“Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano”

Afirma la jueza penal Paula Jiménez que adelanta dos de los procesos emblemáticos de la justicia actual: muerte de Andrés Colmenares y carrusel de contratos del exalcalde Samuel Moreno.

“El nuevo presidente de la Sala Administrativa (de la Judicatura) dijo que lo lamentaba pero que no podía darnos ninguna solución”, dice Paula Jiménez. / Luis Ángel - El Espectador

Usted es la jueza que tiene en sus manos la decisión de condenar o absolver a las universitarias Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte del estudiante Andrés Colmenares ¿Cuánto hace que ese caso está en su despacho y por qué llegó allí después de que estaba en otro juzgado?
Llegó a mi despacho en agosto de 2013, es decir, hace año y medio, en virtud de una decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Antes se encontraba en el Juzgado 11 Adjunto de Descongestión pero este fue suprimido, como los demás de descongestión, porque no había más presupuesto público para sostenerlos (Ver parte inferior de la pág).

El caso Colmenares es uno de los más intrincados, judicialmente hablando ¿Cuántos cuadernos y folios tiene el expediente y cuántas pruebas han tenido que realizarse?
Son trece carpetas y alrededor de 4.000 folios (hojas). Cuando llegó a mi despacho, el proceso Colmenares se encontraba en la etapa de audiencia preparatoria y estaban pendientes de definir las pruebas que se practicarían o desecharían en el juicio. Hace un año, en marzo de 2014, empezamos a desarrollarlo y, hasta ahora, se ha escuchado a diez testigos.

Cualquier proceso puede demorarse más de lo previsto porque hay peticiones de los interesados. Creo que ha ocurrido en el caso Colmenares.
Sí. Hubo una solicitud de los defensores de ambas estudiantes, para practicar una prueba sobreviniente. La ordené pero mi decisión fue apelada por la Fiscalía y por la familia Colmenares por lo cual se suspendió el juicio mientras el Tribunal Superior de Bogotá fallaba sobre el tema. Eso ya ocurrió. Entonces acabo de citar a las partes para poder seguir adelantando el juicio.

Entonces ya no habrá más dilaciones ¿Cuándo calcula que podrá tomar una decisión final?
Ya no depende solo de lo que ocurra en el proceso. Con mi nueva situación de carga laboral no puedo garantizarle que fallaré en un tiempo preciso ni mucho menos que este sea corto. Lo que sí le puede asegurar es que no durará menos de año y medio más.

¿Cómo? ¡El estudiante Colmenares murió hace cerca de cinco años y el proceso penal se inició hace cuatro!
Cierto. Primero, la investigación en la Fiscalía duró más de dos años. Después pasó a mi juzgado pero como me asignaron uno de los procesos del exalcalde Samuel Moreno, trasladaron este caso al juez de descongestión. Cuando ese juzgado fue suprimido, volvió a mi despacho. Y, ahora, en momentos en que voy a iniciar el juicio, me asignaron cerca de 211 casos más que estaban en otros juzgados de descongestión que también fueron eliminados el 31 de diciembre, hace dos meses.

¿Cuántos procesos dependen, hoy por hoy, de usted?
Como le dije, me acaban de llegar alrededor de 200 y mi despacho ya tenía otros 40. Por si fuera poco, me incluyeron en el sistema de reparto lo que significa que continuarán asignándome más procesos cada día, y también acciones de tutela y habeas corpus. Es imposible que un ser humano pueda desempeñar bien su tarea con toda esta carga encima.

¿Cuándo le entregaron ese voluminoso número de procesos?
El 13 de enero de este año cuando regresamos de vacaciones.

Antes de seguir comentando su imposible carga de trabajo, déjeme preguntarle una curiosidad: los apoderados del caso Colmenares son dos de los penalistas más mediáticos del país pese a lo cual usted los mandó a sitio de reclusión ¿Era consciente de que arriesgaba su carrera dado el poder social de esos abogados?
Cada uno de esos juristas interpuso una queja contra del otro, sustentada en pruebas y en argumentos de hecho y de derecho. Ellos relacionaron la orden que había proferido el juez que me antecedió sobre la prohibición de referirse en los medios a esas pruebas y a la presunta responsabilidad de las acusadas. Como quiera que las dos quejas estaban legalmente sustentadas, se surtió el trámite y decidí, en derecho, las dos sanciones.

¿No le dio temor que su futuro laboral se afectara?
Sí, pero soy una juez y tengo que proceder en derecho.

Además de las dificultades de ese caso, a usted también le asignaron uno de los que enfrenta el exalcalde Samuel Moreno ¿Cuál es?
El proceso matriz por el asunto de la malla vial de la calle 26 y de la cesión del contrato 137 del año 2007 para la construcción del corredor de Transmilenio.

Ese proceso debe ser todavía más complicado…
Si, lo es: en el despacho está hace tres años; tiene alrededor de 20 carpetas y cerca de 5mil 500 folios, y las partes han pedido más de 5 mil 500 pruebas para lo cual hemos tenido que destinar hasta hoy, unas 150 audiencias de días enteros, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Faltan por practicarse unas sesiones de audiencia más y después, deberé elaborar el auto de pruebas. Y este es todavía más dispendioso.

