“Seguramente algunos me quieren ver fuera del Gobierno”: Juan Fernando Cristo

Así contestó el ministro del Interior al rumor sobre su presunto retiro de la administración Santos. Dijo que no se negociará la solución al paro camionero con el actual presidente de ese gremio, por dudas sobre su conducta. Señaló que en mitad de este semestre habrá plebiscito
y un revolcón profundo en materia de leyes. Y no descarta una constituyente para reformar la justicia.

“Es una pena que unos poderosos empresarios del transporte utilicen a los más débiles como carne de cañón”, opina Juan Fernando Cristo. / Cristian Garavito - El Espectador

Aunque el paro camionero no solo involucra su cartera, sí le corresponde lo más difícil: el orden público. ¿Por qué, con el paso de los días, está degenerando en graves disturbios en lugar de que se llegue a una conciliación?

A pesar de que el Gobierno ha escuchado las peticiones y reclamos del grupo de transportadores y, a su vez, ha presentado propuestas viables, una minoría no está interesada en argumentar y, en cambio, se ha dedicado a intimidar y a cometer actos de agresión. Es una pena que unos poderosos empresarios del transporte utilicen a los más débiles como carne de cañón.

Ustedes enfrentan una disyuntiva: atender los reclamos del gremio, que debe tener razones, o atender las necesidades de abastecimiento y movilidad de los ciudadanos. ¿Quiénes tendrán atención prioritaria?

El Gobierno está en la obligación de garantizar el bienestar general. Al principio atendió las necesidades de ese grupo de transportadores que lo único que han demostrado es, como dije, su desinterés en llegar a un acuerdo. Aunque insistimos en el diálogo, nuestra prioridad, hoy, es garantizarle a la comunidad su bienestar y el acceso a los alimentos que requiere, mediante la conservación del orden y la seguridad. También será prioritario darles a los sectores productivos la garantía de que los recursos que necesitan, estarán disponibles.

En cuanto a los reclamos de los transportadores, ¿qué encuentra razonable el Gobierno?

Especialmente, interesa garantizarles a los conductores condiciones dignas de trabajo y brindarles mayor seguridad económica a los pequeños transportadores. El Gobierno reconoce que es necesario introducirle modificaciones a la política pública de transporte de carga y que, en algunos casos y en rutas específicas cuyas condiciones han variado como consecuencia del funcionamiento del mercado, puede ocurrir que trabajen a pérdida. Pensando en esto se hicieron unas propuestas concretas no para volver a las tablas de fletes, porque estas no constituyen la solución, sino para mejorar la competitividad del sector y las condiciones de operación. Los voceros del paro han sido intransigentes y no quieren nada distinto a regresar a la tabla de fletes.

¿Y por qué no aceptarlo?

Es absolutamente inconveniente por cuanto está demostrado que distorsiona el mercado, que no es un sistema práctico, que genera ausencia de competitividad y sobrecostos en la canasta familiar.

En cifras, ¿cómo van las medidas antidisturbios que anunció el presidente?
 

Hasta ahora la Superintendencia de Transporte ha suspendido 321 licencias de conductores de camión que han afectado la movilidad. Se ordenó suspender licencias a 977 vehículos de carga. Se han adelantado 1.636 caravanas desde el 7 de junio al 15 de julio (lapso del paro), para garantizar la movilidad, en las que han participado 24.342 vehículos. Y al día de hoy se encuentran en las carreteras nacionales más de 43 mil miembros de la Fuerza Pública.

¿Sanciones como la de decomisar los vehículos que se usen en bloqueos de carreteras no empeorarían la situación?El acceso a alimentos, medicinas y combustible para todos los colombianos no se negocia. El Gobierno no puede permitir que los precios de productos básicos suban por cuenta de este paro. Sería fácil aceptar las demandas desmedidas de los camioneros, pero los 48 millones de colombianos pagaríamos ese costo hacia adelante. Por ponerle sólo un ejemplo, la canasta familiar subiría el 10 %.

¿Es cierto que dirigentes del paro se tomaron, en beneficio propio, el programa de chatarrización de los vehículos viejos?

