Agrias disputas entre las cortes Suprema y Constitucional

Reciente fallo de la Corte Constitucional tiene fracturadas las relaciones entre ambas corporaciones.

Si la invariable controversia por la aplicación de tutelas contra sentencias judiciales ha venido erosionado con el tiempo las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, la reciente sentencia de esta última, en la que insta al Congreso para que reglamente una ley de la República que separe las funciones de investigación y juzgamiento en la Corte Suprema, parece haberles dado el golpe de gracia a los ya maltrechos canales diplomáticos entre ambas corporaciones judiciales.

El trascendental fallo de la Corte Constitucional encendió la polémica desde el mismo instante en que fue dado a conocer a la opinión pública por su presidente, el magistrado Humberto Sierra Porto. El vocero manifestó hace una semana que la decisión se tomó teniendo en cuenta tratados y convenios internacionales que consagran el derecho a que toda persona pueda ser procesada por un juez independiente e imparcial, y en el entendido de que no puede existir un juicio justo para los congresistas si los magistrados que los acusan son los mismos magistrados que los juzgan.

En otras palabras, la Corte Constitucional determinó que la única forma de evitar la parcialización en cualquier expediente es que un organismo independiente investigue y otro distinto juzgue. De lo contrario (es decir, lo que pasa hoy con los procesos de la parapolítica y la yidispolítica, que son instruidos y calificados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia), podría derivar en “un apego a preconceptos” que, eventualmente, rayaría en arbitrariedades. Sin embargo, la Corte Constitucional acordó que los únicos beneficiarios de esta sentencia serán los parlamentarios que puedan verse involucrados en delitos cometidos después del 29 de mayo de 2008.

Pero, ¿realmente la Corte Constitucional blindó los procesos que durante los últimos dos años ha venido adelantando la Corte Suprema para desentrañar la infiltración de grupos ilegales en la política? Desde la semana pasada, cuando se oficializó a través de un comunicado el contenido y los alcances esenciales de esta sentencia, varios abogados de los parapolíticos empezaron a afinar estrategias jurídicas en dos direcciones: la primera, que sus apoderados puedan acceder, bajo el principio de favorabilidad, a esta nueva forma de juzgamiento; y la segunda, visibilizar ante las cortes internacionales lo que para ellos ha constituido desde el principio una flagrante violación al debido proceso.

Intimidades del fallo

Desde el 28 de mayo pasado —día en que la Corte Constitucional discutió y aprobó este controvertido fallo—, en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia se vivía un ambiente de tranquilidad parcial. Algunos magistrados estaban enterados de que a la Corte Constitucional habían llegado varias demandas en contra de la metodología que durante años ha venido aplicando la Corte Suprema al momento de procesar a miembros del Parlamento. “Pero estábamos tranquilos porque hemos sido garantistas y porque en nuestras competencias legales hemos adoptado las decisiones que corresponden”, le dijo a El Espectador un magistrado de ese alto tribunal.


Ese miércoles, siete magistrados de la Corte Constitucional (faltaron Manuel José Cepeda y Mauricio González), en reunión de Sala Plena, evacuaron con rapidez una veintena de demandas. A las 4 de la tarde, sin embargo, se enfrascaron en una discusión hasta casi la medianoche por cuenta de una ponencia del magistrado Nilson Pinilla que sostenía que no había irregularidad alguna en el hecho de que a la Corte Suprema de Justicia le hubiese correspondido la función de investigar y juzgar al mismo tiempo a los congresistas. Entonces fue Troya.

Los magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy y Jaime Córdoba Triviño coincidieron en una tesis común: que los mismos magistrados de una sola corporación investigaran y juzgaran, era una abierta violación al debido proceso. En otras palabras, les dieron la razón a los reclamos de los defensores de los parapolíticos —y de algunos ex congresistas salpicados por el proceso 8.000—, que sostienen a pie juntillas que no puede haber un juicio justo cuando los miembros de una corporación que instruyen un expediente son los mismos que toman la decisión final.

El asunto fue subiendo de calibre con el paso de la discusión. Algún magistrado se atrevió a decir, anticipando la molestia que podría causarle a la Corte Suprema de Justicia esta sentencia, que ese alto tribunal no tendría motivos para incomodarse con la decisión y que, por el contrario, debería bendecirla. La razón: se le hizo un ‘favor’ a la Corte Suprema porque, según su tesis, en tribunales internacionales todos los procesos que adelanta se caerían debido a que, precisamente, la Corte no tiene una separación expresa en sus competencias de investigar y juzgar.

