"La ponencia llega a una conclusión contraevidente"

Por primera vez el exministro Juan Carlos Esguerra opina sobre la ponencia de la saliente presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, que salva de la pérdida de investidura a los congresistas que cambiaron el texto de la escandalosa reforma a la justicia de 2012 para beneficiarse.

Esguerra dice: “Todo el tiempo los conciliadores nos reiteraban, repetida y airadamente, que quienes decidían eran ellos”. / Fotos: Óscar Pérez - El Espectador

Como se sabe, la reforma a la justicia que se tramitó en 2012 se “quemó” en la puerta del horno porque los conciliadores del Congreso cambiaron, con fines perversos, el texto aprobado en las plenarias. Usted asumió el costo del escándalo con su renuncia al Ministerio. ¿Alguien más pagó política o judicialmente por esos hechos?

No, que yo sepa. Tengo conocimiento de unas investigaciones penales ante la Corte Suprema y ante la Fiscalía General, y también de unos procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, de los congresistas que participaron en la Comisión de Conciliación. Pero en ninguno de ellos ha habido decisión.

En efecto, los conciliadores enfrentan la pérdida de sus investiduras por esa trampa legislativa. El presidente Santos y usted fueron citados como testigos en ese proceso. ¿Cuándo lo entrevistaron?

Fui citado en marzo del año pasado a rendir declaración ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Como corresponde, la rendí bajo juramento y en ella conté todo lo ocurrido.

En su momento (junio 2012) se supo que los conciliadores lo echaron a usted de la reunión en que se cambió el texto de la reforma. Ahora sabemos que a ellos no les interesaba su presencia. ¿Cómo lo botaron?

Desde cuando se señaló la fecha en que iban a reunirse, fue evidente una cierta reticencia de varios de los conciliadores a informarme dónde y cuándo lo harían. Sólo el mismo día de la conciliación supe que se encontrarían en el Club de Ejecutivos. Resolví irme para allá. En medio de un ambiente muy poco amable y antes de comenzar las discusiones, uno a uno, los senadores Jesús Ignacio García (liberal), Eduardo Enríquez Maya (conservador), Luis Fernando Duque (liberal) y Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical), y el representante Alejandro Carlos Chacón (liberal), me pidieron que dijera lo que tuviera que decir y que me retirara. Los demás conciliadores que estaban presentes guardaron silencio (Germán Varón, de Cambio Radical; Carlos Edward Osorio, la U; Orlando Velandia, liberal, y Roosevelt Rodríguez, de la U). No tuve más remedio que abandonar el salón.

¿Usted les avisó al presidente y a otros funcionarios del Gobierno sobre ese hecho insólito?

Por supuesto. Muy sorprendido se lo comuniqué al ministro del Interior, Federico Renjifo, quien me manifestó que trataría de averiguar lo que estaba ocurriendo. El presidente Santos se encontraba en una cumbre medioambiental en Brasil. Sólo mucho después nos fuimos dando cuenta de todo lo que finalmente ocurrió en la conciliación y nos explicamos por qué los conciliadores habían querido que el Gobierno no estuviera presente.

¿Cuándo pudo conocer el texto final del proyecto de reforma?

Pasadas las cinco de la tarde de ese día nos avisaron que podíamos tomar parte en la reunión. Los conciliadores no habían concluido aún su tarea, de modo que, mientras uno de ellos nos informaba, resumidamente, al ministro Renjifo y a mí sobre lo ya acordado, los demás seguían dedicados a completar lo que faltaba. En esa etapa nunca tuvimos acceso al texto conciliado que apenas vinimos a ver en el Congreso después de las nueve de la noche, cuando ellos y nosotros llegamos corriendo para que no se disolviera el quórum con el que había que citar, texto en mano, a las sesiones finales de aprobación al otro día, último en que podía votarse la reforma.

Pero ustedes sí alcanzaron a hacer algunos ajustes.

Sí. Entre esa noche y las primeras horas del día siguiente, mis colaboradores y yo revisamos el texto de los conciliadores, encontramos algunos yerros y alcanzamos a adelantar el dispendioso trámite de su corrección. Sin embargo, sólo vinimos a encontrar los puntos más sutiles, pero también los más delicados, y a dimensionar sus implicaciones después de la aprobación del texto final.

¿Cuándo, exactamente, se dieron cuenta de los cambios más “delicados” al texto?

Después de aprobada la reforma. Como ya dije, los dos ministros fuimos informados de una parte de lo conciliado, lo cual dio lugar a varios encendidos debates entre los conciliadores y nosotros en torno de varios puntos. Al final, sólo logramos muy pocos cambios, y todo el tiempo los conciliadores nos reiteraban, repetida y airadamente, que quienes decidían eran ellos. La información que nos dieron nunca fue completa. Cuando después percibimos las implicaciones y riesgos que podían tener las modificaciones hechas, con el dolor del alma no tuvimos más remedio que plantear, ya de regreso el presidente, una fórmula para abortar la reforma.

