Anillo vial del norte toma forma

Ampliación de las avenidas Boyacá y novena, más la construcción de la calle 200, costará $379 mil millones, que serán recaudados en 2011.

Este miércoles fue aprobado en la Comisión de Hacienda del Concejo el proyecto que autoriza el cobro de una nueva valorización que financiará la construcción de tres vías en el norte de la ciudad. La iniciativa ya había sido presentada en las sesiones extraordinarias el mes pasado, pero se hundió a pesar de contar con el visto bueno de los tres ponentes de ese momento.

Las obras a construir son un anillo vial compuesto por la Avenida Boyacá, entre calles 170 y 200, la calle 200, entre la Boyacá y la avenida novena; esta última será ampliada hasta conectarse con la 200, también llamada Avenida El Polo (ver mapa).

Para estas obras, la secretaria de Planeación, María Camila Uribe, estima recaudar  $379 mil millones, de 680.293 predios, que corresponden a un poco más de 400 mil propietarios. Ahora bien, esta valorización tiene ciertas diferencias con el cobro clásico de este impuesto. Lo primero es que no toda la ciudad debe pagar. De acuerdo con Planeación, los contribuyentes están distribuidos en un área delimitada en el occidente por la calle 72, la Avenida NQS, la calle 80 y la Avenida Ciudad de Cali hasta el borde norte de la ciudad y en el oriente por los cerros.

El factor determinante para establecer el monto del cobro es la distancia de las obras y el avalúo catastral; en las otras valorizaciones se tabulan factores como uso del suelo, número de pisos y estrato, entre otros. De esta forma, los predios que están más cerca de las nuevas vías y que cuentan con un mayor avalúo pagarán más; los que están lejos, pero valen más, pagan un monto mayor y, evidentemente, los que están más lejos de la construcción y su avalúo es más bajo, tienen que contribuir menos.

También se incorporaron restricciones para el monto a cobrar. Para predios en suelo urbano, el impuesto no puede superar el 2,5% del avalúo catastral. En el caso de los residenciales en suelo rural el tope es del 10% del avalúo y, para rurales no residenciales, es del 20%. Asimismo, el suelo no urbano podría diferir sus pagos hasta en cinco cuotas, si el Concejo en pleno así lo aprueba. Los 21.825 predios de estratos uno y dos que serán destinados para vivienda de interés social serán excluidos de pagar el tributo, lo que representa $3.381 millones.

Uno de los grandes cambios que quedó en veremos en esta segunda presentación del proyecto, es la pretensión de que el recaudo del tributo no quede exclusivamente en manos del Instituto de Desarrollo Urbano. La propuesta era que el dinero fuera recaudado por la Secretaría de Hacienda, la decisión de qué obras deberían construirse fuera ejercida por la Secretaría de Planeación y que el Instituto se encargara solamente de la ejecución de los trabajos.

En la propuesta final de Planeación se dejó abierta la posibilidad para que el cobro y la ejecución de las obras sean decididos según las normas vigentes. La concejal Ángela Benedetti afirmó que hay al menos dos leyes nacionales, más una sentencia de la Corte Constitucional, que establecen que sólo una institución podrá hacerse al recaudo del impuesto de valorización.

El proyecto quedó para discusión en la plenaria del Concejo.