El bicentenario de los juristas en el poder: los abogados mandatarios

Francisco de Paula Santander e Iván Duque. / El Espectador

Con variaciones en el orden de la secuencia, al Libertador Simón Bolívar se atribuye la frase: “Venezuela es un cuartel, Ecuador un convento y Colombia una universidad”. Una afirmación que, en el contexto de la época y en el caso colombiano, se traduce en una sociedad de abogados. Basta referir que, a la hora de constituir la Junta Suprema de la primera República, en 1810, casi la mitad eran juristas. La mayoría de ellos fueron fusilados por el pacificador Pablo Morillo en 1816. Cuando llegó la Independencia definitiva, tres años después, se afianzaron en el poder los profesionales del derecho.

En tiempos de la Gran Colombia, en medio del pulso político entre militares y togados, se afianzaron los segundos. Por eso el primero en la lista, aunque algunos autores dicen que no coronó sus estudios, aparece el abogado Francisco de Paula Santander, exaltado como “El hombre de las leyes”, justamente por su apego a los parágrafos. Roto el sueño bolivariano, cuando el país pasó a ser Nueva Granada, el turno fue para el abogado José Ignacio  Márquez, cuyo nombre hoy se asocia a la exaltación  de los más distinguidos funcionarios del poder judicial.

En términos generales, como lo señala Ignacio Arizmendi Posada en su obra Manual de historia presidencial, que la profesión de abogado cope casi el 50 % de quienes han ocupado la Presidencia de Colombia hasta hoy “constituye, por lo menos, un fenómeno”. El mismo autor sostiene que fueron 21 en el siglo XIX y 19 en el XX. En lo que va corrido de la presente centuria van dos. El actual mandatario lo es. Y evaluando en detalle la lista de los 42 abogados que llegaron a la cúpula del poder, salta a la vista que en su momento fueron gestores de controversias y de cambios.

Para la muestra, después de Santander y Márquez, que no fueron muy afines, y luego de cuatro guerras civiles (1830, 1839, 1851 y 1854), volvieron los abogados al Gobierno. Primero con Manuel María Mallarino y en 1857 con Mariano Ospina Rodríguez. Este último empezó su vida pública como conspirador contra Bolívar, después fue congresista, ministro, fundador del Partido Conservador y promotor de la Confederación Granadina y la reforma de 1858. Al final de su mandato, con nueva guerra a bordo, la de 1859, vio llegar al poder por las armas a Tomás Cipriano de Mosquera.

El país pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia y se abrieron paso los bienios del radicalismo liberal. Entre la larga lista de encargados y titulares de la Presidencia no faltaron los abogados. Especialmente cuatro que fueron protagonistas de los sucesos más determinantes de la época. Inicialmente, Manuel Murillo Toro, dos veces mandatario, y Santiago Pérez, ambos, además, reconocidos periodistas y alma y nervio del Olimpo Radical. Los otros dos, Francisco Javier Zaldúa y Rafael Núñez, fueron actores principales en el desenlace de la Constitución de Rionegro de 1863.

La letra menuda dice que Núñez, decidido a darle el golpe de gracia a los radicales, propició el acceso al poder de Zaldúa, que andaba por los 71 años, porque creía que podía manejarlo a sus espaldas. Pero Zaldúa no le copió y desde el Congreso Núñez le montó un frente de oposición sin cuartel. Al final, Zaldúa falleció, lo reemplazó el abogado José Eusebio Otálora, y después el mismísimo Núñez llegó a cambiarlo todo. Los radicales le declararon la guerra, Núñez los derrotó, cambió la Constitución, impuso la de 1886 y, reelegido para el poder, tras algunos encargos, se lo entregó a otro abogado.

El designado terminó siendo Carlos Holguín, que afianzó el movimiento de la Regeneración mientras su inspirador, Núñez, vivía en su casa de El Cabrero en Cartagena, lograba ser reelegido en 1892 y repetía el esquema. Él a distancia, en la Ciudad Heroica, y en los gajes del poder en Bogotá, Miguel Antonio Caro. El lío fue que Núñez murió en 1894 y en el afán por seguir manejando los hilos del poder, Caro quiso asegurarse en 1898 con el abogado Manuel Antonio Sanclemente, que tenía 78 años. Lo logró, pero a la vuelta de la esquina se asomaba una nueva guerra.

Esta vez la de los Mil Días, desde octubre de 1899 hasta noviembre de 1902, con golpe de Estado incluido en 1900 y el colofón de la pérdida de Panamá en 1903. Tras el accidentado quinquenio de Rafael Reyes, con miradas históricas contrastadas entre la dictadura y el progreso, en 1910 retornaron los abogados al ejercicio de gobierno. Primero con el antioqueño Carlos E. Restrepo enarbolando las banderas del republicanismo, y más adelante, en dos momentos de la hegemonía conservadora, con José Vicente Concha en 1914 y Miguel Abadía Méndez en 1926.

En 1930 volvieron los liberales. El periodista y abogado Enrique Olaya Herrera regentó el primer cuatrienio, lo siguió López Pumarejo, y en 1938 le tocó el turno a Eduardo Santos, abogado de la Universidad Nacional. López repitió mandato en 1942, pero no pudo terminar, y cuatro años después regresaron los conservadores. En medio de las atrocidades de la violencia partidista, entre 1951 y 1953, por enfermedad del titular Laureano Gómez, gobernó el abogado Roberto Urdaneta. Hasta que llegó el “golpe de opinión” y se subieron al poder los militares con Gustavo Rojas Pinilla.

Caída la dictadura en 1957, aunque para algunos fue “dictablanda”, los abogados retornaron a la Presidencia en 1962,  en pleno Frente Nacional, con Guillermo León Valencia. El resto del ejercicio bipartidista del gobierno compartido entre liberales y conservadores siguió en manos de  juristas: Carlos Lleras en 1966 y Misael Pastrana en 1970. Cuando cayó el telón del Frente Nacional, los abogados siguieron al orden del día. Primero con  Alfonso López Michelsen y, tras el cuatrienio autodidacta de Julio César Turbay, con el abogado Belisario Betancur.

Ya el país sufría los rigores de la subversión armada, el paramilitarismo y el narcotráfico, y, tras los gobiernos del ingeniero civil Virgilio Barco y el economista César Gaviria, la nueva sucesión de abogados en la silla presidencial se inició con Ernesto Samper en 1994, continuó con Andrés Pastrana en 1998 e hizo la transición al siglo XXI con Álvaro Uribe en 2002. El primero de la Universidad Javeriana, el segundo de la Universidad del Rosario y el tercero de la Universidad de Antioquia. Entre sus  dilemas políticos, los tres enfrentaron complejos desafíos jurídicos.

Sin embargo, fue en el gobierno de un presidente economista, el liberal Juan Manuel Santos, cuando terminó por configurarse el complejo andamiaje jurídico del proceso de paz con las Farc que hoy es prioritario conservar, pero que tiene polarizada a Colombia. Pero quien tiene el desafío de implementarla en el presente, en medio de múltiples retos políticos, sociales, económicos o de seguridad, es el abogado de la Universidad Sergio Arboleda Iván Duque Márquez, acompañado de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también abogada, de la Universidad Javeriana.