Ante los consejeros de Estado que pidieron su testimonio, usted recordó que uno o dos senadores impidieron a unos funcionarios suyos el acceso al texto completo. ¿Quiénes fueron esos congresistas?

Cuando llegamos a la reunión de los conciliadores, pedí al viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, y a una asesora que revisaran los respectivos textos, cosa que el senador Luis Fernando Duque impidió, vehementemente. Además, los funcionarios de la Secretaría del Senado, que estaban a cargo de los textos finales, afirmaron que habían recibido la instrucción de no permitir que los leyéramos.

La conclusión de la consejera ponente (ver parte superior de la página) es favorable a los congresistas. Según ella, no hubo cambios en el texto, salvo uno que tampoco se podría atribuir al interés pernicioso de los conciliadores. ¿Qué opina?

Los solos cambios en el proceso de pérdida de investidura incluidos por los conciliadores y que prácticamente acababan con esa figura, y los relacionados con el sistema de investigación y juzgamiento de algunos funcionarios con fuero, eran de mucho fondo y habrían tenido gravísimas consecuencias. Francamente, la ponencia llega a una conclusión contraevidente.

Recuerdo que al momento de votar la reforma en plenaria usted agradeció la labor de los congresistas y pidió aprobarla. ¿Por qué lo hizo?

Es verdad que en las sesiones plenarias del día siguiente pedí votar la reforma y agradecí la tarea cumplida por el Congreso. El esfuerzo realizado a lo largo de un año había sido enorme, e ingente el trabajo desarrollado por los ponentes y por las comisiones Primeras. Por otro lado, aun cuando luego de ocho intensos debates y dos instancias de conciliación, lo que había quedado en el texto final aprobado no era ni mucho menos el ideal de mis sueños, sí se trataba de una reforma con muchas cosas buenas e importantes. Los “micos” de última hora que al final lo echaron todo por tierra, no eran fácilmente perceptibles, mucho menos en medio de la aterradora premura de tiempo de la etapa final.

Usted lo dijo: uno de los puntos incluidos por los conciliadores que más escandalizó a la opinión fue el de la modificación de las condiciones para que los congresistas perdieran su investidura. Usted describió ese cambio como “un salpicón”. ¿Qué quiso decir?

La idea del Gobierno era que el proceso de pérdida de investidura siguiera igual que hoy, pero con una segunda instancia. Muchos de los congresistas, por razones obvias, nunca vieron con buenos ojos que esa sanción, que ha sido tan eficaz, existiera, y estaban en plan de recortarle las alas. Al final, el Senado había aprobado una fórmula en que se las recortaba parcialmente, y la Cámara otra en que también lo hacía. Los conciliadores, que debían escoger una u otra, optaron por revolverlas en ese “salpicón” del que he hablado, con lo cual el producto final terminaba siendo poco más que una caricatura. A eso nos opusimos, infructuosamente, el ministro Renjifo y yo.

Otro punto introducido al final fue el del cambio de esquema para el procesamiento de los funcionarios con fuero. Pretendían los conciliadores dejar la investigación, hoy de competencia de la Fiscalía, en manos de la Suprema. Tenía el efecto de trasladar miles de procesos, entre ellos los de la parapolítica, a unos pocos despachos de magistrados. ¿Por qué era grave ese cambio?

Lo verdaderamente grave no era tanto haber pasado de unos organismos a otros la competencia para esas investigaciones o esos juzgamientos, sino, por una parte, haber eliminado las normas de transición que regulaban ese cambio, con lo cual quedaban en el limbo y, por lo tanto, al vaivén de una nulidad, todos los procesos en curso (más de 1.500, según cifras de la Fiscalía). Por otra parte, el hecho de haber dejado establecido que para los congresistas sólo podría haber privación de la libertad después de la sentencia final.

Precisamente, y según entiendo, usted discutió con los conciliadores sobre este último cambio que hubiera atentado contra la igualdad de todos ante la justicia, por decir lo menos.

Sí, es cierto. Con éxito, me opuse a esa idea a la largo de todo el trámite del proyecto, cada vez que se trató de incorporarla. Me parecía una desvergonzada desfachatez, valga la redundancia. A última hora, y cerradas ya las decisiones en las plenarias, sutil y calladamente apareció en la conciliación.

También aparecieron, como por magia, la ampliación al período de los magistrados de alta corte, de 8 a 12 años y el aumento de la edad de jubilación, de 65 a 70 años. ¿Hubo ‘lobby’ de algunos togados con los conciliadores y con otros congresistas?

Esos dos cambios no aparecieron mágicamente. Eran parte de las propuestas del Gobierno y buscaban volver a hacer de esas instancias lo que deben ser: la cima de una carrera, la gloriosa culminación de la misma. Es decir, un fin y no un medio. Por supuesto, apuntábamos a que el nuevo esquema sólo fuera aplicable a los futuros magistrados y no a los actuales, por transparencia y decoro, y para que no fuera un asunto con nombres propios. Por eso estuvimos en desacuerdo con el Senado, y así lo hicimos constar inútilmente, cuando en el sexto debate eliminaron la restricción para los miembros actuales de las cortes, eliminación que fue acordada entre algunos senadores y algunos magistrados.

