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hace 4 horas

“Es una desgracia lo que me está pasando”

El reconocido empresario Julio Gómez respondió a una nueva denuncia del concejal Carlos Galán, quien pide a las autoridades investigarlo.

La denuncia

Tal y como lo ha venido haciendo desde hace por lo menos un año (casi siempre en compañía de algunos de sus colegas), el concejal de Cambio Radical Carlos Fernando Galán volvió a tocar el tema del supuesto cartel de la contratación en el Distrito, esta vez para enfilar sus baterías contra un nombre en específico: el del arquitecto Héctor Julio Gómez González, a quien muchos consideran el zar de los contratos en la capital. El cabildante le entregó a este diario la investigación que hizo a seis fundaciones, contratistas en la ciudad en los años recientes, que presuntamente estarían vinculadas al reconocido empresario, aunque oficialmente aparezcan en manos de otras personas. La situación, en su concepto, evidenciaría “una suerte de nueva especialización en crear entidades, todas con relaciones entre sí, sólo para ganarse contratos y concentrar el negocio en pocas personas”.

Se trata de la continuación de otra denuncia hecha por Galán en junio pasado. En aquella ocasión pidió a las autoridades indagar un aparente carrusel de contratos de nueve empresas, también relacionadas con Gómez, con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Esta vez se refiere en concreto a las fundaciones Funpabi, Funasergo, Funhori, Funalcer, Funarkgo y Fundecoes, cuya relación contractual con la administración local (puntualmente con la Secretaría de Integración Social, el Hospital Meissen y varias alcaldías menores) asciende a $60.000 millones.

Los objetos de los contratos son variados y van desde “Prestación de servicios profesionales para impulsar el cumplimiento de las políticas sobre lactancia materna y acompañar el proceso de implementación y acreditación de las Salas Amigas de la Familia Lactante” hasta “Prestar los servicios profesionales para la cualificación de los procesos y procedimientos incluidos en las líneas de acción del componente técnico nutricional inherentes a los diferentes proyectos de la Secretaría de Integración Social y apoyar los procesos comunitarios que de él se deriven a nivel local”. Para el concejal Galán, muchos de estos son “absurdos” y en buena parte de los casos son tan etéreos que “es difícil establecer cómo se cumplen”.

El equipo de investigadores de Galán se dio a la tarea de visitar una a una las direcciones con las que aparecen registradas las fundaciones en la Cámara de Comercio y encontró que en varias de las supuestas sedes no funciona ninguna entidad y que los celadores remiten a los interesados a la calle 108 Nº 14B-49, justo donde se ubica la constructora Arkgo Ltda., la empresa de Julio Gómez.

En su investigación, que duró cerca de dos meses, Galán también llama la atención sobre el hecho de que algunas de estas fundaciones no hayan cumplido a cabalidad con sus deberes contractuales, como es el caso de Funpabi, con un contrato por $1.738’032.652 con la Secretaría de Integración Social en 2008, y sin embargo sigan siendo contratadas por el Distrito.

Asimismo, destacó dos aspectos adicionales: uno, la relación de amistad entre la secretaria de Integración Social, Mercedes del Carmen Ríos (recientemente inhabilitada durante 12 meses por la Procuraduría por supuestamente haber contratado a unos funcionarios de manera irregular, decisión que ella apeló) y el constructor Héctor Julio Gómez. Y dos, la conversación filtrada entre Miguel Nule y el ex representante Germán Olano, en la cual los contertulios hablan de comisiones en contratos y se refieren a un “Julio” que tiene un hospital. “Es por lo menos una coincidencia que el Hospital Meissen haya entregado 18 contratos a estas seis fundaciones”, dice Carlos Galán.

El Espectador intentó comunicarse con la Secretaria de Integración Social para conocer su reacción a esta denuncia, pero su oficina de prensa no contestó las llamadas ni el mensaje de voz dejado en un celular.

Quien sí contestó al llamado de este diario fue Héctor Julio Gómez, el hombre que algunos concejales y entendidos mencionan a la hora de hablar del “cartel” de la contratación en Bogotá. El arquitecto, quien labora en temas de construcción desde que tenía 18 años y no suele hablar mucho con los medios, se defendió asegurando que licita y seguirá licitando “como cualquier otro constructor”. Con el ánimo de despejar todas las dudas respecto al presunto carrusel, no dejó cuestionamiento sin responder.

La entrevista

¿Qué responde a la denuncia del concejal Galán?

Mire, este escándalo ya está tomando un tinte político, con todo eso del Polo… No sé por qué últimamente es pecado que una empresa se gane tres contratos o que se gane cuatro. O sea, yo eso nunca lo he podido entender. Nunca he negado que yo me gano tres, cuatro contratos en el IDU, y eso no tiene ningún problema. Ojalá me hubiese podido ganar cinco, seis, siete. Los señores Solarte tienen $3 billones en el país, Conalvías en el IDU se ha ganado nueve, diez.

¿Conoce a alguna de las seis fundaciones que menciona Galán?

Cuando uno contrata en Bogotá, conoce todo lo que se puede contratar en Bogotá. Claro, yo conozco muchos contratistas, pero me llama la atención lo que dice el concejal. Eso no es cierto. Eso es una falsedad. Y es el principio de la denuncia penal que le voy a colocar, porque en este tema el concejal ha venido avanzando, y no sólo él, hay otros que están en la tarea de desprestigio contra Julio Gómez. No conozco a Galán, no he tenido el placer, soy admirador de su papá furibundo, pero creo que él sí  la está embarrando con lo que está haciendo, porque no ha investigado lo que debe investigar y de la manera como tiene que hacerlo. Uno no puede hacer política a costa de nadie. Me parece que esto es un tema de campaña. Esto es un tema de pruebas, que lo pruebe. Ahora, si yo fuese el dueño de una fundación, ¿qué problema tiene? Yo tengo todo el derecho a tener todos los negocios que quiera.

