"Podrían encontrarse otros delitos más graves"

El vicefiscal Jorge Perdomo aclara dudas sobre las escandalosas grabaciones entre oficiales de alto rango del Ejército, de las que se deduce corrupción e intento de desviación de investigaciones sobre falsos positivos.

“Confío en que la investigación pueda sacar a relucir todo lo que verdaderamente ha pasado”, dice el vicefiscal Jorge Perdomo. / Luis Ángel - El Espectador

Las escandalosas grabaciones sobre presunta corrupción en el Ejército, que reveló la revista ‘Semana’, de conversaciones entre un coronel investigado por falsos positivos, el comandante de las Fuerzas Militares y otros, ¿corresponden a un proceso judicial?

En efecto, las conversaciones conocidas por la opinión pública son producto de unas interceptaciones que fueron ordenadas por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín y que fueron legalizadas ante un juez de control de garantías. Por lo tanto, pueden ser utilizadas judicialmente sin ningún reparo. Es importante aclarar que se dio traslado a otras autoridades competentes de la totalidad de las grabaciones para que investiguen a quienes estén por fuera de la competencia de la Fiscalía General.

¿A cuáles autoridades y sobre cuáles personas?

En octubre del año pasado se le dio traslado a la Comisión de Acusación de la Cámara, autoridad competente para investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que fueron mencionados en esas grabaciones. De otro lado, si hubiera delitos cometidos por generales de la República, la Fiscalía adelantará las investigaciones a través de sus delegados ante la Corte Suprema.

Entonces, ¿las interceptaciones al coronel González del Río sobre contratación en el Ejército están en el mismo proceso que las grabaciones reveladas por Noticias Uno el año pasado, de llamadas entre él y el renunciado exmagistrado Henry Villarraga?

Sí. A esa parte me refiero con el traslado de la información a la Comisión de Acusación.

¿Cuándo se inició esa investigación y por cuáles hechos?

Surgió por hechos ocurridos en septiembre de 2007, en los que está siendo investigado el coronel Róbinson González del Río. El caso estuvo en la justicia penal militar hasta marzo de 2009, cuando el Consejo Superior de la Judicatura resolvió asignárselo a la justicia ordinaria. En ese momento lo asumió la Fiscalía. No puedo entrar en más detalles por la reserva del proceso, pero le añado que las investigaciones de derechos humanos contra miembros de la Fuerza Pública se deben, primordialmente, a homicidios de los llamados falsos positivos.

¿Por qué la Fiscalía, en vez de interceptar las comunicaciones del coronel González, no actuó en su contra por estar violando el régimen penitenciario, tal como se desprende de las grabaciones?

En primer lugar, debo decirle que no porque aparezcan conversaciones del coronel González del Río en las interceptaciones necesariamente significa que el único abonado telefónico intervenido fuera él. Segundo, que el control de los centros de reclusión militar no es del ámbito de competencia de la Fiscalía. Tercero, que lo que sí es competencia nuestra es la interceptación de comunicaciones telefónicas cuando haya motivos para pensar que ese medio se está utilizando para cometer delitos, independientemente de las razones que expliquen el acceso de los interlocutores a los aparatos telefónicos. Y, por último, que también es competencia de la Fiscalía investigar a quienes permitan o faciliten las irregularidades en los centros de reclusión.

Entonces, ¿les abrirán investigaciones a quienes estaban a cargo de las reclusiones militares?

Sin duda. La Fiscalía investigará a quienes permitieron irregularidades en la guarnición militar en la que se encontraba el coronel González, como alterar los libros de registro de entradas y permitir la circulación de los detenidos fuera del sitio de reclusión. Además, hemos podido identificar otras formas de delincuencia más complejas que se han venido investigando y cuyos resultados se conocerán dentro de pocos días.

¿A qué se refiere?

A casos que comienzan con salidas irregulares de la prisión y que terminan en narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos.

¿Al coronel González se le mantuvieron sus privilegios en la cárcel porque ustedes estaban buscando pruebas de otros delitos, personas y entidades?

Sí. Para poder acabar con grandes formas de delincuencia muchas veces es necesario que el tiempo pase y se conozcan más detalles para tener un panorama completo al final. En todo caso, hay que advertir que es necesario revisar las condiciones de reclusión de los miembros de la Fuerza Pública. No tiene ninguna presentación que los uniformados de alto rango que están recluidos sean vigilados por sus subalternos. Sorprende, en las grabaciones, que los detenidos tengan de mandaderos a sus vigilantes.

