“Hay vidas y padecimiento humano en juego”: Alejandro Gaviria

El ministro de Salud habla sobre dos problemas que impactan el sistema del que dependen los pacientes: fraudes masivos al seguro que garantiza atención a víctimas de accidentes de tránsito y activación de controles eficientes a prácticas de cirujanos plásticos corruptos que deforman o matan en el quirófano a jóvenes y adultas.

Alejandro Gaviria es ingeniero civil y tiene un doctorado en economía de la Universidad de California. / Luis Ángel
Alejandro Gaviria es ingeniero civil y tiene un doctorado en economía de la Universidad de California. / Luis Ángel

El negocio ilícito que han montado unas clínicas y empresas de ambulancias con el dinero del SOAT es un problema que compete a las secretarías de Salud y a la Superintendencia, en principio, pero también debe preocupar al Ministerio. ¿Es cierto que el desfalco anual es de $100 mil millones?

Es imposible conocer la cifra exacta, pero existen unos estimativos del gremio de las aseguradoras. En cualquier caso, el monto es muy alto. Cierto: el fraude nos preocupa aunque el SOAT sea administrado por aseguradoras privadas que son parte del sector financiero y no del sistema de salud. No podemos desentendernos de este fenómeno, por tres razones principales: primero, las clínicas involucradas, en donde presuntamente se origina la corrupción, sí pertenecen al sistema; segundo, los recursos del SOAT contribuyen a financiar la salud de los colombianos más pobres; y tercero, hay vidas y padecimiento humano en juego.

¿Cómo se afectan los recursos del sistema de salud de los colombianos con los desfalcos del SOAT?

El sistema es impactado de varias maneras. La más evidente es que si se afectan financieramente las aseguradoras privadas que ofrecen el SOAT, el país perdería una protección, en salud, a víctimas de accidentes de tránsito que reciben atención en materia de rehabilitación e indemnizaciones. El SOAT ha sido efectivo y de él se han beneficiado miles de personas. De otro lado, una parte de los recursos que dan los colombianos por la póliza SOAT va al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías del sistema de salud) para pagar la atención de las víctimas de accidentes de tránsito cuando el vehículo involucrado no tiene póliza o cuando se fuga. Además, los excedentes de ese porcentaje cofinancian proyectos estratégicos como los subsidios de salud de la población más pobre, las vacunas y las víctimas de eventos catastróficos, por mencionar solo unos casos.

La responsabilidad de las clínicas que estarían involucradas debería ser mayor en el plano penal y ético por su posición social, ¿no cree?

Claro que sí. Nos preocupa mucho que las clínicas involucradas puedan estar apelando a estrategias para robar el sistema de salud con prácticas corruptas como esas, que acaban con los recursos, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y dan al traste con su legitimidad.

¿Se pueden ubicar e individualizar los casos de las víctimas, es decir, de los enfermos que en vez de llegar a la clínica reciben un paseo en ambulancia o solo se sabe de ellos cuando hay denuncia formal?

En principio sería posible individualizar los casos y saber quién pagó por el traslado de una persona a un centro asistencial. Las aseguradoras que operan el SOAT tienen los datos de los pacientes con póliza; los de las víctimas de accidentes de tránsito sin póliza, se encuentran en el Fosyga. Sin embargo, si no hay denuncia, solo podemos conocer los hechos sobre lo sucedido con ellas cuando llegan las facturas. Y sobre estas rige el principio de buena fe. Las auditorías que realizamos pueden advertir posibles irregularidades –y las hemos denunciado–, pero, como Ministerio, no nos corresponde calificar el delito o los delitos cometidos.

En derecho existe el principio de buena fe, pero en la vida real pareciera ser al contrario: el principio general en Colombia es el de mala fe. ¿El sistema de salud es también víctima de la mala fe de mucha gente?

Entiendo su inquietud y la comparto en alguna medida: sin principios éticos, sin frenos morales, la administración de un sistema de salud es imposible e insostenible desde el punto de vista económico. Las labores de inspección, vigilancia y control son importantes, pero no sustituyen la responsabilidad de cada uno de los agentes que hacen parte del mismo. En Colombia, más que en ningún otro país de América Latina, la salud se paga mancomunadamente. Todos hacemos una gran vaca para sostenerla. Quien roba los dineros del sistema, roba a todo el mundo.

¿Es cierto que la corrupción condujo a la creación de decenas de clínicas dedicadas exclusivamente a atender pacientes del SOAT?

Sí. Hay clínicas que reclaman a las aseguradoras y al Fosyga más que otras, por concepto de accidentes de tránsito. Pero esa no es una irregularidad per se. Muchas y muy reputadas clínicas reciben un gran volumen de ‘pacientes SOAT’ por el simple hecho de estar en las inmediaciones de lugares en donde ocurren más accidentes de tránsito. Pero, indudablemente, algunas han crecido a expensas del seguro obligatorio.

