Reforma de la Justicia y Congreso

La vigencia de un orden justo está consagrada en la Constitución Política en el preámbulo, en su parte normativa y en forma implícita como sistema, principio fundante y fin esencial del Estado. Se manifiesta cuando legisla, se reforma la Constitución, administra o juzga.

El proyecto de reforma de la Justicia, que presentará el Gobierno al Congreso, es de naturaleza jurídica y tiene que ver con una arista de la validez del orden justo. Se concreta en forma parcial en la estructura y funcionamiento del Estado en la Rama Judicial del Poder Público, sin otra pretensión que mejorar la administración de justicia. Se está muy lejos de hacer fetichismo constitucional.

No hay duda de la existencia de una crisis en la justicia colombiana. Los constituyentes de 1991 se equivocaron, causando menoscabo al Estado Social de Derecho que es necesario remediar. El proyecto es incompleto y poseedor de varios desaciertos, que el Constituyente derivado (Congreso) debe advertir, introduciendo enmiendas que lo hagan mucho más realista y eficaz. Ese es su deber constitucional. El consenso extraparlamentario no puede proscribir el debate.

El esfuerzo constituyente será para fortalecer los principios de acceso a la justicia, el derecho de las víctimas, la celeridad, la autonomía e independencia de la Rama Judicial, la gratuidad, la eficiencia, alternatividad, respeto de los Derechos Humanos, doble instancia, prevalencia del derecho sustancial y fijación de un mínimo porcentual en el presupuesto nacional para la justicia. La función electoral clientelizó y deslegitimó la justicia. La impunidad no puede seguir airosa. La vergüenza de ejercer por excepción funciones judiciales el Congreso tendrá que desaparecer. Sería un dislate que las Altas Cortes ejerzan entre sí el poder disciplinario, sin antes solucionar “el choque de trenes” generado por la tutela contra sentencias. Son varias las denuncias presentadas entre ellas, ante la Comisión de Investigación de la Cámara en deplorable ejemplo de guerra de poderes. Además, el Congreso deberá intentar recuperar su plena competencia para reformar la Constitución, que ha sido mutilada por vía jurisprudencial.

Es de lamentar que en un país como el nuestro, en conflicto armado permanente, con elevados índices de criminalidad, con una pobreza rampante, con corrupción en casi todos los sectores institucionales y sociales, corresponda una justicia sin paz, amenazada, imperfecta, tardía y con penumbra. A través de los tiempos, las teorías de la justicia reflejan las injusticias percibidas en cada época. Los colombianos, víctimas de tanta inequidad, tenemos la nuestra y las posibles soluciones, sobre todo cuando hablamos de la justicia como virtud pública, que se relaciona con la conducta y objetivos del Estado.

Las convulsiones sociales de los pueblos se reflejan en las tormentas que se producen en la justicia, hasta el punto de que ella es la primera en eclipsarse cuando se arriba a los puntos de no retorno. Ojalá el Congreso asuma su responsabilidad, aprobando una reforma de la justicia mejorada, de carácter integral. Más frustraciones y mayores limitaciones al poder constituyente abren el camino al desquiciamiento institucional.

* Ex senador de la República

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