Las bases y la nueva política exterior

El acuerdo con EE.UU. podría facilitar el acercamiento con Chávez.

Contrario a la opinión generalizada, la decisión de la Corte Constitucional de obligar al Gobierno Nacional a elaborar un tratado para que soldados norteamericanos puedan usar bases aéreas en el país es una muy buena noticia para la nueva política exterior.

El anuncio de dicho acuerdo con los Estados Unidos llevó a uno de sus puntos más críticos la relación con Venezuela. Nunca fue claro cuál era el beneficio real para el país y en cambio fueron ostensibles los costos en relación con Venezuela y América del Sur. El replanteamiento de dicho pacto será una prueba de fuego sobre los contenidos de la nueva política exterior colombiana.

En primer lugar, el acuerdo permite un margen de negociación real con el gobierno norteamericano. La forma como se definió el uso de las bases no arrojó ningún beneficio para Colombia, tanto que el Gobierno ha dicho que la decisión de la Corte no tiene ningún efecto sobre la cooperación actual. Hoy, en cambio, puede ser un instrumento importante para obtener una voluntad del Congreso de Estados Unidos y de la administración Obama en torno al TLC. Estados Unidos necesita las bases (o al menos una, como la que tenía en Manta) para asegurar el despliegue de sus tropas en el hemisferio e incluso su movilidad interoceánica. No es claro a cambio de qué el país permitirá el libre tránsito de tropas estadounidenses en su jurisdicción (que en definitiva es lo que implica el uso permanente de ocho bases a lo largo del territorio nacional). Esta circunstancia pone a Colombia en una situación de ventaja de cara a una negociación con los Estados Unidos, hecho casi inédito en la historia de las relaciones entre los dos países.

En segundo lugar, la negociación de un acuerdo militar con EE.UU. es una oportunidad para mostrar una actitud de confianza con Venezuela. El presidente Santos logró algo muy importante en Santa Marta, el reconocimiento por parte de Chávez de que estos acuerdos son un asunto de la política interna de cada país. Ahora Colombia, en el marco de una serie de medidas de fomento de la confianza, puede demostrar desde el principio que no existe ningún ánimo agresivo en dicho acuerdo y la transparencia en tal negociación revertirá la espiral de desconfianza que caracterizó la relación Uribe-Chávez.

En tercer término, el uso de las bases militares puede ser un elemento clave en las eventuales negociaciones de paz con la guerrilla. Ya quedó atrás la época en que dirigentes nacionales renunciaban al Congreso para irse a refundar el Estado con la guerrilla, pero tampoco es creíble que la guerrilla simplemente se rinda como pretenden algunos. Una negociación de paz con puntos que permitan una salida digna a una guerrilla acorralada puede ser un buen arreglo para el país. La propuesta de Cano de hablar sobre Derechos Humanos y el uso de las bases por tropas norteamericanas puede ser una alternativa viable para encontrar un punto razonable entre las negociaciones maximalistas del pasado y las propuestas de rendición del pasado gobierno.

Por todas estas razones, la decisión de la Corte Constitucional, lejos de ser un problema para el nuevo gobierno, representa una noticia excelente si la administración sabe aprovechar esta oportunidad.

Lograr una relación balanceada entre las realidades del vecindario y la tradicional acomodación de Colombia con respecto a Estados Unidos debe ser un propósito básico de las nuevas relaciones internacionales. Desandar el juego de suma cero en que se había convertido nuestra política exterior es fundamental no sólo para la seguridad hemisférica sino para alcanzar una inserción real en el mundo globalizado. La forma como se resuelva este asunto mostrará qué tan diferente es la nueva política exterior.

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