Colombianas con PIP, a tribunales franceses

Alrededor de 500.000 mujeres en el mundo tienen este tipo de implantes marca PIP. / AFP

“Una mujer sin tetas no es una mujer —le dijo al periodista—. Yo creo que si no tengo tetas no existo”. Esa fue una de las respuestas de Surany Arboleda a la revista Soho en 2008, cuatro años antes de que una de las prótesis marca PIP (Poly Implant Prothese) que tenía en sus senos presentara anomalías. Entonces ella, la hija de la excongresista Rocío Arias (condenada por parapolítica), como muchas de las 500.000 mujeres que también portaban esos implantes en el mundo, tuvo que visitar el quirófano de nuevo. Ya era la sexta vez: dos liposucciones, un doble aumento de busto y una operación en la nariz la habían llevado antes a las salas de cirugía.

Al igual que Surany, que hoy es la líder de 346 mujeres que buscan resarcir los daños causados, casi 15.000 colombianas tenían en su cuerpo las PIP. Todas, seguramente, estaban indignadas cuando en marzo de 2010 la agencia sanitaria francesa Afssaps decidió suspender la fabricación, el mercadeo, distribución y exportación de esas prótesis mamarias. Pero ante la impotencia nada podían hacer. Nadie les iba a pagar la indemnización que algunas pretendían. O, por lo menos, eso pensaban hasta ahora, cuando esa historia está a punto de cambiar.

Además de Surany, que en mayo presentará una demanda contra el Invima por “no haber hecho los análisis oportunos a las PIP”, en Colombia hay otra mujer que se ha puesto al frente de este problema. Se trata de Nathalie Lozano, una abogada que desde hace seis meses hizo una alianza con Laurent Gaudon, un jurista francés que inició un proceso en el Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) para que TÜV Rheinland, la firma alemana que certificó los implantes, pague una indemnización a las afectadas.

Según Lozano, los beneficios de hacer parte de una demanda internacional, que ya agrupa a 815 mujeres, son notables: “mientras en nuestro país los procesos pueden durar hasta seis años, en Francia el fallo saldrá, máximo, en el primer semestre de 2014. Además, los montos mínimos de compensación son muy superiores a los que establecen tribunales nacionales”, asegura.

Pero la fecha para hacer parte de este grupo está próxima a vencerse. Las perjudicadas tienen hasta el 20 de enero de 2013 para que su caso sea incluido en la demanda. Las probabilidades de ganarlo, según Lozano, son muy altas.

Y si bien esta abogada se ha rehusado a presentar acciones jurídicas contra el Invima, porque “seguramente las colombianas no obtendrán ningún beneficio real”, Surany Arboleda sí confía en que el instituto de control y vigilancia responda.

“El Invima se ha lavado las manos culpando a la empresa productora, olvidando que ellos tienen la responsabilidad directa de vigilar y controlar esos productos”, dice.

El propósito de Arboleda, que estudió derecho en la Universidad de Medellín y que trata de evitar que vinculen ese tema con el de su madre, a quien admira por “haber hecho grandes aportes a la paz del país”, es que el Estado indemnice a quienes resultaron perjudicadas.

Ya a principios de este año, luego de que en 2010 el Invima suspendiera la importación de estas prótesis y solicitara su decomiso y destrucción, el Ministerio de Salud, a través de la resolución 258 de 2012, definió las condiciones de atención para la población que tenía las PIP.

Y aunque el ministerio autorizó a varios centros médicos para retirar los implantes de forma gratuita, tanto para Lozano como para Arboleda el otro gran inconveniente es que los recursos no cubran su reemplazo. Por eso, para reparar esos daños y sentar un precedente jurídico, ambas darán la pelea el próximo año. El 1º de febrero, cuando sea la primera audiencia en Francia, se empezarán a ver los resultados.