Cecilia Orozco Tascón.- Usted terminó su período como fiscal general hace dos años y siete meses, y hoy todavía hay una situación de interinidad. ¿Qué opina de esta insólita situación?
Exfiscal Mario Iguarán Arana.- Es desafortunada, porque aunque haya quién se encargue del despacho, no deja de ser cierto que un interino tiene que enfrentarse a muchas dificultades por la naturaleza de los procesos y de las personas procesadas. Si para el titular del cargo es difícil cumplir la tarea, ¿cómo será para alguien que está ahí en provisionalidad?
C.O.T.- ¿La nulidad de la elección de la fiscal Viviane Morales por el Consejo de Estado es, a su juicio, un coletazo del enfrentamiento que hubo en la época en que le correspondió a usted ejercer el cargo, entre el presidente Uribe y la Corte Suprema?
M.I.A.- Hay que aceptar que en el momento en que se debía buscar a mi sucesor, el ambiente estaba crispado y lleno de ira. Las cruzadas de odio e insultos dejaron su rastro y tal vez estamos viendo, como usted lo llama, un coletazo de esa etapa que debería ser clausurada para que se pueda elegir fiscal general en forma definitiva.
C.O.T.- ¿Cómo analiza la situación que tuvo que vivir la fiscal saliente?
M.I.A.- Me parece que hay que resaltar que la demanda y la decisión del Consejo de Estado no eran contra la fiscal, sino contra la forma como fue elegida. A mi juicio, ella demostró vocación de servicio y valentía en el ejercicio de sus funciones. Otros temas que han sido discutidos sobre ella son de su resorte interno y no quisiera referirme a eso.
C.O.T.- En su discurso de retiro del cargo, Morales reclamó para sí el “rescate de la autonomía y dignidad de los funcionarios” de la Fiscalía, y el “tremendo impulso que le dio a la entidad”. ¿Ve un trasfondo de crítica a su gestión o a la de Mendoza Diago en esas palabras?
M.I.A.- Recuerdo haberles oído frases similares a muchos funcionarios en otras instituciones y épocas. También recuerdo y recordaré siempre que jamás diría algo así con relación a mis antecesores por respeto a ellos. En temas de dignidad y autonomía de quienes trabajaron en la Fiscalía conmigo, tengo la tranquilidad de haber cumplido plenamente con mis obligaciones. Y en cuestión de evaluación de la gestión de los funcionarios, lo que importa no es lo que cada uno alegue a su favor, sino lo que los registros en materia de estadísticas y crónicas de la época revelen. Lo demás es discurso o emotividad.
C.O.T.- Morales sugiere en sus palabras de despedida que la decisión del Consejo de Estado de declarar nula su elección y las críticas de algunos periodistas buscaban aplazar procesos o impedirle actuar, por ejemplo, en el juicio al exministro Arias. ¿Comparte las dudas que ella deja en el ambiente?
M.I.A.- Como ella, experimenté las críticas de los medios y viví los ataques alevosos de ciertas fuerzas oscuras. Por eso estoy en condiciones de afirmar que tengo la plena convicción de que los intereses torcidos a los que ella pareciera referirse, no provendrían jamás de los órganos de la administración de justicia.
C.O.T.- La fiscal saliente reclama para su administración las primeras sentencias dentro de la Ley de Justicia y Paz. ¿Por qué durante la Fiscalía de su época, o sea cuando se inició el proceso de desmovilización de los paramilitares, no se concluyó ningún proceso?
M.I.A.- Es válido que los funcionarios reclamen reconocimientos. Por ejemplo, nosotros podríamos reivindicar las primeras sentencias dentro del sistema penal acusatorio, pero reconociendo que el desarrollo del mismo fue hecho por mi antecesor. Asimismo, debería advertirse que las sentencias en Justicia y Paz son producto de muchas jornadas de atención a las víctimas, búsqueda de desaparecidos, ajustes legislativos, capacitación, documentación e investigación de nuestra etapa en la Fiscalía. Detrás de las sentencias que dictaron los jueces recientemente está el trabajo de muchos funcionarios desde hace más de cinco años.
C.O.T.- Con independencia del abrupto final de la Fiscalía de Morales, ¿qué valora más de esa gestión?
