Colombia2020 y Rutas del Conflicto lanzan plataforma para seguir el pulso al acuerdo de paz

hace 3 horas

'La justicia puede ser efectista o eficiente'

Yesid Reyes, recientemente nombrado ministro de Justicia, comenta con tacto las diferencias entre su antecesor y el fiscal general, el choque de intereses que podría presentarse en una reforma a las cortes, la prioridad que le dará a una administración judicial más ágil y la necesidad de entender que el concepto de justicia es más amplio que el de pagar penas en prisión.

Nadie fue a la cárcel por la muerte de mi padre (magistrado Alfonso Reyes, muerto durante la retoma del Palacio de Justicia). Y, sin embargo, se hizo justicia”: Dice Yesid Reyes. / Cristian Garavito - El Espectador

Su nombramiento fue bien recibido por todos, pero ocurrió en mitad de una confrontación del fiscal general con su antecesor, Alfonso Gómez Méndez, cuyo retiro se precipitó, al parecer, por esa circunstancia. ¿Está incómodo con la situación por ser amigo cercano tanto del uno como del otro?

La única referencia que tengo sobre los motivos para designarme como ministro es el generoso ofrecimiento que me hizo el presidente, el cual agradezco y recibí como un honor. Respecto al fiscal Montealegre y a Alfonso Gómez Méndez, no tengo ningún comentario distinto a decirle que es cierto que soy buen amigo de ambos: conozco a Alfonso Gómez desde cuando yo tenía 6 o 7 años, es decir, hace 50 años, y a Eduardo Montealegre, desde hace unos 35.

¿Por qué conoció a Gómez Méndez siendo tan niño?

Porque él era un joven estudioso e inquieto que vivía, como muchos colombianos, en zona rural. Su sueño era ser abogado y en su pueblo (Chaparral, Tolima) oyó que había una persona oriunda de ahí graduada en derecho, que trabajaba en una universidad muy conocida en Bogotá. Decidió viajar a buscarla para que le ayudara a ingresar al Externado. Se trataba de mi padre, que lo apoyó de inmediato.

¿Sucedió cuando su papá (Alfonso Reyes, presidente de la Corte Suprema) era magistrado?

No. Él fue magistrado al final de su vida. El encuentro con Alfonso ocurrió mucho antes, cuando mi padre era profesor de derecho penal. En medio de la conversación sobre sus estudios, él le preguntó a Alfonso si tenía dónde hospedarse. Cuando dijo que no, le ofreció quedarse con nosotros mientras se organizaba. Después de un tiempo se fue, pero, entonces, también pasaba muchos fines de semana con la familia.

¿Dónde y por qué conoció a Eduardo Montealegre?

También tiene que ver con el Externado: fuimos compañeros durante los cinco años de la carrera. En 1983 coincidimos en un viaje a Europa. Queríamos saber cómo funcionaba el derecho penal en distintos países. Estuvimos estudiando en España y en Italia durante seis meses. Después él se quedó en España y yo me fui a Alemania, otros seis meses. A comienzos de los 90 volví a ese país porque gané una beca de investigación en la Fundación Humboldt. Estando allá conversé con Montealegre sobre mi experiencia. Se interesó y optó por esa beca. Llegó a Alemania justo en los días en que yo estaba terminando mi estancia allá. Así que hemos estado en contacto en varios momentos de la vida.

Se ha dicho que parte de las diferencias entre el exministro y el fiscal tienen que ver con sus diversas opiniones sobre el sistema judicial que se debe aplicar en Colombia. ¿En cuál de los dos lados —penal acusatorio o sistema inquisitivo— está usted?

Reconociendo que es mejor el sistema de tendencia acusatoria, también hay que aceptar que ha tenido problemas en su implementación. Esto lo admiten tanto amigos como enemigos del mismo. Pero, realmente, no me acuerdo de haber escuchado declaraciones públicas de Alfonso con la intención de terminar el sistema acusatorio. Ha señalado fallas puntuales que no deben descartarse sin examinarlas. Son tan evidentes que la misma Fiscalía tiene avanzado un proyecto que se orienta a corregirlas.

Después del episodio del que hablamos, ¿cómo cree que deberían plantearse sus relaciones, como ministro de Justicia, con el fiscal general?

El presidente Santos mencionaba, en su discurso de posesión, la necesidad de que todos trabajemos en una misma dirección y eso, aunque no lo parezca, es importante en cuanto a la administración de justicia y lo que se deba hacer para mejorar su funcionamiento. Este no un trabajo exclusivo del ministro de Justicia sino que requiere la colaboración de todos los operadores del sistema, incluyendo, por supuesto, a la Fiscalía, además de los otros órganos y de la casi totalidad de los ministerios: Defensa, Hacienda, Tecnología, etc. Más importante que ser la cabeza de esa transformación es formar parte de su engranaje, con tal de que se logre el objetivo.

Según sus primeras declaraciones, usted ha dado la impresión de que la reforma del acceso ciudadano a la justicia será prioritaria, más que los problemas sobre el manejo electoral en las altas cortes. ¿Es así?

