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hace 9 horas

Un incendio anunciado

Cuerpo de Bomberos había alertado sobre posibles tragedias en edificio Hernando Morales Molina de Bogotá.

Trasladar los 140 despachos judiciales que operan en el edificio Hernando Morales Molina, localizado en el centro de Bogotá, costará $45 mil millones. El desembolso de los dineros, sin embargo, lo ha dilatado el Ministerio de Hacienda. Así lo advirtió el magistrado Hernando Torres, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quien advirtió que el complejo, tras el incendio que se presentó la noche del pasado lunes, permanecerá cerrado durante tres días y diligencias como las programadas en el juicio contra el general (r) Iván Ramírez por los hechos del Palacio de Justicia quedaron postergadas.

Dos antecedentes judiciales, no obstante, habían dejado en evidencia que reubicar las oficinas que funcionaban en esta edificación era un asunto de urgencia. El primero se profirió el 14 de noviembre de 2008. Un largo número de funcionarios del Hernando Morales, entre jueces, oficiales mayores, notificadores, sustanciadores, asistentes, auxiliares, escribientes y secretarios presentaron una tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura exigiendo el traslado o reubicación del total de los juzgados y, en caso de no ser posible, un cierre extraordinario hasta tanto se brindaran las “condiciones de seguridad a todos y cada uno de los funcionarios”.

Los empleados argumentaron que el edificio tenía más de 60 años de construido, que no contaba con salidas de emergencia que permitieran una evacuación eficiente en caso de un siniestro y que sus paredes estaban agrietadas por los sismos. “La única salida es una estrecha puerta de un metro, pudiendo morir por asfixia y presos de pánico”. La respuesta de la Judicatura fue que el edificio “es sismorresistente y (...) es una de las mejores estructuras que se han construido en la ciudad”. La Sala de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que estudió la tutela, concluyó que era “absurdo que una edificación dedicada a administrar justicia se encuentre en tan deplorables circunstancias de seguridad”.

Los conjueces expusieron que los funcionarios del Hernando Morales laboraban en condiciones de “extrema precariedad” y reclamó por la indiferencia gubernamental. Porque las adecuaciones arquitectónicas se habían realizado sin licencia, compulsaron copias a la Alcaldía Menor de La Candelaria para indagar este aspecto. En su fallo quedó también expuesto que el riesgo de un incendio era latente: la directora de Recursos Humanos, María Soledad García, ya había advertido que el gran volumen de papel que se maneja en los despachos judiciales —más de 300 mil procesos cursan en éstos, indicó el magistrado Hernando Torres—, por expedientes activos y archivados era una seria amenaza.

Los conjueces les dieron la razón a los demandantes y ordenaron a la Judicatura y al Ministerio del Interior iniciar los trámites pertinentes para proceder al traslado de los despachos y elaborar un plan de contingencia para prevenir y atender emergencias. Los demandados apelaron y la tutela, luego de dos años, no ha sido resuelta por la Corte Constitucional. Una acción popular, fallada por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bogotá, reafirmó lo expuesto por los conjueces de la seccional de Cundinamarca. En la demanda se pedía, específicamente, adecuar las escaleras para prevenir tragedias entre las personas que se movilizan por los 20 pisos del edificio.

El Juzgado concluyó que se requería otra salida de evacuación, que el sistema eléctrico era deficiente, que la edificación no era apta para soportar el peso de 15 mil visitantes diarios más los funcionarios más el papel y que, según informó el Cuerpo Oficial de Bomberos, el complejo judicial no contaba con un plan de emergencia, detectores de humo ni rociadores automáticos. Se le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, hace un año y cinco meses, empezar los estudios correspondientes para elaborar un plan de emergencia, conformar un comité para rendir informes periódicos sobre el estado de la edificación y, sobre todo, acoger las recomendaciones dadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos. Al parecer, el incendio se les adelantó.