M.I.A.- Valoro como nadie las actuaciones judiciales que la fiscal saliente tomó, anotando que no conozco el soporte de los procesos iniciados o continuados por ella. Valoro la toma de esas decisiones, porque sé lo que cuesta estar en la Fiscalía y las implicaciones que tiene cada paso que se da, no sólo en la vida profesional, sino también en la vida social, familiar y personal de quien se pone al frente de la entidad.
C.O.T.- Entonces, ¿a usted no lo sorprendería que tras la demanda ante el Consejo de Estado hubiera intenciones políticas antes que jurídicas?
M.I.A.- Cuando se empiezan a tomar decisiones en la Fiscalía, cuando usted afecta el poder político, económico, mafioso o el de los terroristas, tiene que esperar el contragolpe. Ahora, hay que anotar que quien presentó la demanda estaba en todo su derecho de hacerlo y que, obviamente, el Consejo de Estado tenía la obligación de resolverla como le pareciera que se ajustaba más estrictamente a la Constitución y la ley.
C.O.T.- Hablando de lo ocurrido en su época, pero con evidentes repercusiones en la actual, ¿cree que desde la Casa de Nariño se propició una persecución contra la Rama Judicial?
M.I.A.- Esa calificación deben hacerla los jueces con sus sentencias. Me remito a lo que se desprende de las investigaciones que se adelantaron bajo mi administración y de las que continuaron, en respuesta a las nuestras, en las administraciones siguientes.
C.O.T.- Por ejemplo, ¿cuál?
M.I.A.- Una de ellas fue la del caso Tasmania, cuando se examinó la afirmación de un paramilitar preso que denunció al magistrado auxiliar de la Corte Suprema (que adelantaba los procesos de la parapolítica) Iván Velásquez. Según el detenido, en su declaración de ese momento, el magistrado le ofreció beneficios a cambio de que involucrara al presidente Uribe en un atentado de muerte contra un exjefe de las autodefensas. La Fiscalía a mi cargo concluyó que lo dicho por Tasmania no era cierto. Por tanto, cerró el proceso a favor del doctor Velásquez y ordenó compulsar copias para investigar a quienes, al parecer, instigaron al paramilitar a mentir.
C.O.T.- ¿El gobierno Uribe lo presionaba a usted —que fue funcionario de esa administración— cuando tenía que investigar casos como el de Tasmania en el que estaban, al parecer, involucrados familiares del presidente?
M.I.A.- No sé si lo pensaron o lo intentaron, pero el solo hecho de que hubiéramos tomado decisiones como la de vincular a un proceso penal al jefe de la inteligencia oficial —Jorge Noguera— desvirtúa la existencia o eficacia de las presiones.
C.O.T.- Pero, ¿hubo o no hubo presiones del Ejecutivo a usted directamente o a alguno de sus funcionarios?
M.I.A.- La única presión que sentí fue, quizá, la arterial. Pero no la nuestra, sino la de aquellos que cada vez que tomábamos una decisión salían desesperadamente a vilipendiar a la Fiscalía.
C.O.T.- ¿Cuál investigación produjo particular tensión durante su gestión?
M.I.A.- El caso Noguera fue una decisión muy difícil, porque no tenía antecedentes y porque además de iniciarle un proceso a él, nos correspondió ordenar el registro de las dependencias del DAS en cuestión de horas, después de que un medio de comunicación dio a conocer graves datos sobre lo que se llamaron ‘las chuzadas’. Entonces tuve que soportar insultos públicos por parte de quienes consideraban que nos habíamos excedido. Sin embargo, estábamos tranquilos. Fue una situación muy difícil de resolver, pero se hizo lo que correspondía.
C.O.T.- Según versiones que se han propalado, hubo una colecta de narcos y paramilitares que le habrían entregado una suma fabulosa ($5.000 millones) a algunos magistrados de la Corte Suprema para que lo eligieran a usted. ¿Qué contesta a ese rumor?
M.I.A.- Que es un absurdo y alevoso atentado moral proveniente de sanedrines compuestos por mentes demenciales y delictivas. Mi interés ahora que estoy en Colombia es que la Comisión de Acusación de la Cámara, que ha revisado esas versiones, ordene investigar a los responsables de esta otra confabulación. Se trata de intrigas que —mire usted qué ironía— por declaraciones recientes y pruebas que se han aportado al proceso, han terminado por enredar a los oscuros conspiradores que trataron de enlodarme con esas calumnias (ver parte superior de la pág.)
