La novela en la que se convirtió el proceso de adjudicación del contrato para operar el relleno sanitario Doña Juana continuó este miércoles con las reacciones a la monumental pelea que protagonizaron los tres consorcios interesados en el negocio, el pasado martes, durante la audiencia en la que se anunció la propuesta brasileño-canadiense como la ganadora.
Por una parte, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria para establecer posibles irregularidades en la licitación. En igual sentido, las dos firmas perdedoras exigieron respuesta pronta a sus denuncias y varios concejales se declararon “escandalizados” con el asunto. También, Miriam Martínez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), insistió en que el trámite se hizo cumpliendo con todas las normas.
Funcionarios de investigaciones especiales de la Procuraduría General iniciaron en horas de la mañana las pruebas para determinar si, como sugieren los consorcios que no ganaron, los sobres secretos que contenían las propuestas económicas de los oferentes fueron manipulados. A la sede del ente de control, donde se encuentran esos documentos, llegaron ambos proponentes para radicar sus respectivas quejas.
En concreto, la Unión Temporal Gestión Ambiental (propuesta coreana) pide que se investigue si el sobre con su oferta fue cambiado, debido a que el día del cierre de la licitación (pasado 30 de abril) los representantes de ese consorcio le habían lacrado a éste un billete de $2.000 con el objetivo de evitar trampas y, al parecer, el mismo no apareció en la audiencia del martes (ver fotos), aunque ellos aclaran que no pudieron revisar bien el documento. “No nos dejaron ver el sobre, por eso pedimos que se investigue”, dijo David Cardona, del consorcio coreano.
La Uaesp afirmó que el billete sí está, sólo que quedó escondido al doblar el sobre y en prueba de ello mostró el video del día del cierre.
El Espectador estableció que no cayó bien en la Procuraduría que, el día de la audiencia, la Directora de la Uaesp haya hecho caso omiso a la petición telefónica de la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, quien sugirió parar el proceso para investigar si las denuncias tenían fundamento alguno. “Esto que dicen es muy grave”, le habría dicho Carreño a Miriam Martínez. La Procuradora se dirigió inmediatamente al recinto en el que se realizaba la adjudicación y, para su sorpresa, encontró con que ya estaban entregando el negocio.
Miriam Martínez reiteró que el trámite fue transparente y que las denuncias son infundadas. Sin embargo, una alta fuente de la Procuraduría dijo: “Ella argumentó que todo era una artimaña y entregó el negocio, pero la contratación estatal no se puede manejar así”.
Autoridades expertas explican que la posibilidad de una revocatoria de la adjudicación es remota, pues ya existe la expectativa legítima de un consorcio declarado ganador.