De las grabaciones también se deduce que habría un complot para obstruir la justicia: a. Trasladando los procesos por falsos positivos de la justicia ordinaria a la militar. b. Logrando que los testigos contra los investigados se retracten y denuncien al investigador en lugar de al investigado. ¿Es así?
Si usted hubiera podido analizar la totalidad del material, sus conclusiones serían aún más sorprendentes. Confío en que la investigación pueda sacar a relucir todo lo que verdaderamente ha pasado.

Usted ha dicho que las frases del recién retirado comandante de las Fuerzas Militares, cuando hablaba con González del Río, fueron irrespetuosas con la justicia y los fiscales. ¿Cree que esas afirmaciones constituyen una expresión aislada o que podrían ser síntoma de un sentimiento generalizado entre los uniformados?

Cuando los vinculados con la comisión de un delito son una pequeña minoría, no se puede hablar de sentimientos generalizados. Sin embargo, no hay que perder de vista que, por el conflicto armado, muchas personas que pertenecen a instituciones del Estado se han polarizado; que son bastantes las sentencias condenatorias contra miembros de la Fuerza Pública y que en la Fiscalía se adelantan más de 2 mil procesos en su contra. Hay sectores civiles y militares que critican estas investigaciones con el argumento de la desmoralización de las tropas. Me preguntaría si no es más desmoralizante para los soldados que arriesgan la vida en el campo de batalla saber que pueden estar mal equipados o mal alimentados porque sus superiores desviaron irregularmente los recursos destinados para su digno sostenimiento. Y si esto es así con la plata, peor aún cuando saben que otros infringen la ley que les imponen a ellos.

El ministro de Defensa se preguntó cuál organismo filtró el contenido de las grabaciones y con cuáles fines. En vista de que la Fiscalía era el órgano que investigaba, ¿qué le contestaría?

Que con el señor ministro compartimos la preocupación sobre los móviles de quienes hablaban en esas comunicaciones. Y que, en cuanto a las publicaciones de prensa, los mismos medios de comunicación que dieron a conocer las informaciones dejaron claro cómo las habían obtenido.

Sí, se mencionó a la Comisión de Acusación de la Cámara, pero el representante investigador aseguró que no salió nada de su despacho.

A él le sugiero que lea el primer párrafo del artículo de la revista Semana que se refiere a las grabaciones. Y, además, le solicito que les pregunte a los periodistas de ese medio y de los otros, quiénes son sus fuentes. Seguramente ellos responderán.

El ministro Pinzón también ha dicho que pedirá la intervención de la Contraloría y de la Procuraduría en las investigaciones y sólo tangencialmente mencionó a la Fiscalía. ¿Cree que existe malestar en el Gobierno con su entidad?

No lo creo. El ministro sabe que la Fiscalía ha estado al frente de este asunto. Por eso no debe considerar necesario reiterar la procedencia de nuestra intervención. Mal haríamos en pensar que, como se acostumbró en la antigüedad, se esté matando al mensajero por llevar una noticia no deseada. Aunque la vida sea más cómoda sin ese mensaje, hay hechos y situaciones que no se pueden ocultar. Dejar de investigar para no incomodar no es una opción en un Estado democrático de derecho.

En caso de que haya tensión entre el Gobierno y la Fiscalía, ¿ustedes considerarían bajar el “perfil” de las investigaciones?

Diría que las relaciones entre el Gobierno y esta Fiscalía son inmejorables y eso se ha logrado precisamente porque cada uno tiene claro cuál es su papel. Independientemente de lo que se diga, los colombianos pueden tener certeza de que la Fiscalía cumplirá con su deber y estoy seguro de que el Gobierno respetará las investigaciones.

En cuanto al caso de chuzadas en una sala de inteligencia del Ejército, ¿por qué ustedes allanaron ese sitio y por qué ni siquiera el presidente Santos, que se vio totalmente sorprendido, lo sabía?

Las diligencias de allanamiento y registro sólo se pueden hacer cuando existen evidencias que permitan inferir que en el inmueble allanado se están cometiendo delitos, es decir, motivos razonablemente fundados. En este caso, la Fiscalía tenía argumentos de sobra. Sobre su pregunta, ese tipo de operaciones debe ser celosamente reservado y así ocurrió en este caso hasta cuando las propias agencias de inteligencia se acercaron a la Fiscalía a contar su participación en las actividades que allí se realizaban. Esto ocurrió varios días después del allanamiento.

De su respuesta deduzco que la Fiscalía no sabía que esa casa era usada por inteligencia militar.