C.O.T. ¿Quiénes son los “conspiradores” que habrían urdido esa trama contra usted? ¿Es cierto que hubo una especie de asociación entre altos funcionarios con personas que usted retiró de la Fiscalía?
M.I.A.- Creo que el caso está apuntando hacia ese lado. No sólo se ha descartado la versión de una foto falsa en la que yo aparecería con una persona cuya conducta también investigaron para desprestigiar a la Corte Suprema (Asencio Reyes), sino que el interés de los investigadores apunta a identificar a quienes se confabularon para crear un caso inexistente.
C.O.T.- Precisamente algunos críticos suyos comentaron que usted no supo rodearse bien. ¿Se equivocó en la selección de sus segundos?
M.I.A.- Ese es un riesgo que se corre en una institución que tiene más de 22 mil funcionarios. El cargo deja, además, muchas enemistades que nacen de las decisiones que afectan la libertad o el patrimonio de las personas. Y también se convierten en sus enemigos los que estuvieron cerca y tuvieron que ser separados de la institución por una u otra razón. Mi experiencia indica que a estos últimos hay que temerles más que a los primeros.
C.O.T.- Entonces sí se rodeó mal.
M.I.A.- Más bien diría que quienes terminaron rodeándose mal fueron aquellos que recibieron a gente resentida para que desarrollara sus intrigas, patrañas o sus actos de conspiración y complot después de que los separé de la administración.
C.O.T.- En este punto es necesario preguntarle por nombres y apellidos. ¿A quiénes se refiere y qué hicieron para que tuvieran que irse de la Fiscalía?
M.I.A.- Prefiero dejarle eso a la justicia. Todo a su tiempo.
C.O.T.- ¿Es cierto que algunas de esas personas, abusando de la posición que tenían, que les daba acceso a información previa sobre ciertas decisiones judiciales, se las filtraban a los afectados antes de que fueran oficiales?
M.I.A.- No puedo negarlo: tuvimos quejas de ese tipo. Incluso ordenamos que se adelantaran las averiguaciones correspondientes. Recuerdo que al menos un reclamo que nos hicieron era fundado.
C.O.T.- ¿En cuál caso?
M.I.A.- La investigación que promovimos para descubrir la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia produjo reacciones como las que usted menciona.
C.O.T.- Al margen de ese caso excepcional usted tuvo muchos críticos: de un lado, unos opinaban que su Fiscalía era muy blanda frente a los investigados más poderosos. Y del otro, usted tampoco era apreciado por la Casa de Nariño. ¿Sintió el impacto del vacío social que le hicieron uno y otro sector?
M.I.A.- Que me criticaran los dos sectores indica que la Fiscalía andaba por buen camino. Pero sobre su pregunta, puedo decirle que sí creo haber sentido en varias oportunidades el que usted llama “vacío social”, especialmente cuando decidimos promover las investigaciones por los falsos positivos. Nuestra administración puede reclamar que fue la primera que decidió abordar el tema abriendo procesos que han llegado a acusaciones o a sentencias condenatorias, a pesar de que esos casos venían sucediendo 10 o 15 años atrás. Recuerdo que con la mejor voluntad di declaraciones para recomendar que el Estado revisara la circular oficial en que se estructuraba el esquema de recompensas por resultados militares. Los propios medios calificaron la reacción del Gobierno contra mí como muy fuerte y dura.
C.O.T.- Sobre su administración también pesa el hecho de no haber tomado decisiones contundentes en la investigación a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios por su presunta participación en la yidispolítica.
M.I.A.- Como usted sabe, me declaré impedido en ese caso por mi amistad con el entonces ministro del Interior. Ese proceso estuvo en el despacho del vicefiscal. Más adelante otro vicefiscal tomó una decisión. Y, sin embargo, la complejidad del mismo ha hecho que casi tres años después de que yo hubiera salido de la Fiscalía siga abierto. Esto le indica a usted que el caso sobrepasaba el tiempo de mi administración.
C.O.T.- ¿Qué opina del trabajo que hizo su sucesor provisional, Guillermo Mendoza Diago, quien también fue su vicefical?
M.I.A.- Si lo nombré vicefiscal era porque estaba convencido de sus capacidades y porque tenía pruebas de las competencias de su conocimiento. Considero que fue autónomo e independiente. Debo decir, eso sí, que supe de unas manifestaciones del doctor Mendoza cuando ejercía como fiscal general encargado, que no entendí, como le ocurrió a muchos otros de nuestros compañeros en la Fiscalía.