¿Familiares suyos tienen contratos con el IDU?

Mis sobrinos tienen una empresa que se llama Inca, con contratos con el IDU y con la Nación, al igual que yo.

¿Cuántos contratos tiene usted con el Distrito y a cuánto ascienden?

Con el IDU cuatro, con el hospital de Meissen, uno, estoy haciendo ese hospital. Con la Secretaría de Salud tengo el hospital de El Tintal, que es financiado por el Banco Mundial. Con la Secretaría de Integración Social tengo un contrato como de $2.000 millones que tiene que ver con los diseños del jardín infantil de Fontibón. Creo que en construcción no tengo más. Me acabo de presentar a una licitación de la Secretaría de Salud para el hospital de Chapinero que vale $16.000 millones. Es el derecho al trabajo. Si me la gano, dicen que soy “el jefe del cartel”. La palabra cartel tiene que ver con una organización delictiva y ahí es el segundo punto de la denuncia penal que le voy a poner al concejal Galán, porque él no puede hacer su campaña en hombros de un contratista.

¿Desde cuándo contrata con el Distrito?

Desde el 93 y no sólo con el Distrito. Yo tengo un acueducto en Valledupar, tengo el hospital de Paipa, hice el parque de Barrancabermeja, hice 63 acueductos en Cundinamarca. Asimismo, me acabo de ganar el estadio de Cartagena. Lo que hago es licitar con el Estado, donde salga.

¿Cuál es la verdad del supuesto cartel?

Aquí no hay ningún cartel.

Usted sale mencionado en la conversación que se filtró entre Germán Olano y Miguel Nule…

Es que yo no puedo hablar ni puedo comentar sobre lo que terceros hablen. Lo que sí queda claro en esa grabación es que a mí, al señor Julio Gómez, sí me nombran en una parte, pero diciendo que me van a sacar del Distrito por no pagar. Entonces lo que se tipifica ahí es que yo no di dinero. Yo no doy plata por contratos.

¿Qué relación tiene con los hermanos Moreno?

Absolutamente ninguna.

Su ex subcontratista, Alejandro Botero, asegura que son tres las cabezas del “cartel”: usted, Emilio Tapia y Javier Hadad…

A Tapia y a Hadad los conozco, son amigos míos. Botero está demandado porque pidió $400 millones para no contar lo que contó en los medios. Tiene una demanda por extorsión, por robo, por abuso de confianza, de parte de dos consorcios. Además de que su prontuario en Estados Unidos no es el más agradable, eso lo vinimos a saber después. Lo deportaron de allá. Creo que hizo unos contratos sin licencia. Nosotros a él lo citamos al IDU a conciliar y no fue.

Botero asegura que usted tiene fichas en el IDU…

No es cierto.

¿Conoce al abogado Álvaro Dávila?

Lo conozco muy bien porque es el representante jurídico de varias empresas extranjeras en Bogotá. Las reuniones de transacciones comerciales con algunas de estas firmas se hacen en la oficina de Álvaro Dávila.

¿No cree que hay demasiadas coincidencias en todo esto?

Mire, no tengo relación con nueve empresas, eso no es cierto. Yo tengo relación con 100 empresas en este país porque conozco todos los contratistas de infraestructura. Ese es mi trabajo.

¿Financió alguna de las campañas de los Moreno?

No.

¿Conoce a Germán Olano?

No somos amigos, hace como siete meses no lo veo. Mire, yo estoy dentro de la ley. Por eso es que el doctor Alfonso Gómez Méndez aceptó defenderme. ¿Usted cree que soy tan estúpido de poner a un ex fiscal de la Nación a defenderme si tuviera algo torcido?

¿Qué consecuencias le ha generado esta situación?

Un daño enorme a mis empresas, ha sido un pánico económico enorme. Tengo cartas de créditos que me han negado por todo lo que ha salido en los medios. Es una desgracia lo que me está pasando, pero igual le estoy poniendo el pecho.

La voz en contra del ‘cartel’

El concejal Carlos Fernando Galán, del Partido Cambio Radical, ha sido uno de los cinco cabildantes que ha denunciado la presunta existencia de un cartel de la contratación en las obras del Distrito.

A principios de junio de este año, Galán denunció los vínculos que tendrían nueve empresas, especialistas en ganar licitaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con Julio Gómez y familiares de él.

Según el concejal, estas nueve empresas, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, se habrían ganado $300 mil millones tan sólo en siete licitaciones otorgadas por el IDU. Entre estas empresas, encargadas de obras de infraestructura, hay compañías que ofrecen servicios alimentarios, advierte Galán.

Una grabación comprometedora

Conversación entre un investigador del equipo de Carlos Galán y un vigilante de Funpabi:

-¿Aquí funciona Funpabi?
-Sí. ¿A quién busca?
-Adriana Marcela Heredia.
-No se encuentra en el momento.
-¿Pero ella es de Funpabi?
-Sí.
-¿Y cuándo la consigo?
-El martes o miércoles.
-¿Y a Marilys Gamboa?
-También la consigue ese día acá.
-¿Alexánder Suescún también?
-No, a él no.
¿Y Mario Gil?
-Mario Gil soy yo.
-Pero usted acá aparece como de Funasergo.
-¿Qué es eso?
-Una fundación. ¿Y dónde consigo a William Arévalo?
-En la 108 con 14B.

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