Su conclusión es correcta: allanamos porque teníamos informaciones de que allí estaban desarrollándose actividades extrañas y sólo después de unos días llegó un coronel de inteligencia militar a contarnos que era una casa utilizada por su grupo. Pero ese hecho no modifica la actuación de la Fiscalía, cuya tarea constitucional consiste en vigilar que las actividades que se realicen en cualquier lugar del país se ajusten al marco legal.

¿El caso ‘Andrómeda’ también se relaciona con las interceptaciones al coronel González o no tiene nada que ver?

Hasta ahora podemos afirmar que se trata de dos procesos distintos.

¿Fue casualidad que se conocieran públicamente casi al tiempo?

Sí. Una investigación tiene más de dos años de desarrollo. La otra se inició hace apenas dos meses.

¿’Andrómeda’ se relaciona de alguna manera (en equipos, hombres o metodología) con las chuzadas del DAS?

Es una hipótesis que no podemos descartar. Por un lado, se está avanzando en el análisis de los dispositivos incautados en ese allanamiento para saber si hubo extralimitación en las labores de inteligencia que ahora sabemos que se estaban realizando. Y si la hubo, tendremos que establecer si existe alguna relación con lo que pasó en el DAS. Recuerde que en ese caso se determinó que hubo procedimientos para dar apariencia de legalidad a las interceptaciones irregulares. Ese modus operandi puede estar siendo reproducido hoy.

¿La Fiscalía puede asegurarle al país que sólo existe el sistema de interceptaciones Esperanza controlado por ella, o es imposible meter la mano al fuego en ese tema?

El único sistema autorizado para hacer interceptaciones legales es el manejado por la Fiscalía General de la Nación, según la Constitución, para garantía de los derechos fundamentales. Cualquier otro sistema que se haya creado o esté creando, también debe ser controlado por la Fiscalía. Las investigaciones que llevamos en la entidad por estos asuntos no me permiten afirmar que no estén ocurriendo irregularidades.

Finalmente, y a todas estas, ¿en dónde está metido el fiscal general que no ha asomado su cabeza durante estos días?

Está recuperándose de una intervención médica, pero no ha dejado de atender los asuntos urgentes desde su casa.

¿Estrategia para impedir investigaciones sobre falsos positivos?

De las escandalosas grabaciones reveladas por Semana, sobre las conversaciones entre un coronel preso —que está siendo investigado por su presunta participación en dos asesinatos— y el comandante de las Fuerzas Militares, entre otros, se deduce que uno de los móviles de las irregularidades que se planeaban era el intento de desviar el curso de los procesos por los llamados falsos positivos. Este fenómeno criminal, que consistió en ejecutar a civiles desarmados para presentarlos como bajas de la guerrilla, no fue aislado. Las cifras de la Fiscalía así lo señalan: 2.235 casos abiertos, 4.212 víctimas mortales, 2.457 detenidos en cárceles militares, 830 condenados, 188 absueltos. Una de las vías para demorar o manipular estas investigaciones consistía en presentar conflictos de competencia entre la justicia ordinaria, es decir, justicia impartida por fiscales y jueces civiles, y la justicia penal militar, pese a que el derecho humanitario y los convenios internacionales suscritos por Colombia y obligatorios para el Estado indican que cometer ejecuciones extrajudiciales es un delito de lesa humanidad y, por tanto, no pueden ser procesados por los mismos militares. 366 conflictos de este tipo fueron resueltos a favor de la Fiscalía, 40 a favor de la justicia militar.

‘Borrado seguro’ de información en Andrómeda


¿Cuánta información se obtuvo en el allanamiento a la sala Andrómeda de Inteligencia Militar y cuánta se alcanzó a borrar?

La Fiscalía tiene para analizar 15 terabytes de información y esto, según nos dicen los técnicos, equivale a 15.400 camiones llenos de páginas de texto. Como se imaginará, es una tarea que tomará algún tiempo. Ahora bien, es cierto: hay material borrado que intentaremos restaurar.

¿Cuánto material?

Algunos de los 26 dispositivos habían sido objeto de ‘borrado seguro’.

¿En qué momento los eliminaron?

Al parecer una operación de ‘borrado’ ocurrió hace unos meses y otra en época más reciente. Pero eso es parte de lo que vamos a determinar.
Partiendo de la base de que Andrómeda fuera legal, ¿lo que se hacía en ella también tenía legalidad o podría salirse de los cauces jurídicos?
Si el andamiaje para hacer operaciones legales de inteligencia servía para, de manera concreta y dirigida, hacer rastreos de información como interceptaciones telefónicas, espiar conversaciones por chat en Blackberry o WhatsApp, o para obtener información producto de la transmisión de datos, todo ello sin orden judicial, entonces se adelantaban conductas definidas como delito en el Código Penal.