“Una constituyente no está en la agenda del Gobierno”: Mininterior

Sostiene el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respecto de esa convocatoria para sustituir la reforma al equilibrio de poderes que se tramita en el Congreso.

Según Cristo, hay oposición judicial al nombramiento de jueces autónomos para los miembros de las altas cortes. / Luis Ángel - El Espectador
Los últimos días fueron críticos para la reforma al equilibrio de poderes por la “mina quiebrapatas” envuelta en la propuesta de tres de los presidentes de las cortes y el fiscal general, que consistía en hundir el proyecto y convocar, en cambio, una constituyente. Esta semana transcurrió entre reuniones para responderles. ¿Conclusiones y balance, al final del día?
 
Las reuniones entre los ponentes de la reforma tanto de Senado como de Cámara, los tres presidentes de las cortes y el Gobierno fueron positivas. Se demostró la conveniencia de la iniciativa que se está tramitando y también fructificó la invitación del Ejecutivo para que la Rama Judicial y el Congreso entablen diálogo. Todos entendieron que la ciudadanía espera el fortalecimiento de las instituciones de la justicia para recuperar la confianza en ella. En el curso de esas reuniones encontramos observaciones pertinentes de los altos tribunales para mejorar el proyecto.
 
Conclusiones: la reforma sigue adelante; se reconocen las competencias y facultades del Congreso, que está cumpliendo sus funciones; las cortes fueron escuchadas y algunas de sus inquietudes fueron atendidas en medio de una discusión franca.
 
¿Es cierto que el magistrado Bustos insistió en mantener inamovible la desprestigiada Comisión de Acusación como órgano juzgador de los aforados y que sostuvo que si, finalmente, se crea un tribunal de aforados la elección de sus miembros recaiga en la Corte Suprema, es decir, que quienes van a ser juzgados elijan a sus jueces? 
La discusión sobre la nueva comisión de aforados y su composición se está dando desde el comienzo del trámite de esta reforma. También se han escuchado planteamientos alrededor del juzgamiento de quienes tienen fuero. Aún hay sectores de la Rama Judicial que consideran que no debe existir intervención del Congreso de la República en la elección de sus integrantes, pero esas observaciones no tuvieron eco.
 
Le insisto, ministro: ¿Leonidas Bustos propuso mantener la Comisión de Acusación? O, en sustitución de ella, ¿permitir que la Suprema elija a los magistrados de la nueva comisión? Y, también, que esa corporación sea la supercorte que juzgue a todos los aforados, como contaron algunos de los congresistas presentes ? 
La reunión a la que usted se refiere fue privada, y allí se discutieron todos los temas durante cuatro horas. Formalmente, la Corte Suprema no ha hecho ese planteamiento ni al Congreso ni al Gobierno. Pero en estos meses de discusiones en el Legislativo sí han surgido voces que el Ejecutivo no comparte, según las cuales no se debe tocar el actual sistema de investigación y juzgamiento de los aforados.
 
Entonces, es cierto que las altas cortes prefieren que se mantenga la inoperante Comisión de Acusación, es decir, que no haya quién juzgue a los magistrados.
Yo no diría eso porque, entre otras cosas, la posición frente a este y otros temas no es homogénea en las cortes: hay magistrados con opiniones distintas frente a cada punto de la reforma. Y esto es apenas natural, tratándose de corporaciones colegiadas.
 
Como se sabe, el presidente de la Suprema fue desautorizado por sus colegas de la sala plena en cuanto a constituyente se trata. Pero, en todo caso, él hace causa común con el fiscal general. ¿Efectos de la confrontación de estos dos personajes con el Gobierno? 
 
El Gobierno está comprometido en sacar adelante la reforma que contribuirá a restablecer el equilibrio de poderes y a hacer unos ajustes institucionales indispensables e inaplazables. Para lograrlo, no creemos que sea necesario ni conveniente plantear una confrontación entre las ramas del poder público. Respetamos la autonomía e independencia tanto del Congreso de la República como del Poder Judicial y consideramos que es posible producir los cambios que los colombianos reclaman, sin enfrentamientos inútiles.
 
Hay quienes dicen que aunque haya caído mal, el fiscal y el presidente de la Suprema insistirán en la convocatoria de una constituyente. Según usted, ¿esta idea murió o todavía colea?
Son temas bien distintos. Primero, no hay duda de que la reforma al equilibrio de poderes continúa su trámite, cada vez con mayor consenso en las distintas bancadas del Congreso y en la opinión pública. Segundo, está claro que el Congreso cuenta con las facultades e independencia para discutir y aprobar una reforma de este calado, como le dije. Tercero, le reitero que las observaciones de la Rama Judicial se han tenido y seguirán teniendo en cuenta. Cuarto, esperamos entregarle al país, en junio, una reforma que incida en la imagen de la justicia. Otra cosa muy distinta es la constituyente cuya realización se seguirá debatiendo, especialmente respecto del proceso de paz de La Habana.
 
