El proceso 8.000, a 20 años del escándalo mayor

El 22 de abril de 1995, todos los medios de comunicación de Colombia registraron el comienzo de uno de los escándalos más sonoros de los últimos tiempos: el proceso 8.000 para develar nexos entre el narcotráfico y varios frentes sociales del país.

Hace dos décadas, por estos días de abril, estalló en Colombia el escándalo político judicial más sonado de los últimos tiempos: el proceso 8.000. “Cerco de la Fiscalía a narcopolítica”, fue el titular de primera página de El Espectador del 22 de abril de 1995, para resumir los anuncios del entonces fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento, que dio inicio a múltiples investigaciones penales contra senadores, representantes, funcionarios públicos o periodistas, por presuntos nexos o beneficios con  el denominado Cartel de Cali.

Aunque ese día Valdivieso habló de la captura del exsenador Eduardo Mestre Sarmiento y referenció la apertura de investigaciones contra 23 particulares, además de pedirle a la Corte Suprema de Justicia emprender acciones similares contra nueve congresistas, con el correr de los días la lista fue creciendo hasta tomar ribetes de escándalo nacional. El huracán del proceso 8.000, ideado con la pretensión de cortar los tentáculos entre el narcotráfico y la sociedad, pronto se convirtió en el tema predominante del país.

 
Como era de esperarse, el primer coletazo del expediente se dio en el plano político, pues los señalados por el fiscal Valdivieso empezaron a ser blanco de críticas incluso de sus copartidarios. Entre tanto, el CTI de la Fiscalía cobró protagonismo para concretar la captura o entrega voluntaria de los particulares inmersos en el escándalo. Sobre todo, del periodista Alberto Giraldo, contra quien además pesaban señalamientos de ser el enlace entre el Cartel de Cali y la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano.
 
En realidad la crisis creada por la explosión del proceso 8.000 empezó a gestarse desde las elecciones presidenciales de 1994. En la segunda vuelta electoral ganó Ernesto Samper, pero su contendor principal, Andrés Pastrana, el 21 de junio de 1994 divulgó los llamados narcocasetes. Se trataba de varias grabaciones en las que el periodista Alberto Giraldo conversaba con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela –capos del Cartel de Cali-, y de tales conversaciones quedaban dudas sobre la penetración de la campaña del candidato ganador.
 
Desde ese 21 de junio de 1994, Samper empezó a cargar un pesado piano por lo sucedido en su campaña presidencial. A las pocas semanas, en una situación inusual, argumentando el estudio de la edad de retiro forzoso, la Corte Suprema de Justicia aceleró la salida del entonces fiscal Gustavo de Greiff. Sin embargo, antes de irse, el saliente fiscal concluyó que no había mérito para investigar las campañas políticas a raíz de las grabaciones aportadas por Pastrana y el caso fue archivado en el ente investigador.
 
No obstante, el 18 de agosto de ese mismo año, en reemplazo de De Greiff asumió el abogado liberal, Alfonso Valdivieso, quien en asocio con su vicefiscal, Adolfo Salamanca, entre sus primeras medidas ordenó que todos los expedientes contra el narcotráfico radicados en Cali fueran trasladados a Bogotá, al tiempo que se creó una comisión especial de fiscales sin rostro para investigar los nexos económicos de los capos del Cartel de Cali con diversos frentes sociales, entre ellos, la actividad política.
 
A partir de ese momento fueron ocho meses en los que literalmente se dio una doble carrera contra el tiempo. El gobierno Samper, apoyado en sus Fuerzas Armadas, en una cacería contra los capos de Cali; y la Fiscalía de Valdivieso en procura de esclarecer los contactos entre la mafia y la clase política. Sin entender del todo lo que se movía tras las bambalinas de esta doble dinámica, la sociedad colombiana asistía a una pugna permanente entre Samper y el periódico La Prensa que orientaba Juan Carlos Pastrana.
 
Finalmente, pegó primero Valdivieso. Ese 22 de abril de 1995, los periódicos, la radio y los noticieros de televisión no dieron abasto detallando los nombres de los políticos señalados por Valdivieso. Pero lo más importante, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el tesorero de la campaña Samper Presidente, Santiago Medina Serna, con lo cual el 8.000 tocó también a las puertas del gobierno. En adelante, el pan de cada día en los medios fueron las revelaciones del escándalo judicial. 
 
