Nace plataforma para seguir el pulso al asesinato de líderes sociales y el futuro de excombatientes

hace 1 hora

Una ley donde todas las víctimas son iguales

Gobierno anunció radicación del proyecto de ley de víctimas el próximo lunes en el Congreso.

Después de un tire y afloje en la coalición de la unidad nacional y con la sombra de la posición asumida por el gobierno del ex presidente Uribe —que consideraba la reparación por solidaridad y no por responsabilidad, y exigía como requisito para reparar a las víctimas de agentes del Estado una sentencia judicial mientras que las demás serían resarcidas mediante un mecanismo administrativo—, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció una vez más la radicación, el próximo lunes, del proyecto de ley de víctimas. Una iniciativa que lidera el Partido Liberal y que, en esencia, pretende garantizarles a los más de cuatro millones de personas afectadas por la violencia en el país sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

Si bien el haber llegado a un consenso en torno al proyecto es ya un primer logro, el camino aún es largo y culebrero. Fue el Partido Conservador el que inicialmente se opuso a que se incluyera en la ley la restitución de tierras y advirtió sobre los supuestos riesgos de que se convirtiera en una vena rota para el presupuesto del Estado. Asimismo, frente al tema de la reparación a las víctimas de crímenes de agentes del Estado, expresó sus reservas. Sin embargo, tras varias reuniones, los azules dejaron de lado su rebeldía y anunciaron el acompañamiento de la iniciativa, lo cual aún está por verse.

Tal y como será presentada la iniciativa, se buscará el reconocimiento de los bienes de las víctimas que puedan haber sido afectadas “por despojo (apropiación ilegal), pérdida, menoscabo y despatrimonialización, y, por tanto, se debe reconocer el derecho a la restitución”. Al victimario le corresponderá probar la legalidad de los actos jurídicos y el proyecto de restitución de tierras que fue radicado la semana pasada en la Cámara de Representantes, se acumulará al proyecto de reparación integral de las víctimas.

Por otro lado, la ley no hace diferenciaciones e incluye a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Es decir, a las víctimas de las guerrillas, los grupos paramilitares y los agentes del Estado. Este último, según algunos analistas, un tema “de honor” para el ex presidente Uribe y su círculo más cercano, sobre el cual seguramente se dará fiera batalla en el Legislativo. En concepto del uribismo ‘purasangre’, el Estado como tal no comete crímenes, sino funcionarios que actúan como “manzanas podridas” y existe el riesgo de condenar anticipadamente al país ante tribunales internacionales. Otro asunto que señalaba el gobierno Uribe: la reparación a las víctimas cuesta $88 billones, un golpe “irreparable” a las finanzas del país.

Este martes, durante un evento de socialización de la ley por parte del Partido Liberal, el senador Juan Fernando Cristo aclaró que “no podemos aceptar la discriminación de las víctimas y que las medidas sean distintas para unos o para otros”. Por eso, una de las propuestas es la creación de un Comité Jurídico de Reparaciones Administrativas, que no será el encargado de definir quiénes son o no víctimas del Estado, sino quiénes son víctimas en general. En cuanto a los reparos económicos, a pesar de ser un proyecto transicional a 10 años, Cristo dio dos cifras estimativas: más de $30 billones que están asignados para la atención a población vulnerable como los desplazados y $7 billones para el pago de indemnizaciones administrativas.

A su vez, ante los temores que se mencionan entre los miembros de la Fuerza Pública, el representante Guillermo Rivera sostuvo que la reparación no implica ningún tipo de responsabilidad ni del Estado ni de sus agentes. Para evitar malentendidos se acordó redactar un inciso que reza: “La reparación administrativa no implica ni responsabilidad objetiva del Estado ni penal de sus agentes (...) en ambos casos se resolverá mediante juicio y la reparación no es presunción ni prueba que pueda obrar en el trámite judicial”. Eso sí, quien engañe a las autoridades para ser reparado, recurriendo a la falsificación de documentos, y judicialmente se demuestre que no era víctima, se hace no sólo acreedor a las penas ya establecidas hoy, sino a un aumento de las sanciones que se incluirán en el proyecto.

Rivera tiene otras propuestas: por ejemplo, considerar la posibilidad de aumentar el monto de la reparación por vía administrativa y abrir la opción de la conciliación, de forma que se reduzca la congestión en los tribunales. “La idea es garantizarle a la víctima una reparación rápida y no exponerla a años de peregrinaje”, dijo.

Con las explicaciones de los liberales, el presidente del Partido de la U, Juan Lozano, coincidió en que hay voluntad para avanzar en el trámite, pero, “aunque conceptualmente estamos de acuerdo, estamos revisando un anexo financiero”. Y es que desde el propio liberalismo hay anotaciones. Es el caso  de la senadora Piedad Córdoba, quien sostiene que admitir que existen víctimas del Estado presupone la existencia de un conflicto armado en Colombia y no es lo mismo una víctima del Estado que las víctimas de los grupos armados ilegales. Córdoba consideró también “excluyente y clasista” que un Comité sea el que determine quién es o no víctima.

Y desde el Polo el rechazo es mayor. El senador Jorge Robledo dijo que tiene “cero ilusiones con el Gobierno” y que “Santos uno es Uribe tres”. “La experiencia que tenemos con el santismo, antes uribismo, es que hundieron la ley de víctimas por mezquindades y posiciones retardatarias, entonces a mí no me sorprendería que lo que presentaran fuera un adefesio”, concluyó.

Justicia y paz para agentes del Estado

El director de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, Eduardo Pizarro, propuso este martes la aplicación de la Ley de Justicia y Paz a los agentes del Estado que hayan cometido crímenes.

En su concepto, la ley de víctimas, que será presentada al Congreso el próximo lunes, no excluye a víctimas de grupos armados ilegales de los de agentes del Estado y, ante eso, “no tendría sentido excluir el beneficio para el victimario”. Para Pizarro, esta sería una manera de contribuir en la verdad y reparación.

La Ley de Justicia y Paz, promulgada durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, fue la base para la desmovilización de los grupos de autodefensas y contempla penas de entre cinco y ocho años de cárcel para los victimarios.

‘‘El Ministerio de Hacienda e incluso el gobierno anterior hicieron una previsión sobre los recursos, por lo tanto, no hay argumentos para venir a decir que la ley vaya a quebrar al Estado”. 

Rafael Pardo,   director Partido Liberal

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