Documental: "Lo que no les quitaron a los Torres"

hace 12 horas
Por: Dejusticia

Estudien los efectos del glifosato…¡vagos!

Por Camilo Castiblanco y Luis Felipe Cruz*

El campesinado cocalero necesita con urgencia que el Gobierno Nacional conozca las afectaciones generadas por las estrategias de erradicación de cultivos, particularmente la aspersión aérea de glifosato, para reconocer los errores del pasado y no cometerlos de nuevo. Dadas las condiciones socioeconómicas de la población, algunas zonas rurales del Caquetá, Putumayo y Nariño, entre otros, se mantienen como minas de oro para la producción cocalera. Allí el cultivo de hoja de coca es la única vía eficiente para generar recursos en condiciones de extrema exclusión. En términos prácticos, al no existir condiciones de comercialización, ni estrategias de distribución hacia los mercados, el cultivar comida empobrece, y el cultivar hoja de coca garantiza las condiciones mínimas de dignidad para la ciudadanía rural.

Al respecto, la reacción del Estado es inadecuada. De un lado, implementa programas de sustitución con múltiples falencias frente al cumplimiento de los acuerdos, fraccionando la confianza en las instituciones y llevando nuevamente a la inestabilidad en el ingreso de las familias. Mientras que, por el otro, señala al campesinado cocalero acorralado por la pobreza como delincuente, y fomenta escenarios de conflicto armado. Para rematar, impulsa medidas de erradicación forzada de cultivos de coca, que incluyen la manual, mecánica y por aspersión de glifosato. Acciones que en el pasado no han tenido un seguimiento riguroso para determinar el alcance de sus impactos. La falta de conocimiento sobre los efectos de las estrategias antinarcóticos en las poblaciones rurales perpetúa así, las violaciones a sus derechos humanos.

El Estado tiene la obligación de saber qué daños ha causado sobre las poblaciones rurales, con el propósito de evaluar la conveniencia de sus políticas para reducir las hectáreas de coca, atendiendo a las múltiples violencias que han recaído sobre aquellas, como la violencia sexual, los homicidios, la presencia de grupos armados ilegales o la ausencia de infraestructura y oferta estatal.

Evidencias en proceso

Este año Alejandro Gaviria, ex ministro de salud, señaló ante la Corte Constitucional que “el principio activo glifosato tiene un efecto adverso sobre la salud. Puede ocasionar cáncer, con una alta probabilidad aumenta la mortalidad infantil, ocasiona problemas dermatológicos y respiratorios, y puede interferir negativamente en el desarrollo embrionario. En una frase, el glifosato no es una sustancia de baja toxicidad”. Y eso es lo que demuestran varios estudios en los últimos años.

Un estudio realizado en 2018 por la Universidad de Indiana, haciendo uso de la orina de mujeres embarazadas, demostró que el glifosato afecta la duración del embarazo. El mismo año la Universidad de Nanjiing, en China, halló una relación entre la exposición al glifosato, disfunción ovárica y secreción hormonal en ratones en gestación, que complementa lo encontrado por el Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires en 2010, confirmado por uno de sus investigadores en sus tesis doctoral en 2018. en experimentación con anfibios; a partir del cual se descubrió la generación de deformaciones del cráneo, anencefalia, microcefalia, reducción de vesículas ópticas, afectaciones celulares, entre otras, que también pudo constatar en animales vertebrados como los pollos, y que “abre la preocupación sobre los hallazgos clínicos de la descendencia humana en poblaciones expuestas a glifosato en campos agrícolas”.

A su vez, el 10 de febrero de 2019 la Universidad de California publicó un estudio donde se evidencia un vínculo convincente entre las exposiciones a herbicidas basados en glifosato y un mayor riesgo de linfoma no-hodgkin, coincidiendo con lo presentado en 2015 por la Agencia Internacional de Estudios sobre Cáncer (IARC).

Dicho avance en la generación de evidencia científica ha permitido probar judicialmente las afectaciones en salud. Ejemplo de ello es la sentencia del 11 de abril de 2019, cuando un tribunal francés responsabilizó a Monsanto por la intoxicación de Paul Francois, un granjero que se encuentra en estado terminal debido al uso del herbicida Lasso, y a quién tendrán que pagar 289 millones de dólares. El 13 de mayo, del mismo año en California, el Estado Norteamericano falló a favor de Alva y Alberta Pilliod, quienes desarrollaron el mismo tipo de cáncer después treinta años de uso de Roundup, un herbicida basado en glifosato producido por Monsanto quién tendrá que pagar por las afectaciones una suma de dos mil millones de dólares.

Los estudios van dirigidos principalmente a las afectaciones por uso manual de herbicidas. Es decir, las investigaciones existentes no dan cuenta de los efectos, ni del método, ni de la concentración, que se usa en la aspersión aérea para eliminar cultivos ilícitos. Si bajo condiciones de jardinería el glifosato puede causar tales daños, el gobierno no puede excusarse y evadir procesos de investigación sobre lo que pudo haber pasado con las comunidades rurales que fueron expuestas a compuestos hasta 12 veces más concentrados de glifosato.

¿Un gobierno que camina para atrás?

Parte importante del campesinado cocalero ha confiado en los compromisos pactados en programas de sustitución con el Gobierno Nacional, los cuales no sólo les permitiría salir del cultivo de hoja coca, sino que les facilitaría la vida en sus territorios. Con Duque este camino se está tornando imposible, evidencia de ello es la intención de implementar nuevamente el uso de glifosato en la aspersión aérea. Por el momento, el único escudo con el que se cuenta es la sensata decisión de la Corte Constitucional frente a la aplicabilidad del principio de precaución, que, de ser complementada por la generación de conocimiento científico, debería guiar el no uso de los herbicidas, así como una adecuada implementación de programas de sustitución.

La discusión sobre el accionar estatal frente al campesinado cocalero puede ser entonces la oportunidad para invitar al país a seguir pensando cómo afrontar la violación sistemática de derechos humanos que recae sobre este sector social. Requiere superar la visión que se tiene desde el antejardín de la clase política dirigente, de la academia y el activismo de escritorio, muchas veces cargados de un sesgo de clase y una visión garantista de Estado prácticamente inexistente, que concentra la atención en elementos mínimamente críticos, frente a una ciudadanía rural, campesina ávida de apoyo en todos los frentes posibles. El campesinado cocalero necesita con urgencia que el Gobierno Nacional conozca las afectaciones que producen sus decisiones de erradicación de cultivos por aspersión aérea de glifosato, para evitar a toda costa los daños sobre la población que habita las zonas cocaleras.

*Investigadores de Dejusticia.

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