Estamos a la espera de los resultados y conclusiones de las investigaciones que tiene en marcha la Fiscalía y que no vienen del paro, sino de atrás. Se valorarán las pruebas existentes, entre ellas, el testimonio de un exsocio de Pedro Aguilar (presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC) que reconoce el dominio que este empresario tendría sobre el “cartel” de la chatarrización, entre otros indicios.

Justamente el señor Aguilar se precia de haber organizado 25 paros. En una grabación encontré estas palabras que él pronunció: “no podemos permitir que nos sigan mamando gallo. Si mañana nos tocan a un camionero más, esto se acabó… porque nos vamos es a encender a golpes… que a Bogotá no le entre comida para que sepan qué somos los camioneros”. ¿Habrá que negociar con esta persona que, en todo caso, representa a los huelguistas?

La negociación no puede ser con el señor Aguilar, porque tiene serios cuestionamientos sobre su participación en el esquema de chatarrización. Por supuesto que él es propietario de un número importante de camiones, pero el sector está compuesto, además de él, por empresarios sensatos. A esa inmensa mayoría queremos reiterarle nuestra disposición de diálogo para encontrar un acuerdo que la beneficie y beneficie a los colombianos.

¿El cuestionado presidente de la ACC fue candidato al Senado por el Partido de la U?

No lo he conocido en la actividad política, pero entiendo que ha participado por ese partido en elecciones anteriores.

¿El uribismo ha incentivado este paro, como han dicho algunos medios?

Para nadie es un secreto que dirigentes importantes del Centro Democrático se han expresado en medios y redes a favor del paro. El Gobierno esperaría una posición mucho más clara y contundente de parte de ellos, para condenar las vías de hecho y los bloqueos ilegales que se presentaron la semana pasada en las carreteras.

Pasando a otros temas: se ha rumorado que usted y al menos otro ministro podrían salir del Gobierno para liderar la campaña por el sí al plebiscito por la paz. ¿Cierto o versiones de la “oposición”?

El plebiscito va a ser el debate electoral más importante de Colombia en los últimos 60 años. En 1957 se votó uno para acabar con la violencia liberal-conservadora y se logró el propósito. Más de medio siglo después, los ciudadanos tendremos la oportunidad de ir a las urnas para terminar esta nueva etapa de la violencia. Soy un soldado de la causa de la paz y del presidente Santos. Si él considera que puedo ser útil en la calle recorriendo el país para pedirles a los colombianos que no perdamos esta oportunidad, estaré listo a hacerlo pero hasta el momento, esa posibilidad no se ha contemplado.

¿Entonces sí son rumores de la oposición?

Claro que sí. Seguramente algunos me quieren ver fuera del Gobierno.

De otro lado, el ministro de la política se necesita para liderar la agenda legislativa de paz. ¿Cuáles son los principales proyectos de esa agenda y qué materias se tratarán a partir del miércoles de esta semana, 20 de julio?

La legislatura que viene en el Congreso y que arrancará especialmente después de la votación del plebiscito, será de la misma envergadura de la que tuvimos en la Constituyente de 1991. Tendremos la posibilidad de producir las más grandes transformaciones políticas, económicas y sociales del país aprovechando el momento de la paz. Preparamos desde el Gobierno, en los distintos ministerios, un gran paquete legislativo para cumplir e implementar los acuerdos de La Habana, pero solo comenzaremos a presentar las iniciativas una vez se refrenden los acuerdos.

¿Cuáles serán prioritarias?

Obviamente tendrán que presentarse propuestas relacionadas con la participación, en política, de las Farc. No podemos olvidar que el objetivo central de cualquier proceso de paz es el de que quienes han empuñado las armas para defender unas ideas, las dejen y las puedan defender en democracia. También tendremos que crear las circunscripciones especiales para las zonas de conflicto y tramitar el proyecto que eleva a categoría de acuerdo especial el acuerdo de paz que se firme en La Habana.

¿Su afirmación “la legislatura (después del plebiscito) será de la misma envergadura de la que tuvimos en la Constituyente del 91” significa que el revolcón constitucional será de tal magnitud que parecerá una nueva Carta Política?