En medio de la polémica que se armó en Colombia, el entonces jerarca de la Iglesia Católica, monseñor Pedro Rubiano, aportó el comentario que sirvió para simbolizar lo que estaba sucediendo. El religioso, al observar lo sucedido en la campaña Samper y la penetración de dineros del Cartel de Cali, manifestó que era como si un elefante entrara en la casa y el dueño no se diera cuenta. Ese elefante se convirtió en el emblema del escándalo, y también en motivo para que los caricaturistas lo incluyeran en sus trazos. 
 
Desde aquel abril de 1995, la doble carrera contra el tiempo extremó sus ritmos. Así como la Fiscalía empezó a capturar beneficiarios del Cartel de Cali, el Bloque de Búsqueda creado por el gobierno para dar con el paradero de los capos, aceleró sus pesquisas. En esta ocasión, llegó primero la Policía, dándole argumentos al gobierno Samper que manifestaba que ninguna administración como la suya había perseguido tanto a la mafia. Ese golpe se dio el 9 de junio cuando fue aprehendido en Cali Gilberto Rodríguez Orejuela.
 
Casi de inmediato, con el propósito de buscar una rápida negociación con la justicia, se dio una desbandada de capos de Cali y el Norte del Valle. Víctor Patiño Fómeque, Orlando Henao, Henry Loaiza o Juan Carlos Ramírez Abadía, entre otros, se entregaron a la Fiscalía. Era más rentable para ellos que ser perseguidos. En cambio entre julio y agosto de ese tenso 1995, cayeron también en Bogotá y Cali, los capos José Santacruz Londoño y Miguel Rodríguez Orejuela. La impresión era que el narcotráfico del occidente colombiano se derrumbaba. 
 
A pesar de que el gobierno Samper se anotaba estos golpes a su discurso de lucha total contra la mafia de Cali y el Norte del Valle, las investigaciones de la Fiscalía también empezaban a crear dificultades en la Casa de Nariño y algunos frentes privados. Por ejemplo, causó estupor que el ente investigador allanara la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, para tratar de esclarecer si había nexos entre su presidente Juan José Bellini y los capos del narcotráfico. Con el tiempo este dirigente deportivo sería procesado.
 
El miércoles 26 de julio de 1995 había sido capturado en Bogotá el tesorero de la campaña Samper Presidente, Santiago Medina Serna y la noticia había provocado un sismo político. Fue en ese momento cuando el presidente Samper le dio la cara al país, pidiéndole a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que lo investigara. “Si hubo filtración fue a mis espaldas”, fue el comentario de Samper que quedó para la historia y que le dio inicio a una nueva fase del proceso 8.000 con características de mayor alboroto. 
 
En pocos días se filtró a los medios la indagatoria de Santiago Medina en la que encendió su ventilador contra varios miembros de la campaña presidencial, y las consecuencias no se hicieron esperar. El 2 de agosto renunció el ministro de Defensa Fernando Botero Zea, quien había oficiado como director de la campaña presidencial de Samper, y el Congreso de la República se convirtió en un tinglado político entre defensores y detractores de Samper, con el marco de fondo de más pesquisas de la Fiscalía.
 
El mismo día en que Botero Zea fue capturado y llevado a la Escuela de Caballería de Usaquén, el ministro del Interior Horacio Serpa desafiaba a los críticos del gobierno, advirtiéndoles, a la manera de Gaitán,  que la respuesta a sus exigencias de que el primer mandatario renunciara, era la expresión ‘mamola’. No obstante, la Fiscalía siguió en lo suyo. El 14 de septiembre fue privado de la libertad el exdirector administrativo de la campaña presidencial, Juan Manuel Avella, y volvió a calentarse el ambiente.
 
Una semana después trascendió que el contador del Cartel de Cali, el chileno Guillermo Palomari, se había entregado a la DEA en Washington y que le había facilitado la documentación suficiente para comprobar la responsabilidad de políticos, dirigentes públicos y personajes de reconocimiento nacional con los dineros de la mafia. Ya para ese momento se anunciaban capturas de congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso se había convertido en un estrado judicial. 
 
Aquellos fueron días de extrema tensión pública. Cuando apenas iniciaba sus actividades  el representante a la Cámara escogido para investigar a Samper,  el legislador cordobés Heyne Mogollón, la violencia también intervenía en la pugna.  El 27 de septiembre fue blanco de un atentado el abogado del presidente, Antonio Cancino, y cuando el ministro Serpa fue interrogado sobre la posible hipótesis de intervención de la DEA en el hecho, contestó al periodista que se lo preguntó: “Si usted lo dice, a mí me suena bastante”.
 