¿Es cierto, como dicen algunos analistas, que tarde o temprano llegará la constituyente aunque hoy suene a herejía?
A mí no me parece una herejía ni me asusta. Ese es un debate permanente en la sociedad colombiana, pero hoy esa posibilidad no está en la agenda del Gobierno. Es tan importante para un país la convocatoria de una constituyente, que sólo debe ser utilizada de manera excepcional y con un amplio consenso nacional.
 
Se sabe que el fiscal fue el autor de esa explosiva propuesta. Y que ella surgió después de que algunos congresistas dijeran —en tono agresivo—, que en el capitolio había una lobista de la Fiscalía que trataba de incidir en las votaciones. ¿Cree que la reacción del doctor Montealegre fue más emotiva que racional?
No voy a entrar en controversias con el fiscal. Él, además, tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, como cualquier ciudadano, y a ejercer acciones de inconstitucionalidad cuando encuentre razones para hacerlo. Se trata de un jurista que todos respetamos. Lo que sucede es que, en las actuales circunstancias, el Gobierno considera inconveniente dilatar y aplazar decisiones que llevan años de maduración. Francamente, la idea de la constituyente que, insisto, no debe asustarnos como mecanismo eventual para reformar la Constitución, no es oportuna en la actual coyuntura. Estoy seguro de que si el fiscal revisa el contenido de la ponencia para séptimo debate en la Cámara, encontrará más coincidencias que diferencias con lo que él piensa.
 
El fiscal ha sido criticado por una parte de la opinión y de la oposición política por ser aliado del Gobierno. ¿Qué sucedió para que él terminara enfrentado con ustedes y con el Legislativo? 
Esa es una buena pregunta para él, porque el Gobierno, como lo dije anteriormente, espera continuar con una relación armónica con el ente investigador más allá de las diferencias que haya en temas específicos. Sin embargo, esta es una buena oportunidad para que a la oposición le quede claro que el fiscal es un funcionario independiente con convicciones ideológicas y jurídicas propias.
 
Pese a su lenguaje conciliador, algunos togados se quejan de que nunca han sido consultados ni escuchados, por ejemplo, el magistrado Hermes Darío Lara, vocero de los togados de los tribunales superiores y juzgados. Él dice que esta reforma “arrodilla” a la Rama Judicial frente a los otros poderes.
Nada más alejado de la realidad. Este gobierno, como ningún otro, ha respetado la autonomía y la independencia de la Rama Judicial y continuará haciéndolo. Cuando usted compara el texto inicial de la reforma y lo que hasta ahora se ha aprobado, encontrará muchas diferencias, producto de un copioso debate, deliberante y democrático. Ejemplos: al comienzo se planteó que el tribunal de aforados no acumulara, por inconvenientes, las funciones de investigación, acusación y juzgamiento. Consideramos razonables esas inquietudes y se modificó la propuesta. Después otros magistrados expusieron la necesidad de blindar sus providencias frente a ataques políticos. Así se hizo. Los miembros de las cortes opinaron que eran excesivas las inhabilidades para ellos con argumentos razonables de igualdad frente a los otros funcionarios públicos. También se cambió.
 
Entre los funcionarios judiciales de nivel medio subsiste la idea de que la reforma es lesiva para su independencia por el nuevo órgano que administrará el presupuesto de la rama.
Existía alguna preocupación por la presencia del ministro de Justicia en ese órgano y ya se eliminó. Ese ente estará conformado únicamente por los presidentes de las cortes y, por primera vez en la historia de la Rama Judicial, —vea usted la paradoja— por delegados elegidos por los propios magistrados de tribunales superiores, jueces y empleados. Creemos que es un avance sustancial que en nada afecta, por el contrario, garantiza, su independencia y autonomía. ¿Usted cree que todavía hay alguien en Colombia que considere que el sistema de administración de la rama que ejerce el actual Consejo Superior de la Judicatura debe sostenerse? ¿Alguien que todavía crea que la Comisión de Acusación sirve para algo? ¿Alguien que piense que no se debe prohibir la puerta giratoria que permite pasar de una corte a otra? ¿Alguien que sostenga que no debemos impedir la práctica del “yo te elijo, tú me eliges”? Yo diría que no. Todos coincidimos en que estas son reformas que necesita el Poder Judicial y que no podemos seguirlas aplazando.
 
