Tráfico de bebés equivale a esclavitud

Así lo determinó la Fiscalía General de la Nación.

A delito de trata de personas elevó la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía la imputación contra tres individuos que estaban a cargo de una clínica de abortos en Bogotá que comercializaba bebés hasta por $5’000.000. Aunque el ente acusador en principio consideró que el delito era desaparición forzada, una evaluación posterior determinó que el hecho de que los menores fueran retenidos y trasladados dentro del territorio nacional con fines económicos llevaba a que ese crimen fuera evaluado de una manera diferente.

De acuerdo con el nuevo escrito de acusación, conocido por El Espectador, la venta de los bebés se equipara con otras formas de provecho económico indebido, como los trabajos o servicios forzados, la explotación sexual, la esclavitud o la extracción de órganos. Los acusados son Éiber José Ochoa Márquez, Arelis Delgado Aguirre y Elsa Marina de Guadalupe Pérez Cano, quienes también deberán responder por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Los tres fueron detenidos el pasado 11 de julio durante un operativo efectuado en el sector de Teusaquillo por el CTI de la Fiscalía, en el consultorio Ecomarly, donde fueron encontrados dos bebés.

De las conversaciones interceptadas por las autoridades a la organización criminal se advierte que sus integrantes contactaban personas que no deseaban a los bebés y querían deshacerse de ellos. Luego se dedicaban a conseguir a los futuros clientes. Llevaban tanto tiempo vendiendo a los niños, que en uno de los diálogos los delincuentes hacen referencia a otras épocas, “cuando hubo cosecha”. El ente acusador tiene evidencia de que en uno de los casos el aborto no se materializó y el niño quedó vivo. “Casi lo boto”, dijo el médico que estaba a cargo del procedimiento, y ofreció $500.000 a una mujer para que lo cuidara. Sin embargo, un día después refieren que el niño finalmente falleció.

Los implicados en este caso podrían recibir una pena de 40 años de prisión. Como si fuera poco, un juez de control de garantías profirió una nueva orden de captura en contra de Deilys Anaya, otra de las mujeres que hacían parte de la organización y quien al parecer se encargaba de cuidar a los neonatos en una vivienda del sector de Suba. Los procesados hasta el momento no han aceptado los cargos.