para el gerente y los expertos, pero desafortunadamente se redujo a 15. Y no sólo para ellos, también para quienes aspiren a ser magistrados de las cortes. Igualmente, se eliminó el piso de 50 años de edad para que los togados pudieran postularse a los altos tribunales con la finalidad de que cuando terminaran su período se jubilaran o llegaran a la academia. Por lo que se ha visto y criticado en los medios de comunicación no es sano que los exmagistrados regresen al litigio o se dediquen a hacer relaciones públicas con quienes fueron, precisamente, sus compañeros de trabajo. Sin embargo, la votación mayoritaria de la Comisión Primera fue la de la reducción de esos requisitos. No la compartí y por eso dejé escritas mis salvedades. 
 
Con sólo 15 años de experiencia, cualquier abogado puede llegar a una corte de 40 o 42 años de edad. ¿De dónde surgió esta fórmula que contradice la argumentación inicial de la reforma, lo mismo que la de la desaparición de un tope de edad mínima para el ingreso al Palacio de Justicia?
 
Desapareció sin mayor debate ni argumentación. Esa es la verdad. Era de los mejores cambios que se proponían y, aunque se mejora la situación actual pues el requisito para llegar a los altos tribunales es de sólo 10 años de experiencia hoy, lo que va a aprobarse es insuficiente. En cuanto a la edad límite de 50 años para ser magistrado hubo discusión, pero perdimos cuando se votó. Algunos argumentaron que se podrían violar derechos fundamentales, como el del trabajo. La propuesta de llevar la edad de retiro a 70 años tampoco prosperó. Según se dijo, ese tema es de la ley y no de la reforma. 
 
Pasando a otros puntos, ¿cómo explica que en el último debate que se hará esta semana en la plenaria de la Cámara aparezca, como de la nada, la reelección de contralores y personeros departamentales y municipales después de que la motivación central para adelantar la reforma de equilibrio de poderes era la eliminación de la figura de la reelección de todos los servidores públicos? 
 
Lo que se logró en el nivel nacional (eliminar la reelección del presidente de la República y del procurador general) lo perdimos en el nivel regional. La reelección de personeros y contralores locales es un manjar para la clase política tradicional que hoy elige a esos funcionarios mediante sus concejales y diputados. Por supuesto, esta forma de elección destruye la posibilidad de que los contralores y personeros, que ejercen cargos de control fiscal y disciplinario, tengan independencia o efectividad en su labor de control del Ejecutivo. La propuesta votada en el Senado consistía en elegirlos por concurso. Pero la Cámara aprobó su reelección y forma de elección a pesar de que es incongruente con la desaparición de la reelección presidencial.
 
También está viva, y seguro que no habrá forma de eliminarla, la posibilidad de que los congresistas sean ministros, sin mediar un período de inhabilidad.
 
En ese punto la reforma falla: si estamos poniéndoles controles a los magistrados para impedir que pasen de una corte a otra, ¿cómo se explica que, en cambio, los congresistas puedan salir del Legislativo para el Ejecutivo sin ningún impedimento? La autonomía, ya mermada, de los parlamentarios quedará más reducida dada la expectativa de llegar a un ministerio. Si el control político al gobierno hoy es deficiente, imagínese cómo será de ahora en adelante. 
 
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¿El presidente jugó  a favor y en contra?
 
La pelea entre los pesos pesados del Gobierno (Néstor Humberto Martínez vs. los ministros Juan Cristo y Yesid Reyes), las cortes vs. el Congreso, y el resto de la Rama Judicial vs. todos los anteriores por la reforma al equilibrio de poderes no ha concluido. Esta semana se dará el penúltimo round, cuando la plenaria de la Cámara vote su texto definitivo. Después vendrá la conciliación entre Senado y Cámara. Mientras tanto, muchos se preparan para asestar otros golpes: en la justicia se organizan plantones abiertos y lobby secreto. En el mundo político, algunos tienen lista una declaración que apoyará a Martínez: la bancada conservadora dirá que el propio presidente Santos le solicitó a ésta, en una reunión en palacio, que no aprobara la conformación del nuevo órgano que administrará el presupuesto de la rama, como lo solicitó Martínez. Simultáneamente, esa conformación fue acordada por los ministros Cristo y Reyes con los representantes, también con el respaldo presidencial. Y así pareció ser cuando se votó la fórmula que contradecía la exigencia del superministro. Falta ver si el jefe de Estado jugó dos cartas, a favor y en contra, y si terminará perdiendo la confianza de todos. Lo cierto es que por debajo de cuerda hay todavía mucho juego sin destapar.
 
“190 años sin Dios ni Ley”
 
Con todas las limitaciones y recortes que se le anotan a la reforma al equilibrio de poderes, ¿sigue apoyando su aprobación o cree que debería  hundirse como lo piden algunos? 
 
Por nada del mundo puede hundirse porque mejora varios aspectos y soluciona un grave problema actual: elimina la Comisión de Acusación que nunca funcionó y le pone investigador y juez a los aforados que desde hace 190 años gozan de juicio político, es decir, no han tenido ni Dios y ley. Pero hay más motivos para apoyarla: la denominada silla vacía hará que los partidos respondan cuando uno de sus miembros incurra en actos de corrupción pues no solo será sancionado el funcionario sino el movimiento que lo postuló: su curul se perderá.  No podrán presentarse, otra vez, casos como los de los concejales del carrusel de la contratación de Bogotá que cuando los metieron a la cárcel, fueron reemplazados por sus compañeros de movimiento. La eliminación de las reelecciones del jefe de Estado y del procurador constituye otro avance. Y sucede lo mismo con  la eliminación de la puerta giratoria y del ‘yo te elijo, tú me eliges’ en las cortes. Por todo esto, vale la pena que la reforma constitucional al equilibrio de poderes sea aprobada.