¿Por qué?
Porque es la providencia base del juicio oral y el juez debe referirse allí, a una por una de las pruebas explicando por qué la admite o por qué la rechaza. En el proceso del exalcalde Moreno es todavía más difícil por el detalle que exige, por la complejidad de las pruebas, por los delitos que se están investigando, todos contra la administración pública: peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos, cohecho y concusión; y por su objeto, que está en cerca de catorce contratos, cada uno con sus otrosí.

Entonces ¿cuánto tiempo necesitará usted para escribir ese documento?
Hasta el 18 de diciembre, cuando salimos a vacaciones colectivas de la rama, creía que me demoraría tres meses en hacer esa providencia. Pero ahora con la carga que se me impuso y que ya le comenté, calculo que no puedo elaborarla en menos de seis meses. Y eso, mediante un gran esfuerzo y trabajando los fines de semana.

¿Usted estuvo entre los funcionarios que entraron en el paro judicial reciente cuando se estancaron todos los procesos durante tres meses?
No pude ni quise hacerlo por mis responsabilidades, a pesar de que conozco y reconozco todos los problemas que existen en la rama y que me afectan tanto como a los demás jueces y funcionarios judiciales.

El gobierno insiste en que le ha dado billones de pesos en recursos al Consejo Superior de la Judicatura, el órgano encargado de asignar los casos, los implementos, el número de asistentes y auxiliares, etc. ¿Por qué siempre se quejan de que no tienen dinero?
El Consejo de la Judicatura administra el poder judicial y reparte sus recursos. Pero este año nos dijo, no solo a mí sino a todos los jueces que tienen procesos de alta connotación como el carrusel de la contratación de Bogotá, la quiebra de Interbolsa, la contratación y manejo de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes, etc., que no tenía dinero para sostener los juzgados de descongestión o para crear despachos nuevos. Y después empezaron a concentrar trabajo entre los existentes.

Recuerdo que la Sala Administrativa anunció que había nombrado dos funcionarios más precisamente para que apoyaran los juzgados que conocen procesos notables como los que usted tiene ¿Es cierto o no y cuántos despachos recibieron esos nuevos empleados?
Es cierto pero únicamente cuatro juzgados penales del Circuito recibieron a los nuevos funcionarios que son sustanciadores. Esto significa que nos pueden apoyar pero únicamente en los casos de connotación. Mientras tanto nosotros, los jueces, tenemos que celebrar las audiencias y estar todo el tiempo en ellas porque no podemos delegar esa función. Además, es nuestra obligación continuar adelantando los centenares de procesos ordinarios que también esperan justicia.

¿No prescribirán muchos casos con tantos que esperan turno y con el retraso que viene desde hace varios años?
Sí, claro. De hecho, entre los procesos que acaban de entrar al despacho, hay unos de los años 2006, 2008 y 2009 que están próximos a prescribir. Lo único que puedo hacer es repartir mi tiempo entre todos los casos tratando de evitar que haya impunidad.

¿Sabía usted que el ministerio de Hacienda le entregó al Consejo de la Judicatura tres veces en menos de un año, presupuesto para acabar con la figura de la “descongestión” a cambio de que los funcionarios que estaban en ese régimen transitorio pasaran a ser permanentes y que, sin embargo, nada se ha resuelto hasta el momento?
Escuché al ministro de Justicia declarando que si bien se terminaba la descongestión, se darían recursos para ampliar la planta de jueces. Pero no he tenido noticias de que eso esté sucediendo.

Precisamente, el ministro Reyes dijo que la Judicatura es ineficiente y sugirió que el presupuesto no se maneja de manera transparente. Para poner los hechos en blanco y negro, una petición que usted haga sobre reasignación de procesos, planta de personal, implementos, etc., ¿cuánto demora en resolverse aceptándola o negándola?
Es imposible darle respuesta precisa. Desde el año 2012 hasta la fecha he solicitado una medida que consistía en que se creara el juzgado que me ayudara a desarrollar los procesos estándar, como denominamos a los que no son tan complejos, pero no recibí respuesta. Hasta el año pasado, la Sala Administrativa creó despachos similares por tres, cinco o seis meses. Eso no era ideal pues cuando un juez ya estaba empapado de los casos, lo suprimían. Pero, al menos, durante ese periodo se podían adelantar con mucho mayor ritmo y concentración los procesos de connotación. Eso no ocurrirá este año porque a mis colegas y a mí nos infartaron con carga nueva que cada vez se incrementa más y sin posibilidades de solución pronta. Entre tanto, debemos responder, simultáneamente, por procesos tan complejos como los que hemos comentado.

