Es domingo. Una motocicleta de la Policía llega a la puerta de urgencias del Hospital Mario Correa Rengifo, en el sur de Cali. El agente pide afanosamente una camilla, mientras baja a un hombre al que le han propinado cinco disparos. Antes de llegar al quirófano, el herido muere. “Hora del deceso 11:30 p.m. El paciente presenta tres heridas con arma de fuego en la región torácica y dos en la parte superior del cráneo. No registra nombre”, dice el médico de turno.
Afuera llegan siete personas preguntando al herido. Cuando se confirma el deceso, ingresan por la fuerza y la emprenden contra el médico. “Vos lo dejaste morir y la vas a pagar”, le grita uno, enfurecido.
Se llamaba Carlos*. Lo mataron por venganzas, por atravesar alguna frontera invisible de barrios como Los Chorros, en la ladera sur de Cali. Verdaderas líneas por donde camina la muerte.
Y es que la venta de marihuana y otras drogas al menudeo, eso que la Policía llama microtráfico, se ha convertido en el motor del crimen común y organizado en Cali. “Es un combustible de la violencia”, explica el comandante de la Policía Metropolitana, general Miguel Ángel Bojacá.
De acuerdo con el Observatorio Social de la Alcaldía de Cali, un 38% de los asesinatos ocurridos hasta el 31 de octubre (1.461) tienen que ver con venganzas o ajustes, la mayoría relacionados con el narcotráfico al menudeo. La Policía creó en 2009 un grupo especial contra este delito. Hace operativos semanales, como aquel en el que hallaron una pareja vendiendo drogas y alquilando armas en el mismo lugar donde convivían con sus hijos de 5 y 7 años.
En Cali hay ocho ‘combos’, según la Policía. Antes existían estructuras como la banda de Diego Fernando Ríos, El Carnicero; la banda de Ramiro, o la de Los Cubillos, todas al servicio de narcotraficantes como los hermanos Comba. Hoy están desarticuladas y la mayoría de sus miembros fueron llevados a juicio, según el general Miguel Á. Bojacá. ¿Quiénes entonces son los que mueven el crimen organizado?
La Sijín les sigue la pista a ocho grandes ‘combos’ que subcontratan con pandillas y ‘oficinas de sicarios’. “Son como pulpos que extienden sus tentáculos”, dice un investigador de la Policía que pidió reserva de su identidad. “Antes había capos que mandaban en Cali, como los Rodríguez, Chupeta o Wílber Valera, pero con la captura y muerte de estos jefes, cada banda tomó su camino. Hay una guerra entre estos grupos”, sostiene un fiscal especializado de Cali, quien agrega que aún no hay un plan especial para combatir estas organizaciones.
Para el concejal de Cali Carlos Clavijo el problema tiene que ver con falta de inversión, pero el alcalde Jorge Iván Ospina dice que el presupuesto no da más; “pasamos de $4.000 millones a $21.000 en seguridad”.
Casi a la misma hora en que el presidente Juan Manuel Santos presentaba en Cali su Política de Seguridad Ciudadana, el 4 de octubre, un policía era asesinado en la parte alta de Siloé, uno de los barrios con más elevadas tasas de violencia, cuando atendía el llamado de la comunidad que denunció a unos pandilleros que instalaron un retén de cobro de dinero. Harrison José Santiago Manjarrés recibió un impacto de bala y murió camino al hospital. La Policía encontró a tres de los presuntos agresores. “Son de la pandilla de ‘El Hueco’”, dijo un uniformado.
El alcalde Ospina cree que la guerra de carteles en México afecta directamente a ciudades como Cali y pone como ejemplo la ola de asesinatos luego del hallazgo de casi US$32 millones en unos contenedores en Buenaventura: “Eran de narcos mexicanos y colombianos y, como fueron decomisados, hubo venganzas”.
Al problema del narcotráfico se suma otro: Cali es una ciudad armada. Pistolas, revólveres y ‘pachas’, estas últimas hechas en armerías caseras, circulan libremente. El Observatorio Social de la Alcaldía estima que hay cien mil en las calles. Las incautaciones de armas cortas para 2010 llegaban hasta hace un mes a 5.237. La Policía también ha decomisado 710 granadas y fusiles.
Es la cuarta vez que llevan a Marlon* a los juzgados de menores. La primera fue por portar un arma, la segunda porque intentó matar a una de sus ‘liebres’ (enemigos). “La tercera no me acuerdo y ahora es porque un ‘man’ me la quiso montar y le pegué su tiro. Allá quedó tostado (muerto)”. Con él son 407 los muchachos con medida de privación de la libertad este año, pero al final los han tenido que enviar a sus casas. Hasta el 16 de septiembre 1.434 adolescentes fueron capturados. De ellos, 1.163 quedaron libres.
“Los adolescentes saben que no van a ser castigados con la severidad que se merecen”, asegura el ex fiscal del distrito de Aguablanca, Élmer Montaña. Eso mismo cree la senadora Gilma Jiménez, quien radicó un proyecto de ley que busca reformar el Código de Infancia y Adolescencia para castigar con penas de hasta 15 años a los adolescentes. La política de Seguridad Ciudadana del presidente Santos propone que las sanciones a menores se apliquen hasta que se cumplan y no sólo hasta que el joven tenga 21 años, como ocurre actualmente.
El director regional del ICBF, John Arley Murillo, sostiene que “lo que se necesita es atacar a las bandas delincuenciales que usan a los menores buscando que sus delitos queden en la impunidad”.
La suma de delitos cometidos por menores en la capital del Valle es preocupante. 41 han sido aprehendidos por homicidio, 488 por porte ilegal de armas de fuego, 396 por porte de estupefacientes, 360 por hurto a personas y 23 por robar motos. Lo más grave es que el único centro de reclusión para estos infractores, el Valle del Lili, rebasó su capacidad: hay 252, siete más de los que debería tener.
La crisis llevó a que las autoridades adecuaran un nuevo centro a donde debían haber llegado a finales del mes pasado al menos 300 menores infractores. Sin embargo, diferencias entre la Alcaldía, la Gobernación y el ICBF han atrasado esta solución.