Para ese momento, el escándalo ya tenía abordo a otro protagonista principal: el embajador de Estados Unidos en Bogotá Myles Frechette, de quien entonces ya se decía que se la pasaba preguntando qué día iba a caer el presidente Samper. Por eso la reacción ante los comentarios de Serpa comenzaron por una declaración pública del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya sin prevenciones, el vicefiscal Adolfo Salamanca, acusó públicamente al gobierno de entorpecer las investigaciones de la Fiscalía.
 
Como estaba pronosticado, aquellos días finales de 1995 fueron de resonantes capturas. María Izquierdo, Rodrigo Garavito o Alberto Santofimio, entre otros políticos fueron los primeros en ser privados de la libertad. Aunque subrepticiamente se intentó promover en el Congreso una norma para neutralizar el 8.000 que fue conocida como el ‘narcomico’, nada impidió que la Corte Suprema y la Fiscalía siguieran en la cacería de presuntos implicados en el escándalo, la mayoría de ellos de origen político. 
 
Sin embargo, para tranquilidad parcial del gobierno, en la madrugada del 15 de diciembre, la Comisión de Acusación de la Cámara expidió un auto inhibitorio en favor de Ernesto Samper. Un oasis político judicial en medio de la tormenta, que no alcanzó a durar un mes, porque el lunes 22 de enero de 1996, en un intempestivo testimonio a través del noticiero CM&, el detenido exministro Fernando Botero Zea aseguró que el presidente Samper sí sabía de la filtración de dineros del narcotráfico a su campaña. 
 
“Botero está mintiendo para salvarse”, fue la respuesta de Samper en medio de varios anuncios que nunca se cumplieron. Una consulta popular para definir su permanencia en el cargo que no se promovió finalmente; un tribunal de cuentas para examinar la contabilidad de su campaña que tampoco se concretó; y otras disposiciones para que se acelerara el juzgamiento en su contra. Cuando el país político era un volcán de fuego y seguían las capturas de políticos, se produjo otro hecho que agravó la situación. 
 
El viernes 2 de febrero de 1996, al norte de Bogotá, fue asesinada Elizabeth Montoya de Sarria, una mujer que apuntaba a ser testigo clave de la penetración de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper. Conocida como ‘La monita retrechera’, apelativo que le dio el propio Samper en una de las conversaciones de los narcocasetes, la mujer sabía de colectas de otros narcotraficantes para la campaña, y por eso su asesinato aumentó la crisis. No faltó quien atribuyó el crimen a la necesidad oficial de silenciarla. 
 
En medio de las tensiones políticas y mediáticas, el 15 de marzo la Fiscalía puso en jaque al gobierno cuando anunció la vinculación al proceso 8.000 de los ministros Rodrigo Pardo, Juan Manuel Turbay y Horacio Serpa. Ya en ese momento la Cámara de Representantes empezaba a ajustar sus piezas para el juicio público al Presidente y la Fiscalía no se cansaba de vincular personajes al 8.000. En abril de ese año, por ejemplo, sumó a la lista de los comprometidos por enriquecimiento ilícito, al procurador Orlando Vásquez.
 
El 9 de mayo de 1996 se produjo una sentencia judicial poco recordada pero que cambió radicalmente el panorama de Samper ante la justicia. Ese día el Consejo de Estado suspendió las resoluciones que fijaban los topes electorales de la campaña en 1994, con lo cual cayeron los cargos de falsedad y fraude electoral que comprometían al primer mandatario.  Así las cosas, todo quedó servido para que el Congreso de la República resolviera la suerte jurídica del presidente Ernesto Samper Pizano.
 
Finalmente, el miércoles 12 de junio de 1996, por 111 votos a favor y 43 en contra, la plenaria de la Cámara acogió el proyecto de preclusión presentado por la Comisión de Acusación. Absuelto Samper, un mes más tarde, el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa de ingreso al país al presidente y empezó sus presiones para que la Fiscalía no bajara la guardia en el 8.000 y el Congreso sacara adelante, cuanto antes, una agenda de sus intereses, que empezó con el reclamo de que la extradición reviviera. 
 
Para el 10 de septiembre la crisis política tocó directamente al partido de gobierno. Con el argumento de que estaba en juego la democracia en Colombia, el entonces vicepresidente Humberto de la Calle, renunció a su cargo. En ese momento el procurador Vásquez Velásquez  ya estaba preso y otros políticos entraban a la lista del proceso 8.000. En febrero de 1997, súbitamente renunció el vicefiscal Adolfo Salamanca y desde ese día empezó a decirse que el escándalo judicial comenzaba a declinar lentamente.
 
