Contratos de la Unad, bajo la lupa

La universidad sería uno de los pesos pesados de la contratación en Bogotá.

La alianza estratégica que crearon a fines de junio pasado el senador Luis Carlos Avellaneda, el concejal Carlos Vicente de Roux y el ex candidato presidencial Gustavo Petro, todos miembros del Polo Democrático, para hacerle veeduría a las contrataciones en Bogotá, comienza a dar sus primeros frutos. Se trata de un hallazgo puntual que tiene que ver con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), que supuestamente en menos de cuatro años pasó de tener una relación contractual con el Distrito de $1.200 millones a una de $30.125 millones.

Aunque este lunes la Comisión advirtió públicamente que la Unad se negó a suministrar información acerca de los contratos que ha celebrado con el Distrito, documentación que sobre el tema han entregado otras entidades y datos encontrados en el portal “Contratación a la vista” evidencian —según ese colectivo— que la reconocida universidad, con 58 sedes y 60 mil estudiantes en todo el país, es hoy un peso pesado de la contratación en la ciudad.

El Espectador habló con el equipo de investigadores que trabaja con los políticos y éste explicó que a principios de julio envió derechos de petición a todas las alcaldías locales, las secretarías y demás entes del Distrito solicitándoles los detalles de los contratos que han entregado (nombre del contratista, tipo de contratación, objeto, nombre del interventor, entre otros). Y a pesar de que no todos han respondido, lograron estructurar un ranking de contratistas, que no sean de obras públicas, de más de $300 millones. El listado arrojó 1.816 empresas. La Unad se ubica en el puesto 24.

Pero no sólo es este salto de pequeño a gran contratista de una administración a otra lo que le llama la atención de la Unad a la Comisión de Seguimiento. Objetos de contratos como “Aunar esfuerzos para realizar un proceso de formación política y de planeación participativa con énfasis en temas poblacionales dirigido a líderes y lideresas…” (por $350 millones con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal) o “Sensibilización que se llevará a cabo en el marco del festival de Derechos Humanos, paz y convivencia” (por $382 millones con la Secretaría de Gobierno) les parecen “etéreos, con una ejecución difícil de comprobar”, como afirmó el concejal De Roux.

En carta enviada el pasado 12 de agosto al senador Luis Carlos Avellaneda, la gerente de relaciones interinstitucionales de la Unad, Patricia Illera Pacheco, responde que no les es posible entregar la información sobre los contratos con el Distrito por no contar con “un equipo de personas y técnico que se dediquen en forma exclusiva a esta actividad”. Y agrega la misiva: “En la actualidad no es fácil disponer de los recursos físicos, económicos y humanos para adelantar tal gestión”.

No obstante, en concepto De Roux, “resulta por lo menos curioso que, sin  siquiera contar con un equipo que responda un derecho de petición, les entreguen tantos contratos”.

Según los investigadores, el año pasado a través de convenios interadministrativos la Universidad Nacional Abierta y a Distancia suscribió ocho contratos (ver infografía), el grueso de ellos con la Secretaría de Integración Social. Se trata de tres contratos, todos con el mismo objeto de realizar interventoría especializada a otros acuerdos contractuales de esa entidad.

Con respecto a esos contratos con Integración Social, el ex candidato presidencial Gustavo Petro advierte que “es extraño que esas interventorías se las hayan quitado a la Universidad Nacional, pues la Unad no tiene capacidad técnica para realizarlas”. Asimismo, destacó el hecho de que cuando el mismo contrato lo ejecutaba la Nacional “había una cláusula que prohibía subcontratar y, en cambio, a la Unad no se lo prohíben”.

Petro, De Roux y Avellaneda se reunieron este por la tarde para ultimar algunos detalles del primer informe que la Comisión de Seguimiento a los contratos en la capital hará público en aproximadamente un mes. Los tres políticos se han quejado en reiteradas ocasiones de la dificultad que han tenido en conseguir la información con algunas entidades. Puntualmente, ningún hospital del Distrito les ha contestado los derechos de petición y tampoco el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que pidió 15 días de plazo para hacerlo.

“No negamos la información”

Este diario se comunicó con Patricia Illera Pacheco, la gerente de relaciones interinstitucionales de la Unad, para conocer su respuesta a las consideraciones de la Comisión: “No hemos negado la información. Lo que pasa es que nos piden muchas cosas. Son casi cuatro millones de soportes a los que tendríamos que sacarles copias. Tienen que entender. Sin embargo, tenemos las puertas abiertas para lo que quieran revisar”.

La funcionaria reconoció que, en algunos casos, subcontratan, debido a que no cuentan con el personal necesario para ejecutar los convenios con el Distrito. “Tenemos un equipo de profesionales de la Universidad haciendo seguimiento a las subcontrataciones. Ninguna institución del país tiene un pull de 200 profesionales para todos los contratos”.

Illera aseguró que la labor de la entidad que representa siempre ha sido “impecable y responsable” y que ninguna de las auditorías realizadas por la Contraloría ha arrojado nunca irregularidades sobre las ejecutorias.

Por su parte, la Secretaría de Integración Social también respondió a los cuestionamientos declarando, a través de un vocero oficial, que los convenios con la Unad se deben a que esta institución “tiene la idoneidad y toda la experiencia certificada. Se trata de una entidad con 30 años de experiencia y legalmente tenemos todo el aval para contratar con ellos”.

Reacciones

Gustavo Petro

Ex senador

“La excusa que da la Universidad para no mandar la información no es creíble. Me parece extraño que le quiten un contrato a la Nacional para dárselo a ellos”.

Carlos Vicente de Roux

Concejal

“Resulta por lo menos curioso que, sin siquiera contar con un equipo para responder derechos de petición, manejen tantos contratos con el Distrito”.

Luis Carlos Avellaneda

Senador

“Me parece una desproporción  su respuesta, pues la ciudadanía tiene todo el derecho a saber cómo ejecutan esos contratos. Es un mal ejemplo”.

 

 

últimas noticias