Sí. El tema que usted plantea en cuanto a las cortes y sus funciones electorales es importante, pero estoy seguro de que la mala imagen o, si quiere, la percepción del funcionamiento deficitario de la justicia que tiene el ciudadano de a pie no se debe a lo que ocurre en esos tribunales. Para mí es prioritario y más sensible el contacto diario de la ciudadanía con la justicia que, probablemente, se puede mejorar con una mínima intervención legislativa, sin modificaciones constitucionales y, tal vez, con una reforma gerencial u operativa.

Si bien es cierto que una justicia rápida es una necesidad social, también lo es que termine el mal ejemplo que algunas cabezas de la Rama Judicial han dado. ¿No cree que dedicarse a un problema y no a otro puede resultar mal ante la opinión?

No he dicho que voy a dedicarme sólo a un problema. Me preocupa que se genere la impresión de que si se modifica el funcionamiento de las cortes, se van a solucionar las fallas de la justicia. Y eso no es cierto. Por supuesto, hay que abordar el tema de los altos tribunales. Es más: el presidente lo ha dicho e incluso lo puso como un asunto importante de la agenda.

Perdone que insista en el punto, pero hay un puñado de magistrados que le han hecho mucho daño a la majestad de la justicia con sus ventajas electorales, sus brincos de corte en corte, sus votos para favorecerse entre sí. ¿Cómo tramitar una reforma independiente, sin la injerencia de quienes pueden resultar afectados con ella?

No creo que se pueda llegar a una reforma a la justicia de consenso, en el sentido de que todos pensemos exactamente lo mismo. No hay que temerle a la discrepancia. Me parece sana, siempre y cuando quienes intervengan lo hagan con el propósito de llegar a una meta común: el interés general. Eso supone que la discusión es bienvenida en la medida en que, uno, se entienda que lo que se pretende es mejorar la administración de justicia, y dos, que para lograr ese fin, todos estamos dispuestos a renunciar a posiciones personales. Y cuando hablo de “personales”, no sólo me refiero a individuos sino también a instituciones.

En teoría, lo que usted dice parece viable. Pero cuando hay poderosos intereses personales y de grupo es casi imposible que no traten de imponerlos sobre el bien común.

Debe partirse de la base de que hay buenas intenciones. Invitaría a todos los que tienen participación operativa en el sistema judicial a debatir ideas, a controvertir posiciones teniendo en cuenta los dos propósitos que ya mencioné y que me gustaría reiterar: uno, buscar el mejoramiento de la administración de justicia, y dos, estar dispuestos a renunciar a posiciones personales.

¿Está de acuerdo con las funciones que la Constitución les asignó a las cortes de nominar y elegir funcionarios y que han terminado en procedimientos poco transparentes?

Mi concepción sobre las cortes ha sido siempre la de aquellas que se dedican al tema estrictamente judicial. El ideal de corte con el que crecí era el del tribunal que creaba jurisprudencias y nada más. En principio, pienso que las funciones electorales son extrañas a las cortes, tan extrañas que nunca las pidieron sino que terminaron llegando a ellas por iniciativa ajena a la rama. Y, es cierto que, en términos generales, han tenido efecto negativo. De manera que es un punto que vale la pena revisar.

El presidente de la Corte Suprema dijo este fin de semana que el problema de las funciones electorales de las cortes no es tanto “a quién se le quitan sino a quién se le asignan”, dando la sensación de que se opone a la reforma. ¿Qué opina al respecto?

Él debe estar planteando un debate sobre el tema y, como tal, es bienvenido. En desarrollo de ese debate se deberán analizar tanto esa postura como las de quienes se han venido oponiendo a que las altas cortes continúen con las funciones electorales.

Otro tema que ha sido muy criticado es el del exceso de poder de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. ¿Está de acuerdo con la revisión de las funciones de los órganos de control o piensa que esta discusión se presenta por las personas que los están dirigiendo ahora?

Es un tema que también valdría la pena revisar. Es posible que haya superposición de funciones en esas instituciones y que se hayan hecho más evidentes en algunas administraciones que en otras. Pero, fundamentalmente, puede haber un problema de diseño.

Frente al proceso de paz, su reto no será menor: si se llega a acuerdos finales, usted tendrá que hacerle entender al país que los guerrilleros que se reintegren al Estado necesitarían un tipo de justicia especial que podría significar, por ejemplo, disminución de penas. ¿Cómo cree que podría lograr esa especie de perdón colectivo?

Creo que hay que empezar con una labor de pedagogía, haciendo énfasis en que el concepto de justicia no es monocromático sino mucho más amplio de lo que la gente suele percibir. Normalmente se interpreta que justicia es cárcel, y por eso también se suele pensar que si no se aplica una determinada pena, no hay justicia. Entonces hay que explicar y aceptar que no toda la justicia es penal ni toda la justicia penal es aplicación de medidas privativas de la libertad.

Usted posee una condición personal muy interesante por el momento que vive el país: es hijo de quien se convirtió en símbolo de la justicia, el presidente de la Corte Suprema que murió en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla y la retoma por el Ejército. ¿Esta característica condicionará su ministerio en momentos en que se intenta llegar a un acuerdo de paz?