La situación que usted pinta es un desastre ¿Es posible que el “infarto” afecte a todo el sistema judicial?
No puedo hacer ese cálculo. Por mi parte, estoy trabajando bajo las nuevas reglas que me ha impuesto el Consejo Superior. Atender lo que tengo en mi despacho ha requerido un esfuerzo sobrehumano y estoy intentándolo. Mi responsabilidad de juez y mi sentido de justicia me llevaron a aceptar su entrevista a pesar de que nunca he querido hablar con los medios. Y lo hago solo después de haber agotado ante el Consejo todas las vías para evitar el colapso que veo llegar.

¿Cuáles son esas vías?
Como le conté, en repetidas ocasiones le he hecho solicitudes al Consejo. En este mismo periodo el Seccional de la Judicatura ha mantenido una vigilancia administrativa en mi despacho. La magistrada que ejerce tal vigilancia, le solicitó a su superior, el presidente de la Sala Administrativa, que aceptara mi petición ¡Cómo será de complicada la situación que ella está de acuerdo conmigo!

¿Oyeron a esa magistrada y le crearán un juzgado adicional para descargar el suyo?
No. Según entiendo no se creará ni ese juzgado ni ningún otro. Hace poco, varios jueces nos reunimos con el nuevo presidente de la Sala Administrativa (José Agustín Suárez Alba). Lo pusimos al tanto de lo que sucedía y nos contestó que lo lamentaba pero que no podía darnos ninguna solución porque no había recursos.

Es raro, le insisto. Hace apenas ocho días, el ministro Reyes aseguró, en El Espectador, que el gobierno destinó $500 mil millones de pesos para este tipo de casos.
Yo solo le puedo decir lo que estoy viviendo y lo que me han contestado. Apenas soy una jueza más que hace parte del sistema.

No puedo terminar sin hacerle una pregunta clave y espero que me la pueda responder aunque sea de manera general: para ascender en la carrera judicial ¿es necesario tener un padrino, sea este magistrado o político, o pesan más los concursos de conocimientos y méritos?
Soy juez de carrera y tengo mi propiedad en un juzgado de garantías. El Tribunal tuvo en cuenta mi nombre para desempeñar el cargo que hoy ejerzo. Con esto quiero decirle que quienes estamos en carrera, gozamos de una posición laboral sólida: somos independientes y nos debemos exclusivamente a la Constitución y a la ley. No estoy en capacidad de referirme al resto de su pregunta.

 

Jueza de rienda firme

Paula Astrid Jiménez es Juez 11 Penal del Circuito de Bogotá y es conocida entre los funcionarios de la Justicia por su carácter. Su fama ha hecho que le asignen casos de la complejidad del que enfrenta el exalcalde Samuel Moreno. Aunque en los círculos judiciales cuenta con reputación, su nombre se mencionó públicamente cuando cometió un acto de osadía que podía costarle caro, pese a que tenía la potestad jurídica de ordenar el arresto de 48 horas para los dos abogados más conocidos de algunos influyentes medios de comunicación, y de sus directores: Jaime Lombana y Jaime Granados. Ambos penalistas se enfrentan en el proceso por la muerte del estudiante Andrés Colmenares que está en ese despacho. La estrategia de cada uno de los bufetes rivales incluía soltar versiones de prensa que favorecían a sus clientes hasta cuando un juez que antecedió a Jiménez y esta misma, les advirtieron que estaba prohibido referirse al caso en la prensa. Cuando no la acataron, los sancionó. Como era de esperarse, los abogados la denunciaron a su vez, pero la investigación contra ella no ha avanzado y no sería bien recibido que quien pone orden en un juicio, reciba castigo en lugar de los que fomentan la confusión. Jiménez es, además, instructora en cursos de capacitación y es docente en la escuela de la rama judicial.

Esquema de “juzgados de descongestión” hizo agua

La crisis de la administración judicial no es nueva. Sin embargo, sus problemas de gerencia son cada vez más graves. Una de las medidas con que el Estado pretendió encontrar salidas hacia una mayor eficiencia, fue la de nombrar “jueces de descongestión” que son togados investidos de las mismas funciones de los jueces de carrera, pero por un tiempo determinado. Diez años después de que se aplicara esa figura, el Ejecutivo tuvo que reconocer que el remedio resultó peor que la enfermedad. Y que en lugar de ampliar la planta permanente de empleados, tal como lo requería la demanda de justicia de los ciudadanos, lo que hizo fue ahondar el atraso del trámite de los casos. Con la “clientelización” del Consejo de la Judicatura, órgano que dispone cómo se invierte el presupuesto asignado a la rama, la situación de caos ha llegado al extremo. Hoy, el gobierno Santos está decidido a hacer aprobar una reforma que elimine el Consejo, y a crear otro sistema de administración. En solo un año, entre 2014 y lo que va corrido de 2015, el ministerio de Hacienda le ha entregado a la Judicatura: $482 mil millones (enero/14); $170 mil millones (julio/14); $41 mil millones (octubre /14). Y $514 mil millones (enero/15). Pero la Sala Administrativa insiste en que no tiene cómo apoyar a quienes deben resolver los procesos.