Contralor habla del escándalo del IDU

Moralesrussi advierte riesgos por hueco fiscal del Distrito debido a sobrecostos de Fase III de Transmilenio.

El contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, amplía su reciente y polémica declaración sobre los supuestos carteles de la contratación en la ciudad. Anuncia investigación sobre empresas que forman parte de hasta cinco millonarios contratos y se refiere al escándalo que ha sacudido esta semana al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por denuncias que hablan del otorgamiento de contratos a un supuesto colaborador del senador Iván Moreno, hermano del alcalde Samuel Moreno. Además, Moralesrussi revela que el Grupo Nule no tiene la plata del anticipo que le dio el Distrito y critica que los proponentes en la licitación del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) estén “muy agresivos”.

Usted aseguró hace poco que los carteles de la contratación son una práctica de vieja data, ¿podría ser más concreto?

Estamos investigando la concentración de contratos en algunas empresas o sociedades temporales. Los mismos proponentes, las mismas firmas, forman parte de cuatro, cinco o seis proyectos millonarios en el Distrito. Hay que revisar esa contratación, mirar cómo han sido manejados los anticipos que se les han dado y cuál es el avance de las obras.

¿Esa investigación ya ha arrojado algún resultado?

Está en proceso. Estamos revisando contratos de los últimos cinco años.

¿Van a mirar si esos contratos se ganaron en franca lid?

Exactamente. Queremos saber cómo se adjudicaron.

¿Qué opinión le merecen las denuncias de esta semana sobre el otorgamiento de contratos a un colaborador del senador Iván Moreno?

Hace dos semanas que nos llegó la denuncia del subcontratista Alejandro Botero. Esos son acuerdos que se hacen por debajo de la mesa, a oscuras, y el Estado no los conoce. Cuando estos personajes ven que les incumplen comienzan a usar los órganos de control para hacerse pagar las obligaciones pactadas en las tinieblas. Se supone que si el denunciante entregó plata al contratista ha debido revelarlo antes.

Esos acuerdos consisten en que alguien se gana una licitación y subcontrata a otro por menos dinero, ¿eso es legal?

No es ilegal, pero como es un acuerdo entre privados termina perjudicando obras públicas. Lo que sí es claro es que no hay ningún control a la subcontratación. Por eso, hoy le pedí al director del IDU que establezca una revisión y un veto técnico a los subcontratistas que no cumplen.

¿Qué otras dependencias, aparte del IDU, son susceptibles a este tipo de situaciones?

Estamos investigando si el señor Tapia (Emilio Tapia, el supuesto colaborador de Iván Moreno) tiene más vínculos con el Distrito. Por ahora, es una pelea de compadres que se han incumplido acuerdos por debajo de la mesa.

Usted ha manifestado su preocupación  por los sobrecostos en la Fase III de Transmilenio, ¿cuánto dinero es?

Los datos se están revisando, pero lo que es claro es que se requieren $520.000 millones para terminar esas obras. Se trata de un hueco fiscal gigante que se le abre a las finanzas distritales.

¿Quién responde por ese hueco?

Pues, la planeación presupuestal y de obras no fue la adecuada. Fue parcializada y casi a ciegas.

¿Qué va a pasar con el anticipo que el Distrito le dio al Grupo Nule y que no ha sido entregado?

Le estamos dando la oportunidad de que entreguen los documentos que respaldan la inversión del anticipo. Pero es claro que no hemos encontrado liquidez dentro de las investigaciones económicas que hemos hecho para ubicar los recursos.

¿Es decir que los Nule no tienen la plata?

En lo que tiene que ver con el proyecto de Fase III no existen los recursos en esa cuantía.

Así las cosas, ¿no era mejor la caducidad del contrato de ese grupo, en vez de la cesión?

La caducidad implica que el IDU no haya cometido equivocaciones en el proceso precontractual.

¿Y el IDU cometió errores?

Seguramente cualquier error por pequeño que sea en una caducidad le puede revertir al Distrito.

¿Cómo ve las denuncias al proceso de Doña Juana?

Entre los tres proponentes ha habido una confrontación bastante agresiva. La Corte suspendió el proceso, pero no por problemas de transparencia, sino para evaluar si se desconocieron los derechos de los recicladores. Ahora vemos que ellos, los recicladores, han sido de alguna manera instrumento para hacer valer propuestas y eso le quita objetividad a la licitación. Creo que eso lo va a analizar la Corte: el interés legítimo para favorecer intereses.