¿Constituyente?

Hasta 1991, el poder constituyente institucionalizado estaba exclusivamente en manos del Congreso.

No existía el mecanismo alternativo de reformar la Constitución a través de una asamblea nacional constituyente. Sin embargo, se recurrió a ella, con fundamento en el estado de sitio, para superar una profunda crisis que vivía Colombia y que no se ha superado.

La Corte Suprema de Justicia contribuyó a la agudización de esa crisis, taponando la función reformadora de la Constitución por parte del Congreso y del pueblo mediante asamblea constituyente. Declaró inexequibles varios intentos de reformas, que incluían como piedra angular la Justicia y el Congreso. Así ocurrió en el gobierno de López Michelsen con la convocatoria a una asamblea constituyente y en los de Turbay y Barco, con proyectos de actos legislativos aprobados por el Congreso. Esas declaratorias de inconstitucionalidad no fueron hechas estrictamente por vicios de procedimiento en su formación, como lo ordenaba la Constitución.

Ahora, la Carta Política establece la posibilidad de reformarse por asamblea constituyente, mediante ley aprobada por el Congreso, la cual dispone que el pueblo decida si la convoca determinando su competencia, el período y la composición. La facultad del Legislativo de reformar la Constitución temporalmente queda en suspenso. La Corte Constitucional revisa la exequibilidad de esa ley y del acto reformatorio de la Constitución aprobado por la asamblea constituyente (Art. 241-numeral 1 y 2 C.P.), “sólo por vicios de procedimiento en su formación”. La historia no podrá repetirse con una constituyente omnímoda y desbordada. El marco competencial lo fija el Congreso en forma precisa, taxativa y restrictiva.

El primer intento de reforma de la justicia del presidente Santos ha sido postergado para el año entrante, por falta de consenso en un anteproyecto de acto legislativo. En ese mismo ejercicio, estuvo el gobierno pasado por espacio de ocho años. En el entretanto, se sigue desvertebrando la Constitución con reformas aisladas, improvisadas e incoherentes que rompen el ordenamiento jurídico constitucional como un sistema normativo integrado y armónico, soslayando los problemas de fondo, como el existente en la administración de justicia. La fuerza moral del Congreso está menguada para asumir con independencia una audaz reforma de la justicia. El conflicto de intereses es insoslayable. La justicia, en cumplimiento de su deber, lo tiene acorralado.

Una constituyente sería la mejor oportunidad de realizar un ajuste integral y ordenado de la parte orgánica de la Constitución, incluyendo la justicia, manteniendo incólumes sus principios que contienen el sustrato filosófico, ideológico, político, económico y social. Sin embargo, si la Corte Constitucional no flexibiliza la jurisprudencia en materia de reformas a la Carta Política, es muy difícil pensar en una constituyente exitosa, porque sería un Congreso más, con las mismas limitaciones competenciales. El debate está abierto y la idea hay que madurarla.

* Ex senador de la República

Temas relacionados
últimas noticias

Fútbol sin VAR

Sección: 
Opinión

La música, la educación, la tierra...

Fintech y derechos humanos deben ir juntos

Mandela y el deporte favorito

Salir de la violencia