La recta y eficiente administración de justicia era el norte de mi padre y lo fue toda su vida. En ese sentido, sí estaré condicionado. Ahora, si usted se refiere específicamente a la muerte de mi padre durante la toma y retoma del Palacio, los procesos que se abrieron en su época y que tenían que ver con la actuación del M -19 terminaron con un indulto que permitió que se reinsertaran los guerrilleros en la sociedad.

¿Y cuáles son sus sentimientos respecto a esa decisión política?

Es un punto interesante para comentar porque la gente piensa que figuras como la amnistía o el indulto equivalen a la negación de justicia. Y esa, como decía al comienzo, es una visión muy estrecha. Las decisiones de indulto o amnistía que se tomaron respecto del M-19 por los hechos del Palacio constituyeron una manifestación de justicia que Colombia decidió aplicar. Y así debe tomarse.

Pero ¿usted estuvo de acuerdo con esa decisión en ese momento o lo está hoy?

En cuanto a los hechos que condujeron a la muerte de mi padre, el país hizo justicia. Que esta es, a veces, imperfecta, sí, hay que admitirlo: la justicia, en general, tiene imperfecciones. Pero en el caso de mi papá, repito, se aplicó justicia.

¿Piensa y siente lo mismo aún teniendo en cuenta que el resultado catastrófico de la retoma se debió a excesos militares, según varios conceptos judiciales?

Hay dos cosas que hay que aclarar respecto de la muerte mi padre: uno, que nunca hubo ninguna investigación que involucrara a miembros de las Fuerzas Militares en su caso particular, y dos, que en cuanto a la operación general de la retoma, hubo demandas de las víctimas y yo fui uno de los demandantes. El Consejo de Estado condenó a la Nación por abuso en el ejercicio de la fuerza con lo cual, en ese ámbito concreto, también operó la administración de justicia.

¿Su corazón esconde algún rencor?

Tengo un lindo recuerdo de mi padre y no siento ningún rencor. Evidentemente, hubo dolor, pero hoy vivo absolutamente tranquilo. Cada persona tiene que buscar su paz interior y cuando accede a ella puede decir que ha perdonado. Ese es mi caso.

¿Cree que su experiencia puede ser útil para el proceso de paz de La Habana?

Por supuesto, entendiendo que el concepto de perdón no es un formalismo sino que supone interiorizar la sensación de tranquilidad y no simular que se acepta sin que sea real. No puede haber paz si salimos a decir que perdonamos, pero continuamos odiándonos. Por eso es tan importante entender que la justicia no es, como le decía al inicio de esta entrevista, monocromática. Nadie fue a la cárcel por la muerte de mi padre. Y, sin embargo, reitero que se hizo justicia.

Va a cerrar o a mantener abierta su oficina de abogado litigante?

Se cierra por completo. Me voy con quienes me ayudaban. No queda nadie aquí.

¿Y los procesos que llevaba?
Estoy renunciando a todos y también estoy revisando unos temas puntuales en los que podría tener que ver como ministro, para saber si debo o no declararme impedido.

Usted nunca ha tenido que lidiar con los intereses entrecruzados de los mundos político y judicial, ¿cómo se enfrentará a ellos?

Con la Rama Judicial tengo muy antigua relación y creo que la conozco bastante bien. Por supuesto, tengo muchísimo menos contacto con el mundo de la política. Sin embargo, pienso que estamos en un momento en que la gente realmente quiere tener un país mejor, de tal manera que confío en que se pueden aunar esfuerzos.

El primer “chicharrón” que va a tener que enfrentar va a ser el de una escandalosa reforma a la justicia que “mató” el presidente precisamente porque era inaceptable, y que podría revivir en estos días por un fallo del Consejo de Estado. ¿Qué harían ustedes en ese caso?

Me parece un error comentar sentencias antes de leerlas y peor aún si no han sido proferidas. Prefiero esperar a que el Consejo de Estado se pronuncie.

Cómo cree que se puede conciliar la necesidad nacional de alcanzar la paz con las obligaciones del Estado, nacidas de convenios internacionales y del Derecho Humanitario que no se pueden “colombianizar”?

El Marco Jurídico para la Paz y la reciente decisión de la Corte Constitucional al respecto tienen límites claros y no desconocen los convenios internacionales. Estos son parámetros generales que como tales deben ser respetados. Pero, usando su expresión, sí se pueden “colombianizar” en el sentido de que hay que aplicarlos en la realidad del conflicto interno. Estoy seguro de que la comunidad internacional es receptiva frente a la modulación de esos principios en casos concretos.

Usted usa la expresión “comunidad receptiva” pero más bien, ¿la comunidad internacional no debería ser “comprensiva” con la situación que ha padecido Colombia?

El término “comprensivo” podría dar la impresión de que vamos a desconocer parámetros internacionales y que nos deberían perdonar ese desconocimiento. Lo adecuado es que la comunidad internacional sea receptiva, o sea, que entienda que los parámetros generales que ella ha trazado, pueden ser dúctiles.