Millonaria condena a la Nación

El ex concejal de la UP era testigo clave en el proceso contra el general (r) Rito Alejo del Río. Fue asesinado en septiembre de 2001.

Mientras el general (r) Rito Alejo del Río comandó la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa (Antioquia) entre 1995 y 1997, las denuncias en su contra por posibles nexos con el paramilitarismo en el Urabá tuvieron tres rostros: Gloria Cuartas, entonces alcaldesa de Apartadó; Carlos Alfonso Velásquez, coronel y subalterno de Del Río, y José de Jesús Germán Segura, concejal por la Unión Patriótica en ese mismo periodo. Por el asesinato de este último, ocurrido el 8 de septiembre de 2001 en el barrio Santa Librada de Bogotá, el Estado tendrá que indemnizar a su madre y a sus dos hijos con 100 salarios mínimos (unos $50 millones) a cada uno, y a sus tres hermanos, con 50 salarios mínimos.

Según el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fueron los responsables de la muerte de Germán Segura, quien dejó el Urabá en 1999 por amenazas contra su vida y la de su familia. Un año atrás, este dirigiente había recibido un arma, dos proveedores con 45 cartuchos, un chaleco antibalas y un radio de comunicaciones. Meses más tarde, dijo el DAS, se reforzó el esquema: se le entregaron dos chalecos antibalas y una pistola en vez de un revólver. En marzo de 1999, contaba con dos escoltas del organismo, que había calificado su nivel de riesgo como medio bajo. Pero hacia septiembre de 2000, las amenazas se incrementaron.

Germán Segura se había radicado en Bogotá y se había convertido en testigo clave en la investigación que había abierto la Fiscalía por los presuntos nexos del general Del Río con los grupos de autodefensa. Constantemente le pidió a la entidad protección a cambio de su testimonio y una funcionaria de la Unidad de Derechos Humanos se reunió con él el 24 de agosto de 2001 a las 10:30 a.m., 15 días antes del asesinato. El hombre repitió una y otra vez que necesitaba sacar a sus parientes del país. ”Que lo único que le preocupaba era la familia, pero que de todas maneras él quería declarar”, indicó la funcionaria en el reporte que entregó a la justicia cuando se empezó a indagar sobre la muerte de Germán.

La funcionaria pidió además que se evaluara si ella misma corría algún riesgo, “pues como se están desarrollando los hechos se concluye que todo aquel que haya tenido alguna participación en esta investigación (la del general (r) Del Río) se encuentra en grave peligro de muerte”. En el expediente por el homicidio de Germán, el DAS advirtió que no poseía registros que permitieran verificar si su esquema de seguridad se había suspendido o no. En carta al Ministerio del Interior, de agosto de 1999, Germán lo aclaró: “Tuve hasta hace mes y medio protección de escoltas del DAS, por la falta de personal se me retiró el servicio”. Pidió seguridad en el Ministerio, donde le respondieron que el programa de protección de la UP sólo incluía a defensores de DD.HH..

En junio de 2001, dos meses antes de su muerte, tres sujetos armados llegaron a su residencia en Usme, se identificaron como paramilitares y dijeron que volverían “para arreglar cuentas”. Dos semanas antes de sucumbir ante las balas de sicarios, el Ministerio determinó que Germán ameritaba ayuda humanitaria y medidas de protección, sin embargo, sus asesinos lo encontraron primero. Según el informe de balística, el disparo fue realizado a no más de 20 centímetros de distancia. “No se entiende la razón por la cual no contaba con el servicio de escolta para la fecha o por qué no se habían adoptado medidas de seguridad tales como traslado dentro del país o al exterior”, señaló el Juzgado. 

Para la justicia, está probado que el testimonio de Germán Segura y las pruebas que pensaba aportar eran “de vital importancia” en el expediente contra el general (r) Rito Alejo del Río, archivado por el fiscal Luis Camilo Osorio en 2004. En septiembre de 2008, la Procuraduría le solcitó a la Corte Suprema revisar el caso y en marzo de 2009, el alto tribunal ordenó su reapertura. Por el momento, Del Río enfrenta un juicio por su supuesta participación en el asesinato de Marino López, ejecutado por ‘paras’ en 1997. Y, a su vez, el caso de José de Jesús Germán será analizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que el DAS apelara la condena.

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Redacción Judicial

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