Entonces entró en escena otro singular personaje: el propietario del Independiente Santa Fe, César Villegas Arciniegas, quien nuevamente comprometió a Samper con dineros del narcotráfico. Capturado el dirigente deportivo, encendió su propio ventilador. Inicialmente lo hizo contra Juan Fernando Cristo, después absuelto, pero también en sus señalamientos la emprendió contra el congresista José Guerra de la Espriella, quien posteriormente resultó condenado. El 8.000 se resistía a pasar a la historia. 
 
El 7 de mayo de 1997, el fiscal Valdivieso se dejó seducir por los cantos de sirena de la política y renunció al ente investigador para buscar la presidencia de la República. Semanas más tarde, la Corte Suprema escogió como su reemplazo a Alfonso Gómez Méndez. En la transición entre las dos administraciones, fueron absueltos los ministros Pardo, Turbay y Serpa. La opinión pública empezó a murmurar que el cambio en la Fiscalía iba a darle un entierro de tercera al Proceso 8.000, pero este revivió con fuerza. 
 
Ya en la era Gómez Méndez empezaron a entrar al escándalo otros personajes. Por ejemplo, el contralor David Turbay Turbay, posteriormente condenado. Y como aquel, entrenadores de fútbol como Francisco Maturana o Gabriel Ochoa, amparados por inhibitorios, o el técnico y exjugador Pedro Sarmiento, condenado a varios años de prisión. Con ellos, algunos periodistas deportivos como Esteban Jaramillo. Cuando a Gómez Méndez le reclamaban acciones en el 8.000, siempre tuvo nombres a la mano.
 
Al final, con el curso de los días y ante nuevos escándalos en un país que ya estaba inmerso en los accidentados diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc, el proceso 8.000 fue perdiendo protagonismo. Quizás los encartados de más renombre en sus últimas épocas fueron el cantautor Jairo Varela, el gobernador del Valle Gustavo Álvarez Gardeazábal o el exministro Álvaro Leyva Durán. Este último logró el asilo en Costa Rica y tiempo después fue absuelto por la justicia en dos instancias.
 
El 8.000 marcó una época en Colombia, pero sus propósitos de cortar los nexos entre el narcotráfico y la política u otros frentes de la sociedad se quedaron cortos. A lo sumo se investigó un mínimo porcentaje de dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, en especial de la gente del Cartel de Cali. Si se hubieran sumado los dineros de otros carteles y mafiosos, no hubieran alcanzado las cárceles, los centros correccionales, las comisarías o los juzgados para albergar a los beneficiarios de la mafia.
 
Con el tiempo se dio un escándalo similar conocido como la parapolítica. Nació para cortar los tentáculos entre el paramilitarismo y la política, y lo paradójico, aunque poco investigado, es que los señalados de ayer no fueron muy distantes de los que entraron en la nueva redada judicial. Pero también los expedientes de la parapolítica se fueron atenuando con el tiempo. Hoy, 20 años después del escándalo del proceso 8.000, sus principales protagonistas transcurren con nuevas posturas públicas o privadas. 
 
Ernesto Samper es el presidente de Unasur y sigue hablando lo divino y lo humano. Su ministro de gobierno Horacio Serpa fue tres veces candidato a la Presidencia y hoy funge como senador. Rodrigo Pardo y Juan Manuel Turbay decidieron marginarse para siempre de la política. El congresista Alberto Santofimio pagó pena por el 8.000 y ahora lo hace por el crimen de Luis Carlos Galán. El exministro Botero es empresario mediático en México. Santiago Medina, Alberto Giraldo y Adolfo Salamanca fallecieron. Lo mismo que el cantautor del grupo Niche Jairo Varela. 
 
Ni fueron todos los que estuvieron, ni estuvieron todos los que fueron. Esa fue la gran conclusión que dejó el proceso 8.000. En algunos casos se demostró exceso de la justicia para extender el alcance del escándalo, y en otros se demostró la rápida intención por absolver a los señalados. Mucho se ha escrito sobre estos sucesos en los últimos 20 años, pero también es mucho lo que falta por contar en esos días azarosos. Por ejemplo, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, cuya investigación sigue en veremos y aún pone a temblar a muchos que no quieren que el caso se esclarezca.