¿Y por qué el Ministerio no hace nada para impedirlo?

Por decisión de la Corte Constitucional, el Ministerio no puede interferir en el control de la oferta privada. Como ente rector del sistema de salud, tenemos el compromiso de instar a los departamentos a que asuman rigurosamente esa responsabilidad. La Superintendencia Nacional de Salud y demás órganos de vigilancia y control del sector deben hacer valer los derechos de los pacientes actuando con rigidez en la aplicación de las normas. Llevar deliberadamente a un herido a una clínica remota es, en sentido estricto, un paseo de la muerte.

De otro lado, ¿es verdad que esta modalidad de fraude está anclada, especialmente, en algunas ciudades o departamentos?

Sí, las estadísticas de las aseguradoras nos han mostrado mayor concentración de facturación en unas zonas, como el caso de la región Caribe. De cualquier manera, no todo debe interpretarse como corrupción. Los accidentes de motociclistas, que se nos están convirtiendo en un verdadero problema de salud pública, claramente ocurren donde hay más motos. Y todo eso lo cubre el SOAT; o el Fosyga cuando no existe dicha póliza.

Pasemos a otro tema en que también está de por medio la vida de los pacientes de operaciones estéticas: las convalidaciones de supuestos títulos de posgrado, en cirugías plásticas del exterior a médicos colombianos se han convertido en un nudo gordiano: difícil saber cuáles son verdaderos especialistas y cuáles son farsantes. Aparte del de Educación, ¿el Ministerio de Salud tiene campo de acción en este problema?

Tenemos una responsabilidad clara en el campo de la educación médica, tanto de pregrado como de posgrado. También definimos la política pública de los hospitales universitarios. Y nos corresponde, por supuesto, promover la buena práctica de la medicina pero el tema de las convalidaciones no es una labor directa del ministerio de Salud. Se trata de un problema muy complejo…

¿Por qué?

Porque la cobertura y la demanda de servicios en el sistema de salud han aumentado, mientras el número de cupos para especialidades en centros de educación superior permanece prácticamente estancado. Cada año egresan 5 mil nuevos médicos y la disponibilidad de cupos para especialización no ha crecido. Esto implica que muchos profesionales busquen especializarse fuera del país. Por eso, entre los ministerios de Salud y de Educación conformamos una comisión de expertos para que formule, en los próximos seis meses, recomendaciones de reforma a la educación médica en el país cuyos problemas, sobra decirlo, trascienden, en mucho, el caso de las convalidaciones.

Cierto, pero la convalidación en Colombia de títulos de cirujanos plásticos por cursos del exterior que no tienen nivel de posgrado constituye un problema adicional, porque las pacientes pueden ser fácilmente engañadas con un diploma “legal”. También está, del otro lado, el control del ejercicio profesional de los médicos que recae en su Ministerio…

Creo que el país no es plenamente consciente de que, por razones de forma, la Corte Constitucional tumbó hace unos años las facultades del Ministerio para certificar y recertificar a los médicos. Nuestras herramientas para regular el ejercicio profesional son muy limitadas. Los tribunales de ética médica cumplen la función sancionatoria, pero están desbordados. No obstante, vamos a publicar una lista de los médicos sancionados. Vamos a difundir la información de manera oportuna. Hoy, muchos médicos sancionados siguen ejerciendo impunemente.

¿Cómo es eso? ¿Cuándo y en dónde publicarán listas de sancionados?

Las publicaremos en la página de internet del Ministerio este mismo mes.

A propósito de la decisión de la Corte Constitucional a la que alude, ¿no ha pensado en interponer algún recurso que –en vista de los desastrosos desarrollos de la falta de control estatal– le devuelva la facultad regulatoria al Ministerio de Salud sobre la calidad del ejercicio médico?

Es una de las tareas que le hemos asignado a la comisión de expertos en educación médica. El Ministerio sí está pensando en volver a presentar un proyecto de ley que nos permita una regulación adecuada de la profesión.

¿Cuáles mecanismos le quedaron al Ministerio de Salud en cuanto a vigilancia del ejercicio médico en Colombia, la calidad de las cirugías y las condiciones en que se practica?

El Ministerio actúa como regulador, define las condiciones mínimas que deben cumplir los servicios, lo que se conoce en la jerga sectorial como las ‘condiciones de habilitación’. Las secretarías de Salud de los departamentos y distritos tienen que verificar que las condiciones estipuladas se cumplan. En muchas partes, debemos reconocerlo, no sucede así. Después, existe una política de acreditación alta en que se reconoce a las instituciones de mayor calidad en el país. Y además, hay una política de reconocimiento de hospitales universitarios en que se certifica a los que además de estar acreditados en calidad, muestren excelencia en investigación y docencia. Los mejores hospitales universitarios de Colombia –y son varios– están a la altura de los mejores del mundo.

