Las fórmulas de la seguridad

Policía Nacional y Metropolitana discuten el tema este martes con autoridades de Bogotá, Cartagena y Medellín, a instancias de El Espectador.

Si hay un tema de la agenda pública que está obligando a las autoridades a repensar modelos de atención y a explorar estrategias para responder a nuevas exigencias, ese es el de la seguridad urbana. El desbordamiento de la violencia en Medellín, el auge del microtráfico, el regreso de las vendettas en Bogotá y la llegada de fenómenos delictivos asociados con la relocalización y el rearme de grupos de origen paramilitar en otras ciudades, ofrecen un escenario que trasciende el modelo de seguridad democrática del gobierno anterior.

Todos estos flagelos y otros tienen que ver con la realidad de un país cada vez más urbanizado en el que el incremento poblacional de las grandes urbes está amarrado al dinamismo con que mutan los problemas de ayer. Donde había una zona relativamente apaciguada por el control de la fuerza estatal —o el de un agente extralegal— pueden existir hoy territorios en disputa que ponen en jaque a las autoridades locales.

Este nuevo desafío se presenta en Colombia en momentos en que Naciones Unidas aboga por un abordaje más amplio de la llamada seguridad. La idea es que ya no se refiera exclusivamente al control de los violentos, sino que incluya variables que van desde la nutrición del ciudadano (seguridad alimentaria) hasta su formación (seguridad educativa). En varios países existen, por ejemplo, ministerios de seguridad ciudadana y hay  casos en América Latina (Brasil, Salvador, etc.) en los que la Policía está por fuera de la órbita del Ministerio de Defensa, con el fin de cumplir más a cabalidad con este tipo de cometidos. En Colombia el debate apenas empieza y es por ello que El Espectador reunirá este martes al comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo; al entrante director de la Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño; al director de Metroseguridad de Medellín, Jesús María Ramírez Cano; la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, y el secretario encargado de Gobierno de Bogotá, Andrés Restrepo, con el fin de escuchar sus planteamientos acerca de tan decisivo asunto.

Para el caso de la capital, las autoridades locales, la seguridad connota importantes retos en temas como control al microtráfico y la disminución  de los casos de sicariato, un tema que, según las cuentas oficiales, registró una reducción de casi 300% en los primeros seis meses de 2010.

En el primer semestre de este año, según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACS, adscrito a la Secretaría de Gobierno), se registraron 1.306 muertes violentas en la ciudad, de las cuales 795 fueron homicidios, 30 más que en el mismo período del año pasado.

El general Patiño llega en momentos en que la Alcaldía aboga públicamente por la elaboración de una política nacional de seguridad urbana, un tema que el propio secretario Restrepo ha dicho es prioritario. Para él, “en Colombia, a diferencia de otras partes de América Latina, no hay una política nacional de seguridad ciudadana. Acá hay políticas urbanas de seguridad ciudadana, porque se han venido dando esos feudos de gestión institucional sobre seguridad”.

De los muchos problemas de seguridad y convivencia que se presentan en una ciudad con casi ocho millones de habitantes, a la que llegan diariamente, según algunos, más de un centenar de desplazados, uno de los más importantes es el microtráfico. Según Restrepo, este fenómeno es el responsable de la mayoría de los homicidios en la capital, que en 2009 ascendieron a 1.649, según Medicina Legal.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es la toma de la ciudad como escenario para la resolución de conflictos entre actores violentos provenientes de otros lugares del país. De acuerdo con Ramírez, en el 47% de los casos de homicidios que se registraron el año pasado las personas que fueron ultimadas no llevaban en la ciudad ni siquiera 72 horas.

Estos hechos hacen pensar al concejal Antonio Sanguino que en la ciudad persisten bandas criminales surgidas tras la desmovilización de las Auc y que son responsables de “la alteración de los clásicos indicadores de seguridad en la capital”.

Uno de los temas que según Restrepo debería discutirse de cara a la formulación de esa política nacional de seguridad urbana es la revisión de las normas para ajustarlas a los escenarios cambiantes del crimen. “Esa política debe considerar si la normatividad vigente responde a las nuevas realidades. Nosotros pensamos que no: seguimos atascados en las discusiones sobre el Código Nacional de Policía, que es de los años setenta, y que contempla en su parte sancionatoria multas tan ridículas que, para quien esté metido en la ilegalidad, le resulta más barato pagar que hacer las cosas dentro del marco de la ley”.