Entonces, ¿es cierto que algunos magistrados de las altas cortes también intentaron influir, en causa propia, en la reforma?

No tengo pruebas, pero en los corredores del Congreso y en los medios de comunicación se mencionaron varias reuniones entre algunos congresistas y algunos magistrados.

Los miembros de la Comisión de Conciliación, que quedó cuestionada por todo lo dicho, fueron escogidos por el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, y por el presidente de la Cámara, Simón Gaviria. ¿Es cierto que usted les pidió nombrar a quienes habían estudiado la reforma y no le hicieron caso?

Juan Manuel Corzo decidió designar a los conciliadores del Senado por razones que ignoro, así como tampoco sé por qué nombró a algunos que nada habían tenido que ver con el trámite del proyecto, a despecho de quienes lo conocían y habían sido sus ponentes. Yo me enteré, ya cumplido el hecho. Con quien sí pude hablar antes de que designara a los suyos fue con Simón Gaviria, quien no atendió mi sugerencia de seleccionar a conocedores de la reforma como Alfonso Prada o Guillermo Rivera. Me esgrimió razones políticas para escoger a los que integraron la Comisión.

¿Simón Gaviria le dijo a cuáles “razones políticas” se refería? Le pregunto porque nombró a unos francamente cuestionados.

No, no me informó.

Usted parece haber sido muy ingenuo con los “tiburones” del Congreso. ¿Admite que pecó por confiado?

A lo largo de mi vida he tenido por norma el principio fundamental de la buena fe. Por ende, creo en los demás y en que proceden en forma correcta. Tristemente, a veces se lleva uno duras y dolorosas sorpresas, tanto mayores en cuanto ocurren con quienes menos uno espera y cuando menos deberían tener lugar. Y yo no era un neófito en el servicio público.

Entonces, ¿qué le pasó?

Que creí en ellos y aunque se comenta que a veces hay congresistas proclives al engaño, esperé más lealtad de todos con el Gobierno, con la reforma, con su trascendencia y con la buena fe. Fue un engaño especialmente artero porque ocurrió a la hora de nona para que no hubiera forma de remediarlo.

Una reforma con “micos”

En junio de 2012, la prensa comentó con asombro los “micos” que habían aparecido en el texto final de la reforma a la justicia, incluidos por los parlamentarios que tenían el mandato único de conciliar lo que se había aprobado en el Senado y la Cámara. Sin embargo, esos conciliadores, de cuestionada imagen, cambiaron partes del proyecto por otras en que resultaban beneficiados ellos, sus aliados políticos y sus amigos de las cortes. En portada, la revista Semana puso un diciente título: “Todos quedaron mal”, sobre las fotos del presidente Santos, sus ministros Vargas Lleras, Renjifo y Esguerra, y los presidentes del parlamento, senador Juan Manuel Corzo y representante Simón Gaviria. Ese medio calificó lo aprobado como “un inmenso retroceso institucional”. Se iniciaron procesos penales y de pérdida de investidura. No obstante, la magistrada Rojas Lasso, del Consejo de Estado, dice que no encontró nada irregular y ha hecho dos ponencias a favor de los conciliadores. Sus conclusiones no han sido discutidas en sala plena pero se sabe de la poderosa influencia que ejercen los investigados en los consejeros, y a la inversa. El ministro de Justicia de la época, Juan Carlos Esguerra fue el único que asumió responsabilidad política por los hechos. Nadie más ha sido sancionado.

Crudas declaraciones sin efecto judicial

El presidente Santos y su ministro Esguerra fueron llamados a testificar en el proceso de pérdida de investidura de los conciliadores de la fallida reforma a la Justicia. En su declaración, el mandatario aseguró que el traslado de las investigaciones de ciertos aforados, de la Fiscalía a la Corte Suprema por el cambio introducido por los congresistas de la Comisión de Conciliación, “arrojaría al limbo jurídico (miles) de procesos en curso…, produciría paralización en dichos expedientes con riesgo de caducidad… y excarcelaría a quienes estuviesen privados de la libertad”. Por su parte, el ministro Esguerra declaró, frente a las modificaciones que los doce congresistas incluyeron, el último día, antes de votar la reforma, sobre el trámite del proceso de pérdida de investidura: “cuando me contaron lo que habían hecho (los conciliadores), yo les dije ‘¿cómo van a hacer eso?´ O escogen un modelo (lo aprobado en el Senado) o escogen el otro (lo aprobado en la Cámara); pero al incorporar lo que quita uno con lo que quita el otro, queda lo que quitaron ambos, de modo que la pérdida de investidura sería, más bien, un rey de burlas”. La declaración de los dos altos funcionarios solo fue incluida por la consejera Rojas después de su primera ponencia, cuando ya había conceptuado a favor de los parlamentarios.