C.O.T.- ¿Cuáles manifestaciones?
M.I.A.- No entendí que asegurara que la oficina delegada ante la Corte Suprema no era eficaz porque él fue, por muchos años, coordinador de esa unidad y, además, porque después, como vicefiscal, también ejercía coordinación sobre la delegada. Por el aprecio y la amistad que me une a él, no cuestioné sus afirmaciones aunque, repito, no me gustaron. O mejor, no las entendimos. Sin embargo, no tengo problema en decir que creo que lo hizo bien como fiscal interino.
C.O.T.- Finalmente, ¿considera que en Colombia hay persecución política de la Fiscalía y, en general de la justicia, contra un grupo de uribistas y, en concreto, contra quienes están requiriendo asilo político?
M.I.A.- Con la autoridad que me da haber estado al frente de la Fiscalía, puedo asegurar que no tiene soporte que se diga que aquí no hay garantías. La justicia ha demostrado que opera, con todos sus defectos y errores, pero también con suficientes garantías.
Accidentado proceso de sucesión
Mario Iguarán es abogado de la Universidad Externado. En 2004 se posesionó como viceministro de Justicia de Álvaro Uribe, cuando el ministro del Interior y Justicia era Sabas Pretelt de la Vega, de quien se hizo gran amigo. En la función que desempeñó dentro de la administración anterior, tuvo que estructurar y defender ante el Congreso la Ley de Justicia y Paz como marco legal para desmovilización de los paramilitares. Estando en el Viceministerio, el presidente de la República lo incluyó en la terna para dirigir la Fiscalía General. La Corte Suprema lo eligió, según se dice, después de un intenso lobby del ministro Pretelt. Iguarán se posesionó como fiscal el primero de agosto de 2005 y dejó el cargo en agosto de 2009 al cumplir su período. En esos años, las relaciones entre el Ejecutivo, en cabeza de Álvaro Uribe, y la Corte Suprema sufrieron un grave deterioro que repercutió en el proceso de elección de un sucesor. En su lugar fue nombrado, como reemplazo temporal, su vicefiscal Guillermo Mendoza Diago. Nadie se imaginó, entonces, que la espera de Mendoza duraría 16 meses. Sólo cuando Juan Manuel Santos llegó a la Jefatura de Estado, la Corte eligió a Viviane Morales, hace un año y dos meses. Ahora el cargo está de nuevo vacante.
¿Otro plan de desprestigio?
No había terminado el período de Mario Iguarán en la Fiscalía cuando ya se escuchaba el rumor de que un grupo de narcoparamilitares había hecho colecta de $5 mil millones para influir en su elección, en 2005, sobornando a algunos magistrados de la Corte Suprema. El país vivía una dura confrontación entre el presidente Uribe y la Corte. Cuando un desmovilizado, conocido como Johnny Cano, declaró que esa versión era presuntamente cierta, se abrió una investigación contra Iguarán en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por cuanto el fiscal general tiene fuero. Hace poco, el extraditado alias Macaco desmintió la historia en declaración que se anexó al proceso y, además, aseguró que el abogado Sergio González, cercano a Santiago y Mario Uribe, hermano y primo del exmandatario, le propuso urdir ese montaje contra Iguarán para desprestigiarlo. En la época en que Macaco habría recibido la propuesta de González, hoy condenado por otro montaje que inventó contra el magistrado investigador de la parapolítica Iván Velásquez, la Fiscalía procesaba a Mario Uribe y había dictado orden de captura contra él. El extraditado también mencionó, como supuestos participantes del plan de desprestigio, a José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo y Bernardo Moreno. La investigación aún no concluye.
Frases para recordar
‘‘Hay que resaltar que la demanda y la decisión del Cosejo de Estado no eran contra la fiscal, sino contra la forma como fue elegida”.
‘‘Que hubiéramos vinculado a un proceso penal al jefe de la inteligencia oficial —Jorge Noguera— desvirtúa la existencia de las presiones”.
‘‘El cargo deja, además, muchas enemistades que nacen de las decisiones que afectan la libertad o el patrimonio de las personas”.
‘‘Con la autoridad que me da haber estado al frente de la Fiscalía, puedo asegurar que no tiene soporte que se diga que aquí no hay garantías”.