“Este gobierno nunca ha presionado a la justicia”

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, habla sobre el enfrentamiento político que crece en el país por las conversaciones de la Habana. Reconoce que aunque se puede pactar la paz con las Farc sin el acuerdo total del establecimiento, “no es el escenario ideal”. Y aunque lanza pullas a la oposición de derecha, admite que hay que buscar fórmulas de acercamiento con ella.

“Puedo asegurarle que los colombianos tendremos paz sin impunidad”, asegura Juan Fernando Cristo. / Archivo – El Espectador

El ambiente político está revuelto por cuenta de los opositores uribistas que decidieron ir al exterior a denunciar que no tienen garantías del gobierno ¿Qué responde?

El Centro Democrático tiene todo el derecho a expresar, aquí y en el exterior, sus diferencias con el gobierno. Pero resulta preocupante que persista en la estrategia de deslegitimar la institucionalidad del país desconociendo, incluso, la autonomía de la rama judicial frente al gobierno. Y, ahora, también pretende afectar la credibilidad de la prensa. Lo que busca, en el fondo, es evitar la acción de la justicia frente a graves episodios que ocurrieron en el pasado.
Álvaro Uribe finalmente reconoció en Twitter que ordenó seguir en el exterior, entre otros, a Piedad Córdoba, cuando ella iba a hacer lo mismo que él hace hoy.

Pero si este gobierno alega ser más demócrata, ¿por qué lo critican a él ahora y por qué el Congreso no autorizó en principio, el viaje de unos miembros del Centro Democrático?

Hasta donde entiendo, el presidente del Senado, José David Name, nunca negó la posibilidad de que ellos fueran al exterior. Creo que hubo confusión y mala interpretación cuando él exigió asistir a las plenarias pero quedó superado y los congresistas de Centro Democrático pudieron viajar el mismo día en que lo tenían planeado. También lo harán, sin problema, cuando vayan a México y Europa. Estoy de acuerdo con usted: no es aceptable negarle ese permiso a la oposición. Recuerdo que, en su momento, Petro, Piedad y todos quienes nos encontrábamos en la otra orilla, tuvimos la posibilidad de expresar nuestras opiniones en el exterior. Pero también tengo presente que las reacciones oficiales fueron exageradas y que nos señalaron con calificativos que jamás han sido ni serán usados por este gobierno.

También hay críticos del proceso que residen en el exterior: los organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch, que dice que aquí se está organizando una “piñata de impunidad”.

Esa afirmación es precipitada e injusta. En la mesa de negociaciones ni siquiera se han abordado puntos como el desarme, la desmovilización y la reinserción social de los integrantes de las Farc que renuncien a la violencia, como tampoco la aplicación de los mecanismos de justicia transicional contemplados en el Marco Jurídico para la Paz. Además, el gobierno ha insistido una y otra vez en que la sostenibilidad de la paz se basa en que los derechos de las víctimas estén garantizados. Puedo asegurarle que los colombianos tendremos paz sin impunidad.

Son múltiples los ataques de los uribistas a la justicia pero, ante todo, a las conversaciones de La Habana ¿Cree que el objetivo central de ese sector es debilitar el proceso de paz?

Jamás un proceso de paz como este había sufrido una oposición tan dura e injusta. El Centro Democrático critica otros frentes del gobierno pero, al final, todos sus desacuerdos terminan en el mismo tema. Ha convertido sus críticas al proceso en la única razón de ser de su partido y ha demostrado ser incapaz de imaginarse un país sin paramilitares y sin guerrilla.

Una cosa es oponerse el proceso. Otra, denunciar por presunta corrupción a todos: columnistas, empresas de medios e, incluso, a Mockus. ¿Esa salida de Uribe esta semana, es parte del mismo plan, según su interpretación?

Sí. Se trata de deslegitimar a todo aquel que no comparta la oposición radical al proceso de paz. Pretender que algunos medios entregan su independencia periodística por mantener unas suscripciones que las entidades oficiales han tenido durante años, o por haber realizado conjuntamente con entidades oficiales foros para debatir aspectos de la paz, es un despropósito. No ahora sino siempre, los gobiernos, las cadenas y las casas editoriales han desarrollado actividades para debatir los grandes problemas del país. En el caso de Mockus, es injusto señalar que su trabajo de más de 20 años en defensa de la vida y la paz, está manchado por ejecutar un contrato en el cual no se comprometió a hacer sino lo que ha hecho toda la vida: cultura ciudadana y pedagogía por la vida. Esos ataques son, más bien, una cortina de humo.

¿Para tapar qué?
Para desviar la atención nacional que estaba concentrada en la entrega de María del Pilar Hurtado y en su posible colaboración con la justicia.

Por coincidencia o por tiempos judiciales y además de la reactivación de los procesos por las chuzadas del Das, ahora hay desarrollos en el caso del hacker Sepúlveda que han tenido incidencia en el excandidato Óscar Iván Zuluaga ¿El gobierno presiona al fiscal para que acelere esa investigación?

Este gobierno nunca ha presionado decisión judicial alguna. A Juan Manuel Santos se le puede criticar por muchas razones pero nadie puede desconocer su talante de demócrata y su respeto a la autonomía e independencia de la justicia. Quienes han hecho esas afirmaciones jamás han presentado indicio alguno de que eso sea cierto. A nadie le debe molestar ser llamado para absolver inquietudes que surjan, sobre todo cuando ni siquiera hay vinculación formal a ninguna investigación.
La oposición de izquierda – el Polo - también se queja: dice que el gobierno está tratando de crear una división en sus filas apoyando a Clara López antes de que ese partido defina su candidatura a la alcaldía de Bogotá.

El gobierno ni ha intervenido ni va a intervenir en las elecciones regionales. Mucho menos en la vida interna de una colectividad a la que respetamos profundamente como partido de oposición, partido que, además, apoya el proceso de paz fuera de las diferencias que tiene con el gobierno en muchos otros temas de la vida nacional.

A propósito de las negociaciones de la Habana y sus polémicos desarrollos, esta semana las Farc anunciaron que no volverán a reclutar menores de 17. A pesar de ser un avance, muchos dijeron que no los satisface ¿No habría que reconocer voluntad de la guerrilla después de varios anuncios que ha hecho y cumplido?

Se trata de otro paso en el ‘desescalamiento’ del conflicto aunque es natural que siempre esperemos más de las Farc. Ese anuncio contribuye, sin duda, a generar un clima de mayor confianza, más allá de la discusión de si la decisión de no reclutar menores debe incluir también a quienes tengan 18 años, pero debe venir acompañado de la intención de devolver a los niños que hoy se encuentran en sus filas. De otro lado, quienes critican el proceso olvidan que si la guerrilla cumple su compromiso como todos esperamos, serán muchos los niños y adolescentes colombianos que se salven de sufrir una guerra.

Hay muchos rumores en el sentido de que los beneficios judiciales que se pacten para la guerrilla en La Habana, cubrirán también a los militares y civiles que hayan cometido crímenes en el conflicto ¿El gobierno estudia esa fórmula?

El gobierno no les ha propuesto beneficios a las Farc. En su momento ese tema tendrá que abordarse en la mesa, ajustado al Marco Jurídico para la Paz que hoy es norma constitucional vigente. Allí también se contempla la aplicación de mecanismos de justicia transicional diferenciados para la fuerza pública que deberán determinarse en la ley estatutaria que el gobierno le presentará al Congreso, una vez se firmen los acuerdos. Recuerde que ese tipo de leyes tiene control previo de la Corte Constitucional lo que garantiza la participación de las tres ramas del poder público en la decisión que se adopte.

Dada la pugnacidad política del país, ¿cree que la paz se puede hacer con las Farc y sin el consenso del establecimiento político y social, dividido ante esa posibilidad?

Sí se puede hacer pero no es el escenario ideal. Me resisto a creer que los escépticos de hoy sean enemigos de la paz. A los críticos hay que invitarlos a un diálogo civilizado y sin descalificaciones ni insultos. Sería muy importante que debatieran sobre lo publicado, que es lo que está aprobado, y no sobre suposiciones.

Usted habla de “diálogo civilizado” pero, ¿no le ha faltado al gobierno mayor convocatoria y humildad para pedirles apoyo a, por ejemplo, los expresidentes de la República?

El presidente los ha convocado una y otra vez y no ha tenido respuesta. Reconozco que ha sido difícil el diálogo con ellos. A veces, uno siente que a algunos les duele que Santos vaya a ser el presidente que firme el fin de la guerra. A esas dificultades, se suma el carácter de discreción que un proceso de esta naturaleza requiere de parte del gobierno como ha sucedido con todos los procesos de paz en el mundo entero. Sin embargo, considero que en aras de conseguir el mayor consenso posible alrededor del valor supremo de la paz, es necesario insistir en la posibilidad de sentarse a encontrar coincidencias con los críticos. Eso debe ser posible.

Fuera de la ley estatutaria del Marco para la paz, ¿cuáles son, para usted, los temas más urgentes que el gobierno debería abordar en la próxima legislatura?

A partir del 16 de marzo comenzaremos la discusión de la segunda vuelta de la reforma al equilibrio de poderes y además están: el Plan Nacional de Desarrollo, la ley estatutaria que garantiza segunda instancia en el juzgamiento de congresistas, la segunda vuelta de la reforma al fuero penal militar, el código de convivencia y seguridad, entre otras iniciativas. En las próximas semanas convocaremos a los partidos de la unidad nacional para definir la agenda completa. En cuanto a la reforma al equilibrio de poderes, el gobierno es consciente de que hay que impulsar un profundo cambio en el sistema de administración de la rama judicial para garantizar eficacia y acceso pleno a la justicia. Pronto iniciaremos la discusión, en segunda vuelta, de esta reforma que contempla, entre otros, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por un organismo más técnico y menos burocratizado, la eliminación de toda forma de reelección incluida la presidencial, y el fortalecimiento del sistema de partidos.

Semana de pugnacidad política

Los siete días pasados fueron de los más pugnaces en materia política. Álvaro Uribe estuvo más activo que de costumbre en las redes sociales y en sus críticas a Santos. En Twitter escribió decenas de mensajes denunciando la presunta corrupción del gobierno que habría “comprado” mediante contratos, a periodistas y columnistas, medios de comunicación y hasta a Antanas Mockus. En cuanto a este último, retomó una nota del conservador David Barguil según la cual la fundación del exalcalde firmó un contrato con la Presidencia para promover acciones de convivencia. Uribe centró sus suspicacias contra Mockus, cuya fama de pulcro lo ha acompañado toda su carrera pública, en el hecho de que estuviera organizando una marcha a favor de la vida y la paz. El exmandatario aseguró que el gobierno le pagó a Mockus para organizar esa manifestación. Los partidarios de Santos respondieron con dureza y el presidente del Senado pareció atravesársele a Uribe con su negativa a dar permiso para que él y unos de sus partidarios viajaran al exterior a “denunciar falta de garantías” en Colombia. En el trasfondo de este belicoso escenario estuvo la llegada al país de la jefe del Das en el pasado gobierno, María del Pilar Hurtado, que enfrenta una condena de mínimo 15 años por espiar ilegalmente a varios de quienes hoy son aliados de la actual administración.

Centros de encuentro en lugar de conflicto

El ministerio del Interior que es el de la política, ¿tiene alguna estrategia prevista para el posconflicto si este llega?

El acuerdo que esperamos que se firme en la Habana no será el punto de llegada sino el de partida para construir la paz y debe nacer en los territorios. Consciente de esta realidad, el ministerio del Interior impulsa para las zonas de conflicto una estrategia de seguridad y convivencia a través de la construcción de centros de integración ciudadana en los municipios más pequeños que cumplan con la característica de estar en zonas de consolidación, de fronteras y con un alto número de víctimas. Esperamos que en estos escenarios que vieron la guerra, se puedan encontrar las comunidades para desarrollar actividades de encuentro social, cultural, deportivo y de discusión y búsqueda de soluciones a sus problemas cotidianos. Al finalizar el mandato del presidente Santos esperamos que todos estos municipios cuenten con su centro de integración. Para los grandes centros urbanos, avanzamos en un proyecto para combatir la inseguridad ciudadana. Entre otros propósitos, esperamos alcanzar cobertura plena en materia de cámaras de seguridad en todas las capitales del país y reforzar con tecnología el trabajo de la Policía Nacional.