Otro magistrado recordó en el debate que hace un par de años, durante una discusión en el Congreso de un proyecto de ley que buscaba ‘regular’ la tutela contra providencias judiciales, se presentó un incidente particular. Según su relato, el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Fiscalía apoyaban esta iniciativa y varios de sus integrantes hicieron lobby en el Parlamento con una propuesta concreta: el Consejo de Estado habría pactado modificar la forma de la pérdida de investidura de los congresistas y la Corte habría planteado la posibilidad de aceptar que se reglamentara una segunda instancia.

El proyecto se hundió entonces, prosiguió el magistrado, por los roces que empezaron a tener la Corte Suprema y el Ejecutivo por cuenta de la reelección presidencial. Sin embargo, explicó, si la Corte Suprema estuvo dispuesta en un momento a permitir una doble instancia, no debería molestarse con este fallo que ni siquiera la reglamenta, sino que le pide al Congreso que delimite las funciones de investigación y juzgamiento en la Sala Penal de la Corte. Para blindar que los procesos de la parapolítica no fueran a tambalear, el magistrado Nilson Pinilla propuso que los alcances de esta sentencia fueran aplicados a delitos cometidos con posterioridad al 29 de mayo.

En ese momento se ventiló la posibilidad de que pudiera aplicarse la retroactividad a la sentencia, con lo que, sin duda, se les habría dado una estocada definitiva a los expedientes que adelanta la Corte Suprema. Pinilla —quien fue primero magistrado de la Suprema— sostuvo que había que regular esa eventualidad en el fallo para evitar que pudiera aprovecharse una interpretación que terminara por favorecer a los parapolíticos. Y así se decidió. Pero, además, se tocó tangencialmente el tema de la segunda instancia.

Uno de los magistrados, incluso, aventuró la tesis de que, después de la promulgación del acto legislativo que implementó el Sistema Penal Acusatorio, las competencias de la Corte Suprema también habían sido modificadas y, en consecuencia, quien debería investigar a los congresistas sería la Fiscalía y quien debería juzgarlos sería la Corte Suprema. Su posición fue derrotada. El magistrado Humberto Sierra dejó constancia de sus reparos a la sentencia, aseguró que ésta derivaría en un limbo jurídico de insospechados alcances y se apartó de la mayoría.


Patada al hígado

Una vez enterados del fallo, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia manifestaron su profundo malestar. “Ahora resulta que nosotros somos los violadores de los derechos humanos. Qué tal, pasamos de investigadores a verdugos”, aseguró un magistrado consultado por El Espectador. Y recordó que “era una zancadilla” que se veía venir para frenar procesos tan neurálgicos para el país como los de la parapolítica, farcpolítica y yidispolítica. Por último, indicó que veía con profunda preocupación la declaración de un magistrado de la Corte Constitucional que, según la revista Semana, habría reconocido que vía tutela se les aplicaría el principio de favorabilidad a muchos procesados por la Corte Suprema.

“Ellos están conscientes de los alcances de esa sentencia”, manifestó, “y la prueba es que uno de sus magistrados lo reconoció”. Desde hace una semana los magistrados de la Corte Suprema se han venido reuniendo con el fin de encontrarle una salida jurídica para conjurar este amago de crisis. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de rechazo a la sentencia de la Corte Constitucional, aunque en voz baja se escuchan críticas irritadas hacia esa corporación. El presidente de la Corte Suprema, magistrado Francisco Javier Ricaurte está fuera del país adelantando gestiones propias de su cargo.

El Espectador conoció, no obstante, que pese a su ausencia, un agrio debate ha sido el protagonista en los últimos días en la Sala Plena de la Corte Suprema. Ayer se discutió incluso una propuesta para que, por ahora, y con el ánimo de resolver el escollo jurídico, la misma Corte modifique su reglamento interno. La iniciativa es concreta: que un magistrado adelante la investigación y que los ocho restantes de la Sala Penal participen en el juicio. También se polemizó en torno a la viabilidad de dividir la Sala Penal entre instructores y juzgadores.

El panorama es de incertidumbre para la Corte Suprema. La Corte Constitucional asegura que no tiene por qué afectarse ninguna investigación judicial. Los abogados de los parapolíticos ya fijan estrategias para enfilar baterías en contra de la Corte Suprema. A los congresistas procesados por ésta les revivieron las esperanzas. Y hay un escenario probable que podría empeorar la situación: la ola de tutelas que se vendrían por este asunto y que deberán ser resueltas por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, una corporación que hoy por hoy tiene dos de sus siete magistrados en la interinidad y que antes de agosto será reemplazada en su totalidad por nuevos magistrados.