El nuevo gobierno y la tributación

Debido a una confusa redacción, algunas exenciones benefician a los inversionistas extranjeros, pero no a los locales.

Como parte de la estrategia para ahorrar en las bonanzas, el nuevo  ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunció la eliminación de exenciones tributarias a la minería. Es una sabia decisión, porque la explotación de recursos naturales no renovables no necesita estímulos y en Colombia se han incrementado con excesiva generosidad en el gobierno que termina. Sin embargo, este es sólo uno de los grandes retos que tiene que enfrentar el nuevo gobierno en materia impositiva.

En el Estatuto Tributario Nacional no figuran como exenciones todos los beneficios tributarios; algunos están disfrazados como deducciones, ingresos no gravables, descuentos, excepciones y otros mecanismos destinados a reducir los impuestos, sobre los cuales el gobierno actual otorgó garantía a largo plazo para ciertos contribuyentes.

El mal llamado Estatuto Tributario nació contaminado cuando fue compilado hace más de 20 años, y desde entonces sufre un proceso de desfiguración constante —además de que en Colombia es costumbre utilizar cualquier ley para modificar los tributos—.

Gracias a ese desorden las normas tributarias contienen graves defectos, casi siempre en contra del fisco; para la muestra algunos ejemplos.

Colombia es uno de los pocos países que desgrava todos los intereses sobre préstamos externos y en general los giros de utilidades.

Muchas de las inversiones que tienen rótulo de extranjeras corresponden a capitales fugados, para evadir los impuestos de sus propietarios colombianos; se quiso corregir esta situación mediante una reglamentación de los paraísos fiscales, pero el Gobierno la tiene engavetada desde hace más de seis años.

En nuestra “banana republic” el Ejecutivo propuso y logró que se escondiera el costo del impuesto de patrimonio en los resultados de las empresas, y para redondear, expidió un decreto exigiendo que se reflejen esas inexactitudes en la contabilidad. Debido a una confusa redacción, algunas exenciones benefician a los inversionistas extranjeros, pero no a los nacionales. Las medidas supuestamente destinadas a estimular la desconcentración accionaria han tenido un efecto totalmente opuesto y además facilitan la evasión y la elusión en la venta de empresas colombianas.

A todo lo anterior se suma la necesidad urgente de simplificar el sistema tributario, devolverle los atributos constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia y hacer posible la acción eficaz de la administración de impuestos. A propósito, también en esta área hay tareas urgentes, porque para combatir la gran evasión no basta el uso del Muisca y las visitas a los contribuyentes que solicitan devoluciones. Otra tarea urgente consiste en controlar la epidemia de convenios de doble tributación que contrajo el gobierno saliente, utilizando modelos que implican cesiones injustificadas de tributos a fiscos extranjeros.

También sería conveniente explorar la alternativa de trasladar el manejo de la política tributaria a un viceministerio de ingresos, para que la DIAN se concentre en la gestión, como ocurre con éxito en varios países. Y no creamos que el fenómeno del contrabando es atribuible sólo a nuestras extensas costas y fronteras; en gran medida obedece a la normativa excepcional y complaciente para numerosas zonas del país.

En síntesis, la tarea de enderezar la tributación nacional que enfrenta el nuevo gobierno de suyo es muy difícil, pero se complicó aún más con las mordazas que le puso el gobierno saliente a través de los contratos de estabilidad jurídica y de zonas francas.