“Es una infamia”: Jaime Arrubla

“En la Corte Suprema no se hace lobby ni nuestros antecesores pretendían influirnos”, insisite Jaime Arrubla. / Cristian Garavito - El Espectador

Usted fue presidente de la Corte Suprema cuando el entonces jefe de Estado, Álvaro Uribe, se oponía a lo que hacía o decidía esa corporación. ¿Por qué se originó esa situación de confrontación?

Varios temas dañaron el entorno: sin duda, las investigaciones de la parapolítica afectaron a muchos allegados al Gobierno y eso causó molestias. También la reforma constitucional que el Gobierno le quiso introducir a la tutela, inclinaba la justicia ordinaria y contenciosa (Corte Suprema y Consejo de Estado) ante la revisión de sus sentencias (por parte de la Corte Constitucional). Eso le restaba toda autonomía e independencia a la Suprema, so pretexto de unificar jurisprudencia en derechos fundamentales. Las demás dificultades vinieron después con las chuzadas del DAS, la interceptación de comunicaciones, las campañas de desprestigio, los seguimientos y declaraciones de descalificación de la corporación y de sus magistrados, etc.

¿Por qué la administración Uribe cambió el proyecto de reglamentación de revisiones de las tutelas que, según recuerdo, en principio favorecía a la Suprema y después fue modificada para darle primacía a la Constitucional?

No hubo explicaciones del Gobierno. Fue un cambio de 180 grados sobre la propuesta inicial del entonces ministro del Interior, Fernando Londoño. Ese giro abrupto causó reacciones públicas, incluso de parte del presidente de la Corte Suprema, y terminó por agudizar la confrontación.

El exmandatario exigió, en su encendida protesta de esta semana, que la Corte explique por qué —de acuerdo con unas supuestas grabaciones— algunos magistrados “pedían un golpe de Estado”. ¿Qué recuerda de ese momento?

Es comprensible que se quiera defender a un gobierno al cual le acaban de condenar a tres de sus más altos funcionarios. Pero no es aceptable que, para hacerlo, se pretenda, otra vez, desacreditar a la Corte Suprema. Jamás escuché que un miembro de la corporación dijera semejante despropósito. Otra cosa es que se le den interpretaciones exageradas y descontextualizadas a las frases de algún magistrado que no tenían ese alcance. El deber de las cortes es defender las instituciones democráticas, no atacarlas.

El exmandatario Uribe hizo otra fuerte afirmación contra la corte de la que usted hizo parte: “(unos magistrados) prevaricaban para sustentar por qué no nombraban fiscal general”. ¿Por qué no lo hicieron con prontitud?

Nadie prevaricó. Todo el mundo votó siempre que se puso en consideración a los candidatos. Las ternas elaboradas por el Gobierno se presentaron a Sala Plena infinidad de veces, pero ninguno de los aspirantes obtenía la votación necesaria. La terna se desintegró varias veces por múltiples razones, algunas graves, como aquellas que ponían algún candidato en aprietos. De otro lado, el entorno era bastante difícil por la reacción del Gobierno a las investigaciones que llevaba la Corte y por la interceptación de las comunicaciones a los magistrados. Lo cierto es que cuando se destrabaron las dificultades, hubo elección.

¿La Corte estaba infiltrada por mafiosos?

Por supuesto que no: ni infiltrada ni influenciada. Eso es una infamia.

Pues el doctor Uribe sostiene que estuvieron cercados por Giorgio Sale y Ascencio Reyes.

El señor Giorgio Sale perdió cuatro procesos de tutela que interpuso ante la Sala Civil de la Corte en aquella época. Al señor Ascencio Reyes nunca lo vi, ni en la Corte ni fuera de ella.

En su dura reacción a la condena de sus funcionarios, el expresidente también se quejó, en el Senado, de que la actual Corte no lo hubiera querido escuchar en esos procesos. ¿Esa decisión de la Sala Penal invalida su sentencia?

No conozco el expediente, pero son los sujetos procesales los que pueden pedir pruebas testimoniales o es la misma Corte la que, oficiosamente, puede decretarlas. Habría que mirar en cuáles circunstancias se presentó la posibilidad de ese testimonio, quién lo pidió y si era una prueba legal y pertinente. Después se podría concluir si hubo violación al debido proceso, pero no creo que sea el caso. La Corte suele ser muy rigurosa en el desarrollo de los procesos que conoce.

Esa sentencia fue dictada, obviamente, por los actuales miembros de la Sala Penal. ¿Cuántos miembros de la anterior Corte —es decir, la que confrontó al expresidente— pertenecen aún a esa célula?

Sin duda, esta es una Corte renovada y, en su gran mayoría, diferente en su composición. Los que venían de tiempo atrás se apartaron del caso declarándose impedidos porque habían intervenido en el juicio a Yidis Medina. Por eso la decisión sobre los dos exministros y el exsecretario general de la Presidencia la tomaron cuatro magistrados que llegaron después de la infortunada época a la que usted se refiere, y por cinco conjueces seleccionados para este caso.

¿Usted y sus compañeros de la anterior Corte Suprema tienen algún contacto con los actuales magistrados e influyen en ellos sobre las decisiones judiciales que vayan a tomar?

No tenemos ningún contacto. Pero, además, en la Corte Suprema no se hace lobby: ni nuestros antecesores pretendían influirnos, ni los que estuvimos en estos episodios influimos en los actuales magistrados.