Sin duda. Se tramitará, mediante el procedimiento legislativo especial aprobado en el Acto Legislativo para la Paz y con las facultades extraordinarias del presidente, un completo paquete de reformas constitucionales, leyes estatutarias y decretos legislativos relacionados, por ejemplo, con el desarrollo del campo colombiano, la justicia transicional, el régimen de partidos, el régimen electoral, el estatuto de oposición, entre otros, que significarán profundas reformas al sistema político y económico del país. Tanto como una nueva Constitución, no me atrevería a señalarla así, pero el cumplimiento de los acuerdos y su implementación sí implicarán transformaciones profundas. La paz de Colombia no se obtendrá para mantener el statu quo. Se requieren amplios y audaces cambios que este Gobierno está dispuesto a impulsar. Ya estamos trabajando en ellos.

A propósito de cambios, los industriales y empresarios que temen perder sus capitales y negocios, ¿pueden estar tranquilos?

Totalmente. La tarea del equipo negociador del Gobierno ha sido impecable. Los acuerdos, que ya conoce el país significarán reformas importantes, muchas de ellas aplazadas desde hace tiempo, pero de ninguna manera afectarán principios esenciales de nuestro sistema democrático. No existe el “castrochavismo”, como en forma delirante lo señalan, repetidamente, los detractores del proceso.

La caída, en la Corte Constitucional, de la reforma a la justicia contenida en el proyecto de equilibrio de poderes, es un golpe. El hecho es que reviven los desprestigiados Consejo de la Judicatura y Comisión de Acusación. ¿Qué opina

El Gobierno y el Congreso le cumplieron al país con la reforma al equilibrio de poderes. Respeto a la Corte Constitucional, alma de la Carta de 1991, pero, francamente, señalar que se sustituye la Constitución porque se eliminan dos instituciones tan desprestigiadas como el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación, genera un precedente peligroso y limita las facultades y competencias del Congreso. Me preocupa el mensaje de que estos dos organismos son “insustituibles”. Y la sensación de que se volvió imposible reformar la justicia. Desde luego, acatamos la decisión. Ahora bien, más allá de esos escollos, la reforma fue útil porque permitió terminar con prácticas como el “yo te elijo tú me eliges”, la denominada puerta giratoria, la reelección de altos funcionarios y porque, además, se suprimieron algunas facultades electorales de las cortes.

El comunicado de la Corte al respecto da una argumentación que me parece riesgosa por genérica y extraña al quehacer procesal. Dice que, además de las pruebas contra –por ejemplo– la conducta de un magistrado, se deben “valorar la estabilidad de las instituciones y el bien común”. ¿Qué piensa?

A partir de esta decisión, el país tendrá que avanzar en una discusión serena y tranquila sobre el futuro de la justicia porque, en la práctica, queda establecido que la Comisión de Acusación no puede ser eliminada por el Congreso. Significa que solo sería posible el camino de una asamblea nacional constituyente para hacer esas modificaciones. En pocas palabras, se blindó para siempre y hacia el futuro el actual sistema de investigación y juzgamiento de los funcionarios aforados. Y eso no es conveniente.

¿Este gobierno se le mediría a una constituyente para reformar la justicia?

Este Gobierno y el Congreso se le midieron con éxito a la tarea de producir una reforma que les convenía a la justicia y al país. Reformas sobre la misma materia se intentaron, por parte de los gobiernos, en los últimos veinte años y no se había logrado. Por eso debo reconocer que queda una frustración grande de que no se le haya dado oportunidad a la que adelantamos. Ahora es inevitable la discusión sobre una constituyente. No hay que tenerle miedo a ese debate. El Gobierno ha descartado ese mecanismo para refrendar los acuerdos de paz, pero no lo descartaría para reformar la justicia más adelante.

A punto de montarse a un avión hacia el exterior, Eduardo Montealegre cobró el triunfo en la Corte puesto que él fue quien interpuso la demanda y, de paso, habló pestes del Gobierno y de usted, con nombre propio. ¿Qué sucedió entre ustedes para que el exfiscal esté tan resentido?

No alcanzo a comprender la agresividad en las posiciones del exfiscal frente al Gobierno. Esa pregunta habría que hacérsela a él. Y a mí no me genera ningún comentario. No vale la pena.

De nuevo, cambio de tema: si yo digo la frase “Vargas Lleras y Cambio Radical quedaron muy fortalecidos con uno de sus miembros como ‘dueño’ de las investigaciones penales del país, a la cabeza de la nueva Fiscalía General”, ¿usted estaría de acuerdo conmigo?

