Pretelt y Luis Carlos Restrepo, a declarar en Fiscalía

Solicitó escuchar los testimonios del ex ministro y ex comisionado por caso de desplazamiento.

Dentro de las pesquisas que adelanta un fiscal de Derechos Humanos por el desplazamiento de comunidades afrocolombianas y colonos en el Urabá chocoano y antioqueño, terrenos que ocuparon testaferros del paramilitarismo que habrían sido legalizados con la complacencia de notarios y otros funcionarios en la región, se acaban de ordenar declaraciones e inspecciones claves para desentrañar cómo las autodefensas, en cabeza del extinto ex comandante Vicente Castaño Gil (alias El Profe), se hicieron a extensos predios en el Urabá para desarrollar un negocio más que rentable: el cultivo de la palma africana.

El Espectador conoció que en los próximos días deberá ampliar indagatoria Freddy Rendón Herrera, conocido con el alias de El Alemán, el ex jefe del bloque Élmer Cárdenas que siguiendo órdenes de la casa Castaño desplazó y arrebató a los colonos de Urabá, en una estratégica incursión que empezó a concretarse en febrero de 1997, en la denominada operación ‘Génesis’. Por estos hechos, en donde fue asesinado el campesino Marino López Mena, el general (r) y ex comandante de la Brigada XVII con sede en Carepa, Rito Alejo de Río, está enfrentando un juicio.

La Fiscalía solicitó escuchar los testimonios del cuestionado ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega —destituido el pasado martes por la Procuraduría, por el escándalo de las prebendas ofrecidas en favor de la reelección— y del ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. El objetivo es verificar si conocieron, durante los diálogos en la zona de ubicación en Santa Fe de Ralito (Córdoba), de estas andanzas de los grupos paramilitares. El obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal Ortiz, quien acompañó el proceso de desmovilización del paramilitarismo, también deberá rendir declaración ante el fiscal de Derechos Humanos.

Entre otros asuntos, investigadores de la Fiscalía revisan con lupa varios predios del Urabá chocoano, con sus respectivos certificados de tradición y libertad y escrituras públicas, así como el récord de sus propietarios con el fin de establecer si en dichos lugares testaferros de grupos armados ilegales se apoderaron arbitrariamente de éstos para explotar el negocio del aceite de palma. Desde el año 2007, El Espectador ha venido informando acerca de la estrategia paramilitar para colonizar el Urabá. Unos 24 palmeros fueron afectados con medida de aseguramiento hace unos meses, pues existen evidencias de esta connivencia con grupos ilegales. Para la próxima semana se esperan nuevas decisiones.