Para responder como presunto instigador de la masacre de Segovia, Antioquia, perpetrada por los paramilitares, que les costó la vida a 43 personas en 1988, fue detenido el jueves en Medellín el controvertido político antioqueño César Pérez García. La captura fue efectuada por el CTI de la Fiscalía en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. Confesos ex paramilitares lo señalaron como el hombre que los contactó con el objetivo de desterrar a militantes de la UP del nordeste antioqueño, donde tenía su fortín político.
La masacre ocurrió en noviembre de 1988, cuando un centenar de miembros de las autodefensas irrumpió en la población. Para la Corte, el crimen sí tuvo relación con las funciones que desempeñaba Pérez García como congresista. Entonces era presidente de la Cámara de Representantes. El dirigente fue detenido tras participar en un debate en la Asamblea de Antioquia, donde laboraba como diputado —elegido para el período 2008-2011—, y fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Medellín y luego enviado a Bogotá.
Hace varias semanas la Corte reabrió la investigación contra Pérez considerando que la masacre era un delito de lesa humanidad. En 2008, tal como lo reveló El Espectador, fiscales de Justicia y Paz hallaron en la finca Lago Grande, del municipio de Olaya (Antioquia), una fosa con los posibles restos de un joven que desaparecieron los ‘paras’ 11 años atrás. La finca es de propiedad de Pérez. Por irregularidades en contratación como presidente de la Asamblea, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años. Pero, en junio pasado, el Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo al aceptar una tutela. Pérez es el primero de unos ocho parlamentarios procesados por crímenes de lesa humanidad que es capturado.