Hay uno (Leonidas Bustos) o dos (junto al fiscal) que sí están en la idea de mantener en “modo estatua” la Rama Judicial. Pero eso no es responsabilidad suya. A propósito, ¿es cierto que los magistrados del Consejo de la Judicatura sobrevivirán a la reforma, es decir, que pasarán al nuevo órgano que se va a constituir?
No. Lo que sucede, como usted entenderá, es que hay una etapa de transición, porque de la noche a la mañana no es posible desaparecer, responsablemente, una entidad de esa dimensión y crear otra. Se contemplan, entonces, unos tiempos que van de seis meses a un año, tanto para la Sala Administrativa como para la Disciplinaria. Al cumplirse un año de vigencia de la actual reforma, tendremos en funcionamiento el nuevo sistema de administración, judicial más eficiente y racional, de un lado. Del otro, la nueva Comisión Nacional de Disciplina que no conocerá ni de tutelas ni de conflictos de jurisdicción. 
 
Se comenta que el “lobby” de los togados que integran los consejos seccionales de la Judicatura frente a los representantes a la Cámara de cada región es fuerte. ¿Qué se contempla, en materia de estabilidad laboral, de todos estos funcionarios judiciales?
Estoy convencido de que la Cámara estará a la altura del desafío que se plantea para aprobar una buena reforma. Ya lo demostraron los representantes en la primera vuelta del acto legislativo. Ahora bien, no me preocupa que los magistrados y demás funcionarios de la rama hagan escuchar sus voces en el Congreso. No estigmatizo el término “lobby”. En cuanto al futuro de los actuales magistrados de los consejos seccionales, se garantizan los derechos de quienes pertenecen a la carrera judicial y se prevé su reubicación en otros tribunales. Y, la verdad, hasta el momento no he escuchado que los representantes se sientan amenazados de la manera como usted afirma.
 
Otra queja de la rama, y aun de críticos externos es que la reforma refuerza el presidencialismo y concentra mucho poder en el jefe de Estado.
Desafío a esos críticos a que me citen una sola norma dentro de la reforma que entregue al presidente competencias y facultades que hoy no tiene. Seguramente se refieren a ideas que surgieron durante los debates y que hoy ya no existen, como la de que el mandatario designara, transitoriamente, los miembros de la comisión de aforados o a la de que él integrara, de manera exclusiva, la terna para procurador. Le reitero que no existe en esta reforma ningún artículo que refuerce el poder presidencial.
 

 Aspiración legal después de un año

 
Se dice que algunos presidentes de cortes y titulares de Procuraduría o Fiscalía, aspiran a pasar a otros cargos judiciales ¿La reforma lo permitirá?
Establece inhabilidad de un año para pasar de un cargo a otro. Y prohíbe la práctica del “yo me elijo, tú me eliges” que tanto daño ocasionó a la credibilidad de la Rama Judicial.
 
Casos como el del magistrado Pretelt, en el que  no existen mecanismos para obligar a que un togado como él se retire, ¿tendrán salida?
Sin duda, porque se establecen mecanismos que permitirán hacerlo. Se les dan facultades a las cortes para que en casos como los que señala ellas puedan solicitar a la Comisión de aforados la suspensión de uno de sus miembros si consideran que incurrió en causal de mala conducta. En segundo lugar, el procedimiento establecido para la investigación, acusación y juzgamiento de los aforados separa la responsabilidad penal de la de mala conducta. En este último caso se prevé un trámite ágil para sancionar esas conductas en el Congreso. 
 
¿Qué opina del regreso de Alberto Rojas Ríos a la Corte Constitucional?

Como ministro del Interior no me corresponde opinar sobre esa decisión adoptada por el Consejo de Estado.

NOTA DEL EDITOR: Esta respuesta es la de senadora Claudia López y no del ministro del Interior. Ofrecemos disculpas por la molestia causada.

"Quedé descorazonada": senadora Claudia López

¿Es cierto que después del escándalo por la propuesta del fiscal y del presidente de la Corte Suprema, de realizar una constituyente en lugar de reformar la justicia, el magistrado Bustos se reafirmó y defendió la deslegitimada Comisión de Acusación?

El único que se ratificó, en su totalidad, en lo que propusieron tres de los presidentes de las cortes y el fiscal, fue Leonidas Bustos, de la Suprema. Reafirmó que había que realizar una constituyente con las Farc y sin el Congreso (éste tendría que ser clausurado para convocarla); repitió que había que hundir la reforma; dedicó 20 minutos a defender la Comisión de Acusación, y dijo que, si acaso, para mejorarla, se le podían nombrar unos abogados. Ese es su plan A. Su plan B es que la propia Corte Suprema haga las veces de tribunal de aforados: investigación y juzgamiento de quienes tienen fuero. También defendió al Consejo de la Judicatura. Señaló que era inconveniente eliminarlo y dijo que el órgano de administración de la rama que se estaba tramitando era muy complejo. Quedé asombrada y descorazonada. Pero recuperé la fe cuando me di cuenta de que Bustos y el fiscal están solos porque los presidentes del Consejo de Estado y de la Judicatura reconsideraron su posición e hicieron propuestas para debate.