No estaría de acuerdo, porque sería partir de la base de que el nuevo fiscal general de la Nación obedece a intereses políticos particulares. Y conociendo su trayectoria, estoy seguro de que no es así. Además, él (Néstor Humberto Martínez) expresó públicamente que obrará con independencia y sin ninguna agenda de carácter político. Y yo le creo.

Con todo respeto: cuando alguien gana una posición tan importante como la de la Fiscalía General, nadie se atreve a cuestionarla. ¿Le está pasando al Gobierno, a través suyo, algo similar?

El presidente presentó una terna elogiada por analistas y expertos en la materia. Cualquiera de los tres candidatos tenía las credenciales para ser un buen fiscal. Por eso el Gobierno y el país están tranquilos con la elección de la Corte Suprema.

De usted se dice que será candidato presidencial lo mismo que de Vargas Lleras, lo que implicaría que ambos se retiraran del Gobierno, a más tardar, en marzo del 2017 para no inhabilitarse. ¿Su candidatura es un hecho?

No es el momento de pensar en candidaturas, sino de asumir un compromiso claro con la construcción de la paz territorial a partir de los acuerdos de La Habana y su implementación a través del procedimiento legislativo especial y de las facultades extraordinarias que tendrá el presidente. Eso para mí es lo importante actualmente y es lo que debería interesar a todos en esta coyuntura histórica.

El vicepresidente no parece tan entusiasta como usted con el proceso de paz…

Todo el equipo de gobierno está jugado por la paz. Lo que sucede es que hay responsabilidades distintas en cada uno de los funcionarios. No me cabe duda de que dentro del Gobierno no se presenta ninguna fisura con respecto al legado fundamental que dejará el presidente Santos: la paz.  

Multas hasta por $480 millones por bloqueo

La administración ha anunciado medidas fuertes contra los actos de fuerza de unos manifestantes del paro camionero. ¿Se pondrán en práctica o sólo constituyen una táctica de presión?

No. El presidente anunció medidas en distintos frentes para impedir el caos que una minoría ha generado: en abastecimiento y productividad se ordenó la habilitación temporal de vehículos particulares para el transporte de carga y el establecimiento de un centro logístico para coordinar esos movimientos con los transportadores que quieran trabajar; adicionalmente, el Sena tiene disponibles 12 mil conductores capacitados para trasladar las mercancías y el Ministerio de Minas importó 300 mil galones de gasolina de Ecuador para abastecer a Nariño y Cauca, dos de los departamentos más perjudicados por el paro. En seguridad se ha duplicado a casi 50 mil hombres el número de efectivos de la Fuerza Pública que acompañarán las caravanas en las carreteras. Y en cuanto a sanciones, se ha ordenado la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías, la cancelación de las licencias a los conductores y la cancelación de la licencia de operación a los propietarios y empresas que participen en esos bloqueos, así como se impondrán multas hasta por $480 millones.

 

“Plebiscito antes de terminar septiembre”

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno convocar el plebiscito?

La fecha depende de la decisión de la Corte Constitucional frente a la ley estatutaria del plebiscito y, obviamente, de la firma del acuerdo definitivo en La Habana. Confiamos en que esos dos hechos se concreten en el menor tiempo posible. Una vez se presenten, el presidente de la República convocará de inmediato el plebiscito en que, por primera vez, los colombianos se pronunciarán sobre el contenido de unos acuerdos de paz. Yo espero que podamos acudir a las urnas a tomar esa decisión histórica antes de terminar el mes de septiembre.

Si gana el no, ¿qué pasará? Las Farc ya dijeron que no volverán a la guerra…

El presidente ha señalado, de manera clara, que si los colombianos no aprueban los acuerdos finales de La Habana, simple y sencillamente no habrá paz y se acabará el proceso. No puede ser de otra manera: para eso se estableció la refrendación ciudadana. Las posibilidades de paz se aplazarían al menos hasta el inicio del próximo gobierno. No se puede engañar a los ciudadanos diciéndoles que si se vota en contra de los acuerdos, simplemente vendrá una modificación de los mismos. Eso no es posible. En cuanto a lo que harán las Farc en ese caso, ellas tendrán que decidirlo.