Pero son tantos los casos de pacientes de malas cirugías plásticas hechas por médicos particulares, que este asunto ya es de salud pública. ¿Hay algún tipo de medidas que puedan activarse de inmediato para evitar tantas víctimas de la codicia de los negociantes?

El tema es grave, por supuesto. Más allá de las convalidaciones, es necesario considerar la integralidad de la atención en cirugía plástica. En esta especialidad se concentra casi el 25 % de los eventos de mala práctica y es la de mayor número de casos llevados al Tribunal de Ética Médica. La cirugía plástica en Colombia es la única especialidad en que no existe un tercero, es decir, una EPS que represente al paciente y pueda evidenciar los problemas del servicio. La magnitud de la demanda ha desbordado las capacidades del país. Hoy se realizan aproximadamente 300 mil procedimientos al año. Como lo anunciamos hace unos días, vamos a trabajar con un grupo de parlamentarios para regular este campo. La ley sobre cirugías plásticas tiene un objetivo de salud pública y su eje debe ser el de los derechos del paciente. También urge que las personas sean conscientes de que toda cirugía implica riesgos y que los resultados pueden no ser los deseados, en algunos casos.

¿En qué consiste ese proyecto y cuáles diseños nuevos añade al ejercicio de las especialidades médicas?

Esperamos que el proyecto de ley esté listo la semana entrante. No se trata de una ley para regular una especialidad médica. De manera general, la ley abordará los siguientes temas: los requisitos para el ejercicio de la profesión en el campo de las cirugías plásticas, los requisitos para los prestadores de servicios, para los hospitales en particular, las políticas de prevención, el consentimiento informado, los seguros obligatorios y los asuntos de publicidad y promoción de los procedimientos quirúrgicos.

Pregunta de último momento: usted estuvo a finales de esta semana en El Carmen de Bolívar con las niñas y las madres que denunciaron presuntas secuelas de parálisis, convulsiones y otras enfermedades derivadas de la vacuna del papiloma. En plena reunión con la comunidad y con unos políticos, una estudiante convulsionó y otras parecieron tener episodios similares. ¿Fue triste casualidad o hubo algo extraño?

Primero tuvimos un diálogo provechoso con la comunidad y reiteramos algunos de los compromisos del sistema de salud con ella; segundo, no quisiera imaginar que algunos personajes están utilizando el dolor y el sufrimiento ajeno para obtener réditos políticos. Eso no se hace.

¿Cómo es el esquema de la corrupción que se desarrolla alrededor del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito)?

Tiene varias caras: clínicas que pagan comisiones para que les lleven víctimas de accidentes de tránsito; paramédicos (en ambulancias) que trasladan pacientes al centro asistencial que les paga la comisión, así estén al otro lado de la ciudad; clínicas que facturan procedimientos que no fueron practicados, que facturan por encima de la tarifa del mercado, o por servicios que no eran necesarios. En las auditorías que realizamos, hemos encontrado irregularidades, comportamientos atípicos y movimientos sospechosos. Los hallazgos han sido remitidos a la Fiscalía durante años. A esta entidad le corresponde calificar si fueron o no ilegales.

¿Por qué no se activa un portal de quejas eficiente en que la gente pueda contar sus experiencias, que alguien la escuche y produzca una respuesta inmediata del Estado?

Tanto en la Superintendencia de Salud como en las EPS existen sitios para quejas y reclamos. Sin embargo, hay que mejorar su eficiencia y el Ministerio tiene que ser más eficaz a la hora de visibilizar la información y de procesar los datos.

Estuvo en el país Lucio Chaves, presidente de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica. Dejó varios mensajes, entre otros, la colaboración que deberían tener las asociaciones privadas de médicos con las autoridades estatales. ¿Su Ministerio se reunió con él?

No tuvimos la oportunidad, pero sus palabras pusieron de presente un problema más: los programas de formación de especialistas son muy distintos de un país a otro. En Brasil, por ejemplo, algunos programas ofrecen solo cursos teóricos. La práctica profesional es responsabilidad de los estudiantes. Si se falsifican los certificados de práctica, tendremos unos títulos aparentemente válidos, pero que no constituyen un diploma de idoneidad. Todo lo contrario.

Así es. Pero queda, entonces, la pregunta clave: mientras se resuelve qué hacer, ¿cómo manejar las convalidaciones?

Ese es campo del Ministerio de Educación. Los controles no tienen la fuerza del comportamiento honorable de los cirujanos, característica cada vez menos frecuente en unos de ellos... Estoy de acuerdo. Las leyes no cambian la cultura ni construyen responsabilidades o conductas éticas, pero sí llaman la atención de la sociedad y nos permite dar el debate sobre algunas de las